Los muertos por la trágica crecida del río Salado no serían 23, como indica el listado oficial. Ayer, la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe denunció ante la Justicia que otras 44 personas fallecieron por “secuelas de la inundación”, desde los primeros días de la catástrofe hasta varios meses después. Entre ellas figura un hombre de 72 años que sufrió un infarto el mismo 29 de abril tras intentar llegar a su casa anegada donde había quedado su esposa. También tres santafesinos que quedaron con una profunda depresión por las pérdidas sufridas y terminaron suicidándose: una era una adolescente de 19 años (ver aparte). No son las únicas víctimas que no han sido registradas por el gobierno provincial: centenares y centenares de inundados quedaron con secuelas psicológicas graves, que van desde ataques de pánico hasta la pérdida de la memoria. Según contó a Página/12 José Mustafá, de una ONG que agrupa a los empresarios afectados, llevan contabilizados al menos 17 casos de brotes psicóticos; él, incluso, padeció uno. Las marcas indelebles del agua también quedaron en los más chicos: “Tienen terrores nocturnos, les cuesta prestar atención en clase y sienten pánico cada vez que llueve”, reveló Mercedes Martorel, directora de la Escuela de Psicología Social Pichon Rivière de Santa Fe, cuyos profesionales están trabajando ad honorem en los barrios para dar contención a la población, otro costado de la tragedia del que se desentendió el gobierno de Jorge Obeid.
“Cada vez que llueve siento pánico, un pánico terrible. La semana pasada que llovió bastante me agarró una crisis nerviosa”, contó a Página/12 Graciela Ledesma. Tiene 43 años. Un año atrás, el agua del Salado llegó a los 2 metros noventa en la casa que compartía con su marido, José Félix Leguiza, en el barrio Mosconi, a dos cuadras del nuevo Hospital de Niños que quedó sepultado por la correntada. “Salimos con lo puesto”, recordó acongojada. Como tantos otros, perdieron todo. También sus dos hijos, de 25 y 29 años, cada cual con su familia, y sus padres y sus suegros. Todos se inundaron. “José entró en un estado depresivo, no quería luchar. Decía que había perdido todos los años de sacrificio que había hecho para tener nuestra casa. No quería saber nada, lloraba y no paraba de llorar. Si tuviéramos un sueldo, me decía, podríamos sacar un crédito y así ir comprando las cosas de a poco. Pero él hacía changas como chofer de taxi y yo soy empleada doméstica. No quería ir al médico, no quería vivir, no podía soportar tanta pérdida, lloraba y lloraba, así hasta el último día.” El 1º de setiembre de 2003, cuatro meses después de la voraz crecida del Salado, José Félix Leguiza se ahorcó en la casa que estaban alquilando, porque a la suya todavía no habían podido volver. A su esposa le dejó una nota en la que le explicaba que estaba “cansado de sufrir”. La muerte de José es una de las 44 denunciadas ayer ante el fiscal de instrucción Roberto Favare- tto como “homicidios culposos” y de las que se responsabiliza al gobierno de la provincia. “Nadie nunca nos preguntó cómo estábamos, si necesitábamos algo”, se quejó su viuda.
El listado con los fallecidos no computados oficialmente fue confeccionado por la Casa de los Derechos Humanos, que agrupa a varias organizaciones humanitarias de Santa Fe. Fue hecho sobre la base de las denuncias recibidas en Empresas Afectadas, la ONG que encabeza José Mustafá. Desde la Casa de DD.HH. se relevó cada caso, casa por casa, para comprobar su veracidad. En el documento que se adjuntó a la presentación judicial –donde figura también un desaparecido–, la entidad social expresó que hubo vidas “que se perdieron no sólo por efecto inmediato de la inundación sino en los días y meses posteriores, como consecuencia de diversas secuelas físicas y psíquicas”. Entre las causas de muerte mencionadas por los denunciantes se cuentan infartos, depresión, neumonía, pancreatitis, insuficiencia cardiorrespiratoria, edema pulmonar, infección pulmonar, infección urinaria y aneurisma.
Luisa Guadalupe Ochoa, madre de María Elena Schafer, falleció el 30 de abril de 2003. Sufrió un infarto. Dos días antes había dejado su casa enel barrio Barranquitas con el agua hasta la cintura. Después llegó al techo. “Salimos prácticamente con lo puesto. Llegamos a agarrar los documentos y las mochilas de la escuela de mis hijas”, recordó María Elena. Ella, su esposo, su hermano de 33 años, sus tres hijas pequeñas y su madre quedaron evacuados en la Escuela Falucho Nº 18, donde doña Luisa era portera y María Elena docente. “Tenía 56 años y ningún antecedente cardíaco. Durante la noche del 29 de abril la escuché llorar. Llegaba la gente a la escuela, mamás que no encontraban a sus hijos, todos desesperados, y ella estaba muy afectada. A las 5 de la tarde del 30 sufrió un infarto. Murió al ratito de llegar al centro de salud”, relató su hija a Página/12. Es otro de los casos denunciados ayer. María Elena, de 41 años, también sufre secuelas. Está desde junio con tratamiento psiquiátrico porque tiene ataques de pánico. “Perdimos todo”, contó. Pudo volver a su casa al mes. “Todo estaba tapado por el barro. Todo era desolación, destrucción, sacar y tirar y tirar. Lo que más me afectó fue rescatar de entre la mugre los recuerdos de mi madre, su ropa, sus fotos descoloridas. Fue muy, muy duro”, describió.
Los ataques de pánico se repiten entre gran cantidad de inundados. José Mustafá, titular de Empresas Afectadas, es uno de los que los padece. Como tantos dueños de pymes, el agua voraz lo dejó en la ruina: “Perdí 2,7 millones de pesos más IVA y mi salud”, contó a este diario. Durante la crecida sufrió, incluso, un brote psicótico. Hoy está bajo tratamiento psiquiátrico. “A mí me salvó el hecho de poder comprar los medicamentos, pero hay mucha gente en los barrios más pobres que no puede y nadie se está ocupando de su salud mental”, denunció Mustafá. Su empresa de software, ubicada en el barrio San Lorenzo, quedó bajo 3 metros veinte de agua.
El gobierno provincial se desentendió del problema psíquico que dejó la inundación. Recién el lunes anunció que contrató 15 psicólogos, pero no dio cuenta de ningún plan elaborado para enfrentar semejante emergencia. Mercedes Martorel dirige la Escuela de Psicología Social de Santa Fe, que junto con la de Rosario está brindando contención en barrios afectados, fundamentalmente en el Santa Rosa de Lima. “La gente siente enorme tristeza, sufre depresión, ataques de pánico. Tiene, además, muy afectada la memoria, etapas enteras de su vida que las ha borrado, ha sufrido más que un shock emocional. Los objetos perdidos son el soporte de la identidad: la pérdida más grande no fue económica sino la afectiva. Como el Estado no acepta su responsabilidad en el daño causado, la gente se sigue sintiendo dañada. También tiene dañada la confianza, porque les dijeron que no se iban a inundar y por eso no pudieron salvar sus cosas”, contó Martorel. Lamentablemente, los chicos no quedaron exentos: “Tienen dificultades para comprender lo que pasó. Cada vez que llueve piensan que se van a inundar de nuevo, tiene miedo, pesadillas nocturnas, y problemas de concentración en clase”, detalló.