Mediante la implementación de un sistema de selección parecido al que dispuso el gobierno nacional para cubrir las vacantes en la Corte Suprema, la intervención federal de Santiago del Estero designó ayer a 23 nuevos magistrados en el Poder Judicial provincial. La elección de los nombres estuvo en manos de un consejo encargado de recoger la opinión de la sociedad civil frente a cada postulante, tal como establece un decreto del interventor Pablo Lanusse, que autolimita las facultades del Ejecutivo sobre estos nombramientos.
Estas designaciones se dan en el marco de la reestructuración del Poder Judicial que lleva adelante la intervención y fueron avaladas por colegios profesionales y asociaciones que nuclean a sectores vinculados con el derecho. Los nombramientos, sin embargo, no fueron la única novedad en el ámbito de la Justicia: a partir de una información publicada el lunes por Página/12, el Ministerio de Justicia provincial presentó además una denuncia para averiguar si el aparato represivo del juarismo aplicó tormentos al ex gobernador durante la dictadura, el general César Ochoa, tal como aseguró desde la cárcel el ex comisario Musa Azar.
El titular de Justicia, Luis Alen, exigió al juez federal Angel Toledo que investigue los dichos del hombre fuerte de la inteligencia juarista, que denunció desde su celda que su ex jefe, Carlos Juárez, le ordenó “torturar hasta enloquecerlo” a Ochoa.