Dirigentes de la comunidad judía norteamericana evaluaron durante los últimos dos meses la posibilidad de plantearle a Néstor Kirchner su preocupación por la situación en la que se encuentra el detenido ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja. Desde Buenos Aires, seguidores de Beraja les plantearon a los dirigentes norteamericanos que el ex titular de la DAIA es víctima de un caso de persecución política y racial, por lo que hubo numerosas consultas para conocer la causa judicial por la que Beraja está imputado como jefe de una asociación ilícita que estafó al Estado y a centenares de ahorristas prestándoles dinero y realizando operaciones más que dudosas con integrantes de su entorno. En principio, el American Jewish Committee (AJC), que premiará a Kirchner el jueves, habría evaluado la situación de Beraja como una cuestión estrictamente judicial y no como una persecución, por lo cual no tocará el tema. Habrá que ver si la otra organización, el Congreso Judío Mundial (CJM), que tuvo a Beraja como vicepresidente, realiza algún planteo. Por lo pronto, la Cámara Federal emitiría un fallo sobre el caso Banco Mayo este mismo mes y resolverá si Beraja sigue o no preso.
El AJC es el convocante de la cena que se realizará el jueves en Washington con la asistencia de unas 1600 personas. Kirchner y el ministro de Seguridad de Francia, Jean François Capé, serán los principales invitados, aunque existe alguna posibilidad de que se haga presente el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell. El AJC distinguirá a Kirchner por haber abierto los archivos secretos referidos a la llegada al país de jerarcas nazis a mediados del siglo pasado y también por haber permitido que declaren, por primera vez en la historia, agentes y funcionarios de la SIDE en el juicio por el atentado contra la AMIA.
De cara al encuentro con Kirch-ner, desde Nueva York y Washington en marzo y abril, hubo numerosas consultas sobre la detención de Beraja, quien fuera el más notorio dirigente de la comunidad judía durante la década de los ’90. Invariablemente la pregunta fue la misma: “Hemos recibido una denuncia de personalidades cercanas a Beraja, quienes nos manifiestan que su detención tiene como objeto principal exhibir a un dirigente judío preso. Nos dicen que se trata de un caso de discriminación y persecución religiosa. ¿Puede usted darnos su opinión?”. La consulta de los dirigentes norteamericanos fue trasladada a numerosos referentes de la comunidad judía argentina.
En verdad, el antecedente más notorio de una gestión de ese tipo fue lo realizado por un grupo de dirigentes y rabinos de la comunidad sefaradí, quienes pidieron una audiencia a la Cámara Federal, el tribunal encargado de tomar la decisión más importante en el caso Mayo. Los dirigentes sefaradíes sostuvieron que les constaba la actividad social realizada por Beraja, aunque se introdujeron en la cuestión legal señalando que consideraban a Beraja incapaz de armar una asociación ilícita. La Cámara resolverá este mes si confirma o revoca la prisión dictada por el juez Norberto Oyarbide tanto contra Beraja como contra el empresario Salomón Cheb Tarrab, imputado este último de estar combinado con Beraja para la realización de las maniobras destinadas a apropiarse del dinero del Estado y los ahorristas. La mayoría de los consultados desde Estados Unidos contestaron que no ven anormalidades en el proceso judicial, por lo que el AJC no tocará el tema con Kirchner. Queda la duda si habrá algún tipo de gestión de la otra entidad, el CJM.
El propio Beraja sostuvo en su momento que el Banco Mayo fue llevado a la liquidación porque el ex presidente del Central, Pedro Pou, quería deshacerse de los llamados “bancos étnicos”. No obstante, en su fallo el juez Oyarbide enumera una serie de maniobras. Por ejemplo, menciona que los directivos del Mayo utilizaron parte de los 298 millones de dólares que les dio el Banco Central para sobrevivir para comprarle a una empresa de un concuñado de Beraja 1200 semanas de un tiempo compartido en Punta del Este por 24 millones de dólares. A un grupo de allegados a los directivos se le prestaron 3.500.000 dólares, a otro grupo 4.800.000 dólares y a una empresa asociada, Viviendas Mayo, se le permitió un endeudamiento de 27 millones de dólares en apenas tres meses. Según Oyarbide, esas maniobras buscaron sacar los fondos del Mayo, perjudicando así a los ahorristas.