Las incansables réplicas de Gustavo Beliz al documento con que la Cámara Federal cuestionó como inconstitucional su proyecto de unificación de fueros penales alcanzaron un punto de máxima tensión. Fue ayer, cuando los cinco jueces de ese tribunal se enteraron de que un integrante del Consejo de la Magistratura hizo realidad las amenazas del ministro de Justicia al presentar ante ese organismo –encargado de enjuiciar a los magistrados– una denuncia para que se investigue si cometieron “alguna falta disciplinaria” al emitir su opinión en una acordada.
Los camaristas federales firmaron el miércoles pasado un documento en el que advertían que el Plan Estratégico de Justicia y Seguridad promovido por Beliz viola la Constitución, no suma celeridad a los procesos judiciales, ni soluciona la inseguridad. Ante la intención oficial de licuar el poder de los jueces federales –que investigan a los funcionarios públicos– unificando 82 juzgados porteños, la Cámara señaló que ante sospechas de corrupción “el mecanismo constitucional” a aplicar “es el juicio político”. El titular de Justicia contraatacó y los acusó de protagonizar una “resistencia corporativa”. También dijo que su pronunciamiento vulnera el derecho y que no deberían opinar, lo que traducido era una amenaza solapada de juicio político.
La denuncia contra los camaristas la formuló Eduardo Orio, representante de los abogados en el Consejo. La dejó firmada el viernes, luego se tomó un avión a Guatemala y sus colaboradores la presentaron ayer ante la secretaría general del Consejo de la Magistratura, que él integra. Estaba dirigida al titular del cuerpo, el presidente de la Corte, Enrique Petracchi. Tanto en ese organismo como en la propia Cámara Federal dan por hecho que la presentación se hizo a pedido y bajo instrucciones de Beliz.
Según pudo reconstruir este diario, el titular de Justicia le pidió a Joaquín Da Rocha, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, que presentara el pedido de investigación. Da Rocha, al parecer, se negó, pero le fue a pedir a otro que lo hiciera en su reemplazo. El viernes se trasladó desde su despacho en Paraná y Corrientes hasta el de Orio, en Libertad y Viamonte, y estuvieron reunidos cerca de dos horas.
El resultado de aquel encuentro fue un papel con la firma de Orio que sostiene: “Más allá del acierto o desacierto del Plan Estratégico, como así también del derecho que tienen los señores magistrados de tener una opinión al respecto (favorable o no) parecería al menos que la conducta adoptada por intermedio de una acordada, resultaría inapropiada para manifestar la misma”. Entonces pide que “se proceda a la investigación” de posibles “faltas disciplinarias” de los “magistrados firmantes”, es decir, Martín Irurzun, Horacio Cattani, Eduardo Luraschi, Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani.
En la Cámara Federal, el segundo tribunal de importancia en el país, ayer no salían del asombro y, por lo bajo, no descartaban presentarse ante el Consejo “si Beliz asume su verdadera autoría de la denuncia”. En un encuentro que tuvieron ayer a la mañana, puestos a hacer catarsis, los camaristas se quejaron a puertas cerradas por lo que leen como “una fuerte presión política” y porque los desconcierta que el Gobierno haya presentado su plan de reformas llamando al debate y “ahora rechace la opinión jurídica de un tribunal autorizado que disiente”. Allegados al tribunal de alzada defendieron que “la Cámara opine por acordadas porque es el mecanismo que tiene para hacerlo y porque es su responsabilidad institucional”. El documento firmado, aclararon, fue remitido a la Corte Suprema, encargada del control de la constitucionalidad, para que también opine si lo cree conveniente y necesario.
Si el Consejo de la Magistratura se tomara en serio el planteo de Orio podría poner en marcha una pesquisa sobre el comportamiento de los camaristas en la comisión de Disciplina y hasta mandar las actuaciones a la de Acusación, que impulsa los juicios políticos. Pero es muy difícilque eso suceda “a menos que el Gobierno aumente la presión”, según señala un integrante del cuerpo.
A los consejeros tampoco les cae del todo simpático el plan de reforma judicial de Beliz, que depara también para ellos una reestructuración. Además, algunos de ellos quedaron tan asombrados como los camaristas. Un grupo de consejeros consultado por Página/12 recordó que los tribunales colegiados fijan posición vía acordadas por lo menos desde 1930. Entre algunos ejemplos, mencionaron la acordada con que la Corte Suprema de cinco miembros criticó el proyecto del gobierno de Carlos Menem de ampliarla a nueve. Más recientemente, la Cámara del Trabajo se opuso a que le deleguen las competencias propias del fuero comercial.