Más allá de las dudas de diversa índole que pueda plantearles el plan de seguridad anunciado por la administración de Néstor Kirchner, los gobiernos provinciales tienen una preocupación central: saber de dónde saldrá la plata para llevarlo a la práctica. La inquietud quedó planteada ayer en la reunión de Consejo de Seguridad Interior. El ministro del área, Gustavo Beliz, trató de tranquilizar a sus colegas de provincia y les aseguró que los recursos surgirán de los bolsillos de la Nación, aunque no todos quedaron conformes con sus explicaciones: “Me voy con muchas preocupaciones”, declaró el cordobés Carlos Alessandri. “La política de seguridad requiere de estadistas y no de politiqueros baratos”, replicó Beliz.
El Consejo de Seguridad Interior reúne a los responsables del área nacionales y provinciales y su función es la de coordinar las políticas que en la materia se implementan en cada distrito. En lo que va del gobierno de Kirchner, el cuerpo ya se había reunido en tres oportunidades. La reunión de ayer se celebró como parte de la ronda de consultas en torno del Plan Estratégico de Seguridad que el Presidente le ordenó realizar a Beliz.
La inquietud de los gobiernos provinciales en torno de cómo se financiará la puesta en marcha del plan radica en la posibilidad de que para hacerlo se les terminen recortando parte de los recursos que reciben en concepto de coparticipación federal. Es que, además, hay jurisdicciones como Córdoba que consideran que las medidas anunciadas por Beliz tienen un “tono localista” y su aplicación pasa fundamentalmente por la ciudad y la provincia de Buenos Aires.
El propio gobernador José Manuel de la Sota ya había deslizado críticas en ese sentido y la posición de Córdoba al respecto volvió a quedar reflejada en los planteos que Alessandri realizó en el seno del Consejo, así como en las declaraciones que formuló luego a la prensa y que merecieron una dura réplica de parte de Beliz. Para rebatir ese cuestionamiento, el ministro aclaró también que “las ocho cárceles (que contempla el plan) se construirán no en la Capital sino en distintos puntos del país y los 6000 hombres de las fuerzas federales no estarán alrededor de la Plaza de Mayo, sino diseminados en todo el país”.
Al margen de ese contrapunto y de objeciones que también hicieron Santa Fe, Neuquén y Mendoza, entre otras provincias, Beliz aseguró que los funcionarios provinciales “más que resistencias, pidieron precisiones”. A Beliz lo acompañaron en la reunión –de la que participaron también jefes de fuerzas policiales y de seguridad– el secretario de Seguridad, Norberto Quantín; y el subsecretario del área, José María Campagnoli. La ausencia más notoria entre los ministros provinciales fue la del bonaerense León Arslanian, quien envió a su segundo, Martín Arias Duval.
Aun cuando afirmó que la implementación del plan será financiada con recursos nacionales, Beliz trató de comprometer a las provincias. Puertas adentro del Consejo, invitó a los ministros provinciales a incrementar la inversión en seguridad y ante la prensa dijo después: “Cada gobierno provincial tendrá que dar cuenta ante su comunidad qué hace con el excedente fiscal que la Nación remite a través de la coparticipación”.
Beliz también trató de tranquilizar a los representantes provinciales frente a otra inquietud que le plantearon, pero utilizó la misma fórmula que en la cuestión del financiamiento del plan. “A las provincias que no quieren que se les envíen efectivos federales, no los vamos a mandar, pero después tendrán que dar explicaciones de por qué no aceptaron la colaboración.”
Durante el encuentro con sus colegas provinciales, Beliz también les dio precisiones sobre cómo va a funcionar la futura Agencia Federal de Investigaciones. También les comentó su idea de establecer un estándar de transparencia para todas las policías del país y de un protocolo único de actuación en caso de secuestros extorsivos.