Cuando el subte estuvo por avanzar, Andrés Fonte se acostó en las vías. En la oscuridad del túnel escuchó que otros de sus compañeros saltaban detrás de él. Sintió también el frío del riel en la nuca y, desde allí abajo, le pareció ver dentro de la cabina el gesto de disgusto del maquinista, que abandonó el tren con un insulto. Era la mañana del sábado 3 de abril y así se garantizaba el segundo día de un paro que se extendería hasta el lunes siguiente. En otras líneas, otros trabajadores hacían lo mismo cada vez que una formación trataba de salir o, tras discusiones, decidían sentarse en los bordes de los andenes, buscando dificultar el encuadre legal de su medida.
La protesta tenía dos destinatarios. Era un reclamo a Metrovías, pero además una pulseada con la conducción del sindicato, la UTA, que había firmado con la empresa un acuerdo que los trabajadores no reconocieron y que finalmente fue anulado con la huelga, para ser reemplazado por otro con mejores condiciones. Para muchos observadores, hechos como éste son muestra de una nueva conflictividad sindical. “Volvió a haber actividad gremial –dicen–, hoy no hay sector del trabajo que no esté en reclamo, todos tienen su pliego de reivindicaciones.” De la mano de los nuevos conflictos aparece un segundo fenómeno, de peleas intersindicales cada vez más intensas, con cuestionamientos de representación.
Sueldos
La mayor actividad sindical está centrada en la pelea por el salario, una discusión que durante los últimos 13 años prácticamente había desaparecido de la escena argentina. En gran medida, porque la desocupación funcionó como un gran disciplinador. A partir de los ‘90, cualquier reclamo gremial tuvo como riesgo el despido. Pero también hubo otras condiciones, como la convertibilidad –ya que la discusión colectiva de salarios se da en tiempos de inflación– y a factores más ligados a lo cultural, al hecho de que mucha gente compró el modelo de la flexibilización laboral.
En el Ministerio de Trabajo dicen que esa etapa terminó a mediados del 2003. “Las negociaciones colectivas tomaron nuevas características, con la cuestión salarial como tema principal. De 69 convenios firmados desde junio del año pasado, 60 discutieron temas vinculados con los sueldos, lo que representa un 87 por ciento del total de las negociaciones”, dijo a Página/12 Marta Novic, subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales.
Para la funcionaria, esta reactivación de la vida sindical no debe pensarse como una cuestión autónoma. “La incorporación de los 224 pesos de aumento de los decretos al sueldo básico fue un estímulo fuerte, porque en muchos casos los adicionales se calculan sobre el básico de convenio. Eso obligó a empresas y sindicatos a sentarse a renegociar condiciones.”
En algunos lugares potenció los conflictos. Un ejemplo que ilustra cómo funciona este mecanismo –en este caso sin final feliz– es lo ocurrido en el frigorífico Paty. “Cuando se anunciaron los 200 pesos de aumento remunerativo nosotros discutimos con la empresa que si era así, no sólo iban a tener que aumentar los 200 pesos del básico, sino también nos iban a tener que poner parte de los adicionales”, contó el delegado David Soria.
“¿Qué quieren, el doble de aumento?”, les planteó la empresa. Como medida de presión, los empleados dejaron de hacer horas extras. “Paty nos respondió con un cambio masivo de horarios y nosotros comenzamos a hacer asambleas informativas, que eran huelgas de hecho. La empresa tomó personal temporario. Terminamos en paro.” El viernes, sin que los aumentos se hayan trasladado a los adicionales, se produjo el primer despido. ¿Quiénes consiguieron aumentos? Los trabajadores de los sectores más dinámicos de esta etapa, petroleros, metalúrgicos, la alimentación, el transporte de cargas, la construcción.
