Uno de los gestos más potentes del actual gobierno en su lucha por la regeneración institucional fue el nombramiento de Graciela Ocaña al frente del PAMI. Convocó a una figura ajena al peronismo, comprometida en la lucha contra la corrupción, la invistió del manejo de un organismo y una chequera ciclópeos. Una decisión (que tiene su simetría con la designación de Pablo Lanusse cono interventor en Santiago del Estero) que prueba algunas de las virtudes de Néstor Kirchner: su decisionismo, su anhelo de romper viejas transas, su formidable capacidad de comunicarlo.
No sólo Kirchner se jugó al designar a “la Hormiguita”. También su jefe de Gabinete, quien tramitó el acercamiento entre la, por entonces, diputada del ARI y el Presidente. Alberto Fernández, una vez que Ocaña aceptó el cargo, fue tajante ante varios de sus compañeros del gabinete de ministros: “Por favor, ayúdenla. Si a ella le va mal, me va mal a mí. Yo soy el garante de su gestión ante el Presidente”, reclamó.
Pero esa gestión, que tiene como garantes al Presidente y a su jefe de ministros, requiere sustentabilidad a través del tiempo, algo que al Gobierno suele serle más difícil de producir que las decisiones explosivas: apoyo cotidiano, intercambio de información, contención. También, sobre todo, que el Presidente –cuya centralidad política es patente (y buscada desde la Rosada)– asuma como propias las empresas de sus funcionarios.
El reportaje a la titular del PAMI, publicado ayer en Página/12, y los datos que este cronista pudo colectar sugieren que Ocaña (como también le ocurre a varios ministros) libra sus batallas, si no en soledad, sin la suficiente compañía.
Tal como revela la citada entrevista, Ocaña enfrenta ahora mismo una negociación durísima con(tra) los laboratorios medicinales que, junto a los prestadores, se comportan como si fueran los dueños del PAMI.
La interventora relató datos de escándalo: los jubilados pagan precios siderales por los remedios, siendo el PAMI el mayor comprador de la Argentina. La enorme capacidad adquisitiva del Instituto no se traduce en el costo del producto porque en las tratativas no prima la racionalidad económica sino la potencia de los lobbies.
La prescripción de genéricos, una conquista legal de los consumidores en la lucha contra los oligopolios, no es obligatoria para las compras de los afiliados del PAMI. He ahí el nudo de la injusticia, que discrimina negativamente al Instituto de los jubilados respecto de otros organismos o planes estatales.
Los laboratorios “castigan”, demorándole los pagos, a los farmacéuticos que presentan al cobro recetas del PAMI con genéricos. Boticarios que trajinan el tema explican a Página/12 que la burocracia del Instituto aporta su grano de arena: los formularios obligatorios para que los médicos prescriban medicamentos están impresos de modo tal que dificultan recetar genéricos. Un viejo funcionario del PAMI refiere a este diario que, del mismo lado de la mesa de negociación, los laboratorios nacionales y los extranjeros notienen conflictos de bandera. Si se quiere hilar fino, agrega, los nacionales son aún más feroces puestos a negociar ya que la casi totalidad de los remedios de sus vademécums son reemplazables por genéricos. Los extranjeros disponen de más remedios no sustituibles.
Ocaña negocia un nuevo régimen contractual con contrapartes que no escatiman presiones feroces, básicamente discontinuar las prestaciones con la consiguiente presión sobre el gobierno y la interventora en especial. Esa pulseada, que remite a un foco de corrupción histórico y a un histórico desvalimiento de los afiliados al Instituto, sólo podrá llegar a buen puerto si trasciende la oficina de la interventora y se convierte en una política de Estado.
Empero, el aislamiento acecha la gestión de Ocaña, quien solo reporta al ministro de Salud, Ginés González García, y mantiene contacto con los dos ministros apellidados Fernández. Alberto, ya se dijo, es su confidente y su contacto en la Rosada. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien venía de pelearse duramente con ella en la campaña electoral de 2003, la llamó cuando supo de su nombramiento y le espetó “Petisa, yo sé que nos dijimos de todo pero yo respeto mucho a la gente luchadora y desde ahora contá conmigo”. Según colaboradores de ambos, esa promesa se cumple y Fernández incluso le ha acercado algún colaborador dotado de experticia en el PAMI. Ginés, quien prodiga a la interventora un trato paternal y afectuoso bien distinto al que propinaba al anterior interventor, Juan González Gaviola, al que odiaba, también es interlocutor cotidiano.
Pero la inmensa mayoría de los cuadros políticos y parlamentarios del peronismo, por decirlo con un eufemismo, no se mueren por ayudar a Ocaña, algo que era dable imaginar desde el vamos. Ligados a un manejo clientelar y abusivo del PAMI, poco o nada hacen por apuntalar la cruzada de Ocaña. El proyecto de ley regulando el nuevo modelo prestacional no integra la agenda más inminente del Parlamento, colonizada por la galaxia Blumberg. Ocuparse de los viejos, de momento, parece menos acuciante que bajar la edad de imputabilidad de los jóvenes.
La interventora pisa también un terreno minado en el PAMI. Su segundo, José Granero, heredado de la gestión Gaviola, no hace buenas migas con ella. Y en “la línea” del Instituto conviven empleados honestos y cabales con otros enraizados en las redes de prebendas.
Tabicada por el aparato del peronismo, pisando campo minado en el PAMI, Ocaña disputa en excesivo silencio con(tra) lobbies acostumbrados a ganar y a “persuadir” a gobiernos de turno.
El sistema radial de conducción impuesto por el Presidente tiene sus ventajas y sus costos. Entre éstos, diluir a quienes no cuentan con su aval cotidiano. Un modo de gobernar copernicano priva de potencia y hasta de visibilidad a quien no está muy cerca del sol. Desde su nombramiento, Ocaña jamás ha aparecido públicamente al lado del Presidente y, como le ocurre a tantos ministros, tampoco puede verlo con asiduidