A dos semanas de su desplazamiento de la jefatura del Servicio de Hidrografía Naval, el capitán de navío acusado de ser un represor de la ESMA, Miguel Enrique Clements, recibió otra mala noticia: la fiscalía federal que investiga los crímenes ocurridos en ese centro clandestino solicitó su detención ante el juez Sergio Torres. Aunque evalúa este pedido, el magistrado aún no dispuso el arresto del marino que fue señalado como integrante del grupo de tareas que funcionaba en 1981 en la Escuela de Mecánica de la Armada.
El pasado de Clements se precipitó sobre su rutina al frente del Servicio de Hidrografía, desde que la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos hizo pública su responsabilidad en la desaparición de cuatro detenidos y la apropiación de una beba nacida en cautiverio, como adelantó Página/12 días atrás. Los sobrevivientes Víctor Basterra y Carlos Lordkipanidse lo acusaron de haberse desempeñado en el grupo de tareas de la ESMA, en los sectores de Operaciones e Inteligencia, desde principios de 1981 hasta el año siguiente.
Apenas esta denuncia fue formulada ante el juzgado federal de Torres, el titular de la Armada, el almirante Jorge Godoy, dispuso la separación del acusado de su cargo tras una reunión con el ministro de Defensa, José Pampuro. Lejos de su puesto, Clements quedó en manos de la Justicia.
Según informaron fuentes judiciales, Torres espera ahora que se resuelvan medidas pendientes en la causa antes de ordenar el posible arresto del marino solicitado por el fiscal Eduardo Taiano. En el marco de la misma investigación, Taiano solicitó además que sea interrogado el economista Roberto Alemann, “que habría ido a visitar a uno de los detenidos en ese centro clandestino” cuando estaba al frente del Ministerio de Economía durante la dictadura.