Es un mandato constitucional, desoído desde 1994. Es un compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que también está en mora, de un par de meses. Ha sido un quebradero de cabeza y una sangría de poder para los gobiernos anteriores. El dictado de una ley de coparticipación federal, así presentado, sería casi una pesadilla para el actual gobierno nacional, encerrado en una pinza entre los acreedores externos y los gobernadores nativos. Pero el gobierno lo toma con calma, porque conserva una baraja que (hora a hora) le parece más ganadora: prorrogar la vigencia del actual prorrateo de recursos. Imponérselo a los gobernadores es percibido como factible. Más peliagudo resulta convencer al FMI de que ese acuerdo sería mejor que una nueva ley. Pero en la Rosada y en Economía piensan que (con esfuerzo y muñeca) pueden obtener el OK del FMI y de los bonistas privados. Cuestión de plata, que le dicen.
El tema fue conversado por el Presidente Néstor Kirchner con el subsecretario del Tesoro norteamericano John Taylor en la reciente visita de éste al país. Y Roberto Lavagna lo refrescó ante el mismo Taylor y con autoridades norteamericanas y del FMI en su viaje al Norte de la semana antepasada. Así lo reconoce ante Página/12 una figura de primer nivel del gabinete nacional, que goza de la confianza plena del Presidente. Desgranando el argumento esencial: una ley a pactarse con 24 contrapartes implica la necesidad de ceder. “Es imposible que todos los gobernadores pongan la rúbrica si no les da algo a cambio. O sea, la nueva ley costará más dinero. Y como el bolsillo es uno, lo que se entregue a ‘los gobernas’ achicará el superávit”. Como el FMI y los bonistas privados están cada vez más receptivos al argumento de que la Argentina crecerá y más interesados en “asociarse” de algún modo a ese crecimiento bien podrían deponer formalismos y aceptar (de algún modo delicado) dejar las cosas como están, colige el interlocutor de Página/12.
Lo cierto es que el trato cotidiano con los acreedores y los organismos internacionales de crédito tiene un, novedoso, tono encalmado. No es que el FMI haya renunciado a reclamar un aumento al 3 por ciento de superávit comprometido, reconocen cerca de Lavagna. Pero enfatizan, negando versiones periodísticas, no se lo han dicho en el mes pasado al ministro, porque intuyen su frontal rechazo.
Y los usualmente belicosos acreedores privados prodigan mansedumbre después de su periplo por Argentina. Hasta el italiano Nicola Stock, que se comía los chicos crudos hace un mes, ha devenido un bonista herbívoro. En Economía juran que no se les hizo ninguna oferta concreta aunque reconocen que el borrador de la nueva propuesta está casi listo. Todo sugiere que los acreedores prevén una mejor proposición, incluyendo una “seña” en efectivo. Tal vez porque algún negociador se los dejó entrever, tal vez porque son muy intuitivos.
Los negociadores argentinos reconocen que las contrapartes del hemisferio norte no aceptaron el nuevo esquema sugerido por el gobierno argentino. Sólo le prestaron oreja. Pero olfatean que el argumento práctico les interesó.

¿Y por casa, cómo andamos?

Corriéndose al interior, la situación parece propicia para que el gobierno nacional imponga sus condiciones. La correlación de fuerzas con los gobernadores no es la que soportaron Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, que se vieron forzados a una suerte de sistema de cogobierno con los barones de provincia. Fue una herencia, recibida sin beneficio de inventario, del país que Domingo Cavallo nos legó. El superministro de Economía, en su raid de acuerdos perversos con los organismos internacionales, fue imponiendo en el magín de estos que casi todos los problemas de Argentina se debía a la estulticia y la incompetencia de los mandatarios provinciales. Durante la presidencia de Carlos Menem eso no detonó vendettas, el riojano tenía en un puño a los gobernantes de las provincias. Pero éstos tuvieron su revancha histórica ulterior. Duhalde y De la Rúa se vieron obligados a pactar con las provincias cada vez, convocando a mesas imposibles en pos de consensos que les resultaban tan necesarios como costosos.
Ahora el Estado nacional ha recuperado poder y el presidente Néstor Kirchner domina la escena política. En parte lo debe al consenso social de que goza. En parte a la relativa bonanza que permite remitir a las provincias cantidades apreciables de recursos, con puntualidad desconocida en los últimos años. “Aunque no lo digan, los gobernadores están conformes con lo que reciben. Claro que no les molestaría conseguir más. Pero casi ninguno está dispuesto a pelearse con Kirchner”, comenta una primera espada del gobierno en el Parlamento, habituada a lidiar con los representantes de las provincias. Los únicos tentados a sacar los pies del plato (alguno más, otros menos) son Jorge Sobisch, José Manuel de la Sota y Felipe Solá. Veamos.
- Sobisch: El neuquino pinta como el hueso más duro de roer. Tiene un proyecto presidencial propio, confrontativo con Kirch-ner y fastidiarlo no le vendría nada mal. Cuenta con recursos para resistir eventuales presiones o represalias económicas del gobierno central. “El tipo está sentado sobre las regalías y con eso puede alardear de independencia y posición crítica. Con plata en la caja, y las cuentas en orden está en condiciones de suministrarle a Kirchner la misma medicina que éste le prodigó a los anteriores presidentes, cuando era gobernador de Santa Cruz”, comenta un operador de la Rosada de primer nivel. Y ríe por la simetría histórica, que le hace salir un grano. Los peronistas suelen ostentar un amplio sentido del humor, algo que se corrobora cuando demuestran ser capaces de reírse de sí mismos, o de sus dificultades. Pero les da urticaria imaginarse en una paritaria con todos los gobernadores, incluido Sobisch.
- De la Sota: El cordobés tiene la sangre en el ojo y ganas de fastidiar pero en Balcarce 50 le atribuyen discreta capacidad de fuego. “El Gallego odia a Lupín y sabe que es correspondido. Pero no controla del todo la provincia y cada vez que arma un acto lo corren a chiflidos. Los demás gobernadores le escapan como a la mancha venenosa. Es un enemigo, pero por ahora, un enemigo larvado. Además, en la intimidad reconoce que lo que ahora recibe como coparticipación es razonable”, describe el operador dotado de gracejo.
- Solá: El bonaerense reclama una pequeña fortuna para poder combatir cabalmente la inseguridad, un problema que integra la agenda nacional desde la emergencia pública de Juan Carlos Blumberg. El Gobierno tiene interés y necesidad de ayudarlo pero aspira a hacerlo por afuera de un acuerdo de coparticipación. En verdad la cifra reclamada es tan grande que incluirla en un contrato general obligaría a compensar dadivosamente a otras provincias. Un costo económico y político que la Rosada ni sueña oblar. Quizá, imaginan en la Rosada y en Hacienda, sea más fácil urdir un convenio bilateral bajo el paraguas del Plan Integral de Justicia y Seguridad que someter el tema a una asamblea de gobernadores provinciales.
Aislados, ningún gobernador es muy fuerte. Juntos, “algo habría que soltarles”. Así las cosas, el Ejecutivo maquina que sería óptimo, y posible sin mayores ripios internos reiterar el esquema vigente de coparticipación. Habrá protestas, habrá reclamos de Sobisch y del casi inexistente Ricardo López Murphy. Habrá que ver cómo se ayuda a Solá. Nada demasiado caro ni menos imposible para un gobierno voluntarista y, todavía, munido de poder relativo.

A little help

La duda, pues, finca al norte del Trópico de Capricornio. ¿Aceptarán las actualidades del FMI y los burócratas de su staff reformular la letra de lo acordado, en pos de mejorar las posibilidades de cobranza? Da la impresión de que sería una conducta sin precedentes, pero los negociadores opinan que es posible. “No lo avalarán formalmente. Seguirán planteando que la ley de coparticipación es una necesidad. Y el representante del FMI en Argentina, John Dodsworth repetirá sus reclamos de hace pocos días ante el Congreso argentino. Pero, a la hora de la hora, quién le dice que no haya un waiver (dispensa) que deje las cosas tal como nos conviene a nosotros. Y a ellos”, se entusiasma un conspicuo morador de la Rosada.
Fronteras adentro, las condiciones están dadas para que el gobierno reitere el actual esquema de reparto, sin que haya efusión de sangre ni demasiada grita provincial. Lo esencial es a little help from the friends. En la Rosada y en Economía, aunque nadie reconocerá en voz alta la verdad de lo dicho en las líneas anteriores, creen que esa ayuda está más cerca de lograrse que de frustrarse.