Según los datos de la cartera de Trabajo, un importante porcentaje obtuvo incrementos superiores al básico de convenio. Comparando los salarios actuales con los de noviembre del 2002, el sueldo promedio de los trabajadores plásticos pasó de 665 a 1000 pesos, el de los madereros de 451 a 611, el de la construcción de 500 a 672 y de la alimentación de 661 a 1004 pesos.
La pelea por los salarios, de todas formas, arranca de un piso muy bajo. En la Argentina el 70 por ciento de los trabajadores que están en blanco gana menos de 840 pesos. Y hoy el contexto es, en muchos sentidos, más difícil que trece años atrás. Apenas el 8 por ciento de las empresas de servicios y del sector productivo son de capital nacional, lo que implica que las decisiones laborales se toman a miles de kilómetros de distancia.
Patotas
El sábado 24 de abril, cuando la CTA se aprestaba a crear la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte, una patota de la Unión Tranviarios Automotor (CGT Rebelde) desembarcó en el acto de lanzamiento y mandó al hospital a varios referentes gremiales, entre ellos el diputado socialista Ariel Basteiro.
El episodio, por el que este lunes los agredidos presentarán una denuncia penal contra la UTA, no es el único ejemplo de la intensidad de los conflictos intersindicales.
El mes pasado, cuando el titular de la CGT oficial Rodolfo Daer convocó a un congreso extraordinario para reformar el estatuto de su gremio, el de la alimentación, trabajadores de distintas comisiones internas de fábricas (Terrabusi, Stani, Pepsico) rodearon el edificio e impidieron el ingreso de buena parte de los gordos. La reforma propuesta por ellos buscaba limitar a las comisiones internas y debilitar el peso de las grandes fábricas, donde la oposición a Daer es más fuerte.
En el caso de los subtes, la puja está entre un cuerpo de delegados donde conviven militantes de izquierda e independientes contra el moyanista Ricardo Guarachi. “La UTA no representa a nadie acá abajo”, asegura Fonte, para quien el cuerpo de delegados saca su fuerza de sus métodos, como la realización de asambleas.
En el centro de esos cuestionamientos, los gordos no están haciendo mucho por mejorar su vínculo con la gente. Daer solucionó el problema de la desafiliación masiva que sufrió su gremio, incluyendo en el último Convenio Colectivo de Trabajo una cláusula por la cual los no afiliados fueron obligados a aportar el 2 por ciento de su sueldo al sindicato. El “aporte solidario” no les da derecho a usar la obra social, sólo a usar el convenio. Otro tanto hizo el titular de la Federación de Comercio, Armando Cavalieri.
¿Hay en estos nuevos tiempos nuevos métodos de lucha? En parte. La jornada de los estatales de ATE del miércoles pasado acudió a las herramientas tradicionales: un paro con una marcha al Ministerio de Economía. Sin embargo, las modalidades de la protesta social se van filtrando al mundo del trabajo. Para el abogado laboralista Héctor García hay una tendencia, que se expresó en medidas como el boicot de los actores, que denunciaron la baja producción de programas de ficción en TV y sacaron el problema a la calle con una campaña que juntó firmas. “Los actores le piden un autógrafo al público”, fue la propuesta. Y dio resultados, porque desde entonces la televisión produjo más ficción.
Este año, los bancarios han realizado escraches a los bancos, una medida que apunta, más que a perjudicar la productividad, a lesionar la imagen de las empresas frente a sus clientes. Otro método de protesta en ascenso son los bloqueos. Los hay muy seguido a las boleterías de los trenes (con lo cual no se para el transporte, sino que se afecta la recaudación) y, en una vuelta de tuerca del piquete tradicional, se están viendo bloqueos a fábricas en los que, para defender derechos de los trabajadores, participan organizaciones de desocupados.
Lo mismo en edificios públicos. El bloqueo que los piqueteros hicieron a Trabajo, que tanto escándalo mediático causó en el verano, fue repetido hace menos de un mes por los camioneros, sin que nadie lo viviera como una humillación a la dignidad ministerial.