Son figuras tan emblemáticas de la era menemista como María Julia y Alderete. Y como a ellos, les llegó el turno de sentarse en el banquillo. Ayer comenzó en los Tribunales Federales de Retiro el juicio oral y público contra Omar Fassi Lavalle, ex secretario de Turismo de Carlos Menem, su esposa Elizabeth “Liz” Mazzini y otras ocho personas acusadas de haber formado una asociación ilícita que habría evadido impuestos por varios millones de pesos durante la convertibilidad. Ya sin los brillos que supieron ostentar en los ’90, el matrimonio (en el expediente aún figuran como marido y mujer) que supo gerenciar boliches para ricos y famosos escuchó el extenso requerimiento del fiscal que investigó el caso y el escrito con que el juez en lo penal económico Julio Cruciani elevó a juicio el expediente. No hubo tiempo para los planteos de los abogados defensores, que seguramente se producirán en la audiencia de hoy. La defensa de Liz Fassi Lavalle adelantó a Página/12 que planteará “una nulidad importante”. Omar y Liz llegan libres al juicio, aunque el ex secretario de Estado ya pasó dos años preso por esta causa.
Omar Fassi Lavalle, de 54 años, apareció a las 8, con traje oscuro y pelo de un marcado color castaño. Se presentó solo y se reunió con su abogada, la defensora oficial Patricia Garnero, en la entrada del edificio de Comodoro Py 2002. Su ex esposa se vistió toda de negro, con un maquillaje más discreto que en el pasado. Su rubio platinado dejó lugar a un castaño claro, siempre lacio. Una vez en la sala de audiencias, Liz Mazzini se ubicó detrás del ex funcionario menemista, acompañada por sus abogados, Maximiliano Rusconi y Santiago Vegezzi.
El Tribunal Oral Penal Económico 3 dio comienzo al juicio a las 9.30 con la lectura del requerimiento de elevación a juicio oral del fiscal de instrucción, Miguel Schamún, contra los diez imputados. El fiscal acusó a Fassi Lavalle de haber sido el “jefe y organizador” de una asociación ilícita dedicada a “la confección de delitos intedeterminados” a través de la actividad comercial en los boliches en parte de su propiedad Sky Ranch (uno ubicado en la Costanera Norte y otro en Bariloche) y El Paraíso, en Capital. En los emprendimientos trabajaban unas de 200 personas, muchos de ellos lo hacían en negro, sin contratos ni aportes previsionales, así como tampoco se pagaba el canon correspondiente al gobierno de la ciudad de Buenos Aires por el uso del espacio público a orillas del río. Sobre el papel de Liz Mazzini, el fiscal dijo que “excedió el rol de cara visible” de las empresas al desempeñarse como relaciones públicas sino que tuvo “un gran poder decisión en los negocios llevados adelante por el grupo”. Por tal motivo, le atribuyó “responsabilidad penal como autora material” de los presuntos ilícitos.
Tras un breve cuarto intermedio, el presidente del Tribunal, Ernesto Gandolfi, propuso continuar con “la amena lectura” del requerimiento. “Actuaron en virtud de un acuerdo ilícito previo, y si no hubiera existido la denuncia de la DGI –que realizó el director de Inteligencia Fiscal del organismo Carlos García Lorea en febrero de 1997– y una causa judicial abierta, ellos hubieran seguido delinquiendo”, sostuvo. El fiscal Schamún había precisado que la banda evadió el pago del impuesto a las ganancias entre 1995 y 1997, del IVA durante el mismo período y de los aportes personales entre 1994 y 1997. Además, enmarcó el caso en lo que denominó “política criminal de empresas, en la que dentro de una sociedad comercial funciona una asociación ilícita”.
El fiscal evocó una reunión del 1° de marzo de 1994 en el piso de los Fassi Lavalle en la torre Le Parc, durante la cual convencieron a uno de los socios, Mauricio Grisolía, de que apareciera como único dueño de Sky Ranch ante el fisco, prometiéndole 1 millón 200 mil pesos para poner al día la situación impositiva del grupo. En aquel encuentro, Fassi Lavalle se habría dirigido a Grisolía y le “juró por sus hijos que todo se iba a solucionar”, pero los fondos prometidos nunca llegaron a sus manos. “Me cagó y no me dio la plata”, se habría lamentado Grisolía. El fiscal detalló también la actuación en los hechos de uno de los socios, Omar Marocco, como “financista del grupo” y copropietario de Sky Ranch, al tiempo que a Marcelo Mazzini, hermano de Elizabeth, le endilgó pagar los sueldos y dar indicaciones en ese local, donde las camareras solían bailar sobre la barra para animar la noche.