El debate sobre la legalidad de la destitución de Eduardo Moliné O’Connor entra en etapa de definiciones en la Corte Suprema. El máximo tribunal, integrado para esta ocasión por conjueces, debe decidir si corresponde restituir al ex supremo de la mayoría automática en su cargo. Los nueve ministros suplentes –los titulares están excusados– se reúnen hoy para recibir al procurador general, Luis González Warcalde, que les llevará un dictamen con su posición, y poner en discusión ese documento. El tema no será resuelto en este encuentro, aunque los jueces podrían fijar fecha para firmar un fallo en las próximas semanas.
Después que el Senado lo echó de la Corte el 3 diciembre, Moliné O’Connor recurrió con varios cuestionamientos ante el propio tribunal que antes integraba en busca de que le devuelvan el puesto. Sus compañeros se excusaron en un contundente desaire y quedó conformado un equipo de conjueces encargado de resolver el asunto, que preside el camarista de Casación Gustavo Mitchell. Lo integran también los camaristas Jorge Morales (Corrientes), Alejandro Mosquera (Córdoba), Mirta Tyden de Skanata (Posadas), Javier Leal de Ibarra (Comodoro Rivadavia), Ernesto Wayar (Tucumán), Julio Frondizi (La Plata), Arturo Pérez Petit (General Roca) y Rodolfo Fossatti (San Martín).
La reunión que tendrán hoy los nueve jueces “no es para tomar una resolución sino para deliberar”, explicaron funcionarios de la Corte. Al acuerdo fue invitado el procurador González Warcalde, un penalista cordobés nombrado por Carlos Menem en 1993 y que ahora transitoriamente ocupa el lugar que dejó vacante Nicolás Becerra. Hace más de un mes que fue convocado a este plenario con la intención de que no demorara su pronunciamiento. Hasta ayer a la noche, su opinión era todo un misterio.
Cuando el tribunal de conjueces comenzó a analizar el reclamo de Moliné en diciembre, el juez Frondizi intentó convencer al resto de que, según antecedentes de 1985, bastaba abrir su recurso de queja para dictar una medida de no innovar e impedir que el Poder Ejecutivo enviara al Congreso el pliego de un candidato para reemplazarlo.
Frondizi, cuentan en la Corte, tiene una vieja relación de amistad con el ex supremo. Sus gestiones, en principio, no tuvieron éxito. Sólo otros dos camaristas –Fossatti y Pérez Petit– apoyaron su postura favorable al magistrado destituido cuando el 4 de marzo el tribunal suplente firmó su primera resolución. La mayoría, sin embargo, decidió pedirle opinión al procurador antes de tomar una decisión sobre el fondo. Entre tanto, el gobierno de Néstor Kirchner propuso como candidata a ocupar el lugar de Moliné O’Connor a la camarista civil Elena Highton de Nolasco y puso en marcha todo el proceso público para su designación.
A diferencia del riojano Julio Nazareno y de Guillermo López, Moliné O’Connor decidió no renunciar cuando el Congreso le inició juicio político y resistió todo el proceso hasta que el Senado lo destituyó. Después protestó diciendo que su enjuiciamiento carecía de fundamentos. “Como juez, no pueden reprocharme nada”, pataleó. Su abogado, Gregorio Badeni, hizo varias presentaciones ante la Corte y planea llegar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
Es factible que los conjueces en la reunión de hoy fijen un plazo –de una o dos semanas– para dar una definición a las pretensiones de Moliné. En principio, al parecer, hay discrepancias internas.