EL PAíS
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Otras voces
- Ricardo Gil Lavedra, constitucionalista, ex ministro de Justicia: “En primer lugar, me parece bastante dudosa la competencia de la Cámara Federal para emitir declaraciones de este tipo porque la ley no parece atribuirle facultades legales para opinar de este modo. Como órgano no puede opinar. Respecto del fondo que motiva este rechazo planteado tengo una opinión concordante con la postura del tribunal. Entiendo que la unificación o la federalización de la Justicia Penal de la Capital es una medida que no contribuye en nada al proyecto de autonomía de la ciudad, con una Justicia propia. No creo que esta unificación traiga ventajas en cuanto al trámite de causas, y considero además que se pierde lo que significa la especialización de fueros en lo que respecta a distintas materias, como puede ser el tema económico. Y la objeción sustancial que puede hacerse es que no apunta a la raíz del problema, que es modificar el sistema de enjuiciamiento actualmente vigente en el fuero federal, que privilegia el sumario sobre el juicio, y no avanza hacia un sistema acusatorio”.
- Andrés D’Alessio, ex camarista del Juicio a las Juntas: “El proyecto de unificación de los fueros que intenta llevar adelante el Gobierno no es inconstitucional. Lo que ocurre es que, históricamente, cada vez que se quiere hacer una movida como ésta a todo el mundo lo invade una cierta cuota de inseguridad. No conozco en profundidad esta presentación de rechazo que formuló la Cámara, pero podría decir que hubo reacciones similares cuando se quiso unificar el fuero civil y comercial, de manera que no es de extrañar una reacción de este tipo. Pero en términos legales, el proyecto no es de ningún modo inconstitucional, porque todos los jueces de la Capital –y por eso son jueces nacionales–, tienen el mismo carácter. Me parece que esta postura de la Cámara no es más que una muestra de resistencia al cambio, aunque lógicamente este tribunal está habilitado para expresar opiniones, y esto ha sido tradicional. Sobre el punto de discusión, si va a dar buen o mal resultado esta iniciativa de unificación de los fueros, no puedo decirlo, porque es complicado arriesgar una opinión en un sentido o en el otro frente al panorama actual. Pero creo que es una forma que ha buscado resolver un poco la situación de los juzgados federales en lo criminal que todos sabíamos que traían una impronta muy desgraciada desde hace mucho tiempo”.
- Daniel Sabsay, abogado constitucionalista: “La utilización del elemento de acordada ha sido tan desnaturalizado, que ya se usa para todo. La Corte la utilizó para que no hubiera declaraciones juradas y para no pagar los impuestos. Pero esta expresión de la Cámara no tiene ningún efecto jurídico, porque el poder que tiene facultades para decidir si existe o no inconvenientes es el Legislativo, que es quien dicta las leyes de organización y funcionamiento de la Justicia. Todos los proyectos de reorganización de la Justicia tienen ventajas e inconvenientes, y esto es más viejo que el mundo. Pero a mí me parece que este tipo de actitudes como la de la Cámara, por lo menos exorbitante, no creo que sea un canal positivo para expresarse. Yo creo que las asociaciones de magistrados y la opinión de los jueces deben hacerse oír en el momento en que se empieza a debatir en el Congreso, dentro de un proceso ordenado en el marco de un trámite legislativo con participación de los sectores involucrados. Pero que las cámaras utilicen las acordadas para hacer leyendas corporativas de intereses o estados de ánimos no tiene sustento jurídico y no contribuye a la solución de los problemas. Es una sobreactuación que no permite una exposición razonada y de debate. Mi punto de vista frente al proyecto del Gobierno, en principio coincide con lo relacionado a ampliar mucho más los jueces competentes en los delitos contra la administración pública. Porque que se concentre todo el control de la administración públicas en diez jueces que ya vimos cómo se designaron, cómo se manejaron y en que derivó eso, debe encontrar una solución”.
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