Mar 04.05.2004

EL PAíS  › OPINION

Un plan inconstitucional

Por Antonio María Hernández *

No hay ninguna duda de que el proyecto de Seguridad del Ministerio de Justicia viola ostensiblemente la Constitución Nacional que establece un Estado Federal. Resulta inconcebible que se formulen proyectos propios de un Estado unitario o de gente que tenga este tipo de mentalidad, y que nada tiene que ver con el sistema argentino. Y esto se aprecia no sólo en la idea de reformar constituciones provinciales –desconociendo la autonomía de las provincias y los principios de distribución de competencias de la Federación–, o en la idea de poder intervenir las policías provinciales. De tal manera que toda esta parte del proyecto es de grosera inconstitucionalidad. La unificación de los códigos es inconstitucional, la posibilidad de intervención de esta nueva policía en las policías provinciales es inconstitucional. La idea de reformar constituciones provinciales como lo ha dicho el ministro de Justicia es una propuesta inconstitucional sin precedentes.
El tema de la seguridad debe ser objeto de estudio con toda la seriedad del caso. Debe someterse a profundos debates. Porque por ejemplo hay alguna propuesta que me parece interesante, como la idea del juicio por jurados. Yo avalo esa idea, y cuando fui diputado de la Nación presenté un proyecto en ese sentido. También presenté un proyecto que revisaba el sistema penal de minoridad, e incluso bajaba la imputabilidad a 14 años, pero sólo para delitos violentos donde existe plena conciencia sobre la criminalidad del acto (homicidio, robo o violación). Pero esto debe darse dentro de una reforma integral para que todo el sistema esté de acuerdo con los principios constitucionales establecidos en la Declaración de los Derechos del Niño, y en los principios fijados por las Naciones Unidas en el tema de minoridad.
Acá no se trata simplemente de endurecer la respuesta penal como algunos creen, cosa que no va a dar resultado. Acá lo que hay que hacer es atacar las causas del delito porque esta es una cuestión social y cultural. Por eso, en su momento, presenté un proyecto de creación de un concejo federal de prevención del delito, para que con una visión interdisciplinaria y con participación de distintas jurisdicciones (ya sea a nivel nacional o provincial), con una visión auténticamente federal, se pueda hacer coordinación interjurisdiccional para combatir el delito.
Pero es central atender a las causas sociales y culturales del delito. Está probado por sociólogos norteamericanos que con sólo estar sentado un niño o un joven frente a la televisión, ve por año 15 mil actos delictivos. De tal manera que es importante contemplar todo esto.
Hay que hacer un análisis serio sin dejar de tener en cuenta que nosotros somos una federación. Hay que convocar a un concejo de seguridad para que todas las provincias puedan expresarse y hay que avanzar, como lo planteo, en el marco de un debate interdisciplinario de la gente que conoce el tema, como las universidades.
Es asombroso que el Ministerio de Justicia, que debiera ser el primero en tener conocimiento de la Constitución, avance como si estuviéramos en un Estado unitario. Y esto me llena de sorpresa y de preocupación.

* Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Ex candidato a vicepresidente 1995 por la UCR.

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