La Cámara Federal en pleno firmó ayer un pronunciamiento que cuestiona el proyecto oficial que pretende unificar los fueros penales porteños para licuar el poder de los jueces federales. Entre ofendidos y preocupados, los cinco miembros del tribunal advirtieron que el Plan Estratégico del Ministerio de Justicia es “inconstitucional”. Ante sospechas de ineptitud o corrupción de los magistrados, acotaron, existe el “mecanismo constitucional de juicio político”. Las deficiencias en la investigación penal, sostuvieron, no se corrigen juntando 82 juzgados, sino con una “más eficiente actividad” de las fuerzas de seguridad “dependientes del Poder Ejecutivo”. Propusieron, a la vez, una reforma procesal que otorgue más participación a los fiscales. Gustavo Beliz replicó: “Lo que resulta inconstitucional en la Argentina es la impunidad”.
Es la primera vez que la Cámara Federal firma una acordada alertando a un gobierno sobre “errores e inexactitudes” en un proyecto de reforma.
El texto que transmite esa advertencia lleva la firma de Martín Irurzun, Horacio Cattani, Eduardo Luraschi, Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani. “Es la primera vez –replican en voz baja– que el Ejecutivo agravia el sentido común jurídico.”
Los camaristas quedaron descolocados la semana pasada cuando escucharon la catarata de anuncios del Gobierno: los irritó que no los consultaran como ocurrió otras veces (en 1992, por ejemplo), se sintieron tratados como corruptos y decidieron, aunque nadie se los hubiera pedido, dar su palabra. “Si no, el que calla otorga”, se defienden. Se cuidaron de cargar las tintas sobre Beliz, más que sobre el presidente Néstor Kirchner, porque en secreto atribuyen el Plan Estratégico en danza a “un sector de derecha” del Ministerio de Justicia.
“La unificación de fueros no apareja los beneficios que se pretende y, por el contrario, podría redundar en futuras dificultades”, dice el documento. El comentario no sólo alude a que los tribunales, creen ellos, no serán más eficientes. Suponen que extender a 82 jueces la facultad de investigar a funcionarios públicos dispersará también la posibilidad de monitorear cómo manejan las causas. En rigor, el plan del Gobierno es eliminar las fronteras entre la Justicia Penal ordinaria nacional, la Justicia Federal y la Justicia en lo Penal Económico.
Las objeciones de los camaristas son básicamente tres:
- Dicen que “es una falacia” que no haya impedimentos constitucionales para la reforma que impulsa la cartera de Beliz. La Nación, argumentan, avanza sobre facultades que no le corresponden desde la reforma de la Constitución de 1994 que le dio autonomía a la ciudad de Buenos Aires y con eso una Justicia propia que aplica el derecho común. En los tribunales penales porteños, deducen estos jueces, todos los delitos pasarán a ser federales. Eliminar la diferenciación entre tribunales ordinarios y tribunales federales, fundamentan, viola “la garantía de igualdad ante la ley” para los habitantes de Buenos Aires. En las provincias, subrayan, la distinción se mantiene.
- No se ganará “celeridad y economía procesal”, dicen los cinco jueces de Cámara. A criterio de ellos “las deficiencias en el sistema (...) se relacionan con problemas de prevención e investigación”. Actualmente, describen, “los jueces de instrucción asumen la doble función de dirigir las investigaciones que realizan las fuerzas de seguridad y decidir sobre su corrección”. Los juicios orales, agregan, “se ven condicionados por lo que ocurra en la etapa de instrucción”.
Para ellos el problema de fondo no se resuelve por acumulación de jurisdicciones y funciones, sino “con una mejor distribución de recursos en el ámbito judicial”. Para eso, sugieren, haría falta una reforma del sistema procesal “con participación más activa y definida” de las fiscalías y con “la creación de una policía judicial especializada en la resolución de casos complejos y en el mantenimiento de una defensairrestricta de los derechos y garantías”. Es lo que se conoce como sistema acusatorio. Sugieren, como modelo a adoptar, una propuesta reciente de reforma del Código Procesal presentada por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).
El texto enfatiza que el problema no se centra en la Justicia exclusivamente: “El éxito de las investigaciones en el ámbito penal está vinculado en forma directa con la más eficiente actividad de las agencias dependientes del Poder Ejecutivo” (en alusión a las fuerzas de seguridad).
- El documento advierte otras consecuencias de unificar la actividad de los juzgados y de las cámaras. “No parece que una solución razonable resulte la tácita y hasta si se quiere contradictoria confirmación de esos mismos jueces en sus cargos, y la disolución de su responsabilidad entre más de un centenar de magistrados de primera y segunda instancia”, dicen los miembros de las Salas I y II de la Cámara Federal.
La acordada de ayer termina con un desafío al Ministerio de Justicia: si tiene cuestionamientos a la “aptitud o transparencia” de ciertos jueces, “existen mecanismos constitucionales” como el juicio político. Recuerda que incluso ellos, como camaristas, promovieron denuncias frente a irregularidades, como en el caso de los jueces Juan José Galeano y Claudio Bonadío. Cuestionan a la cartera judicial por hacer “una crítica imprecisa y general a la actuación de la Justicia Federal de la Capital Federal, cuando no, una falsa generación en el ánimo de la comunidad de una irreal sensación de desamparo”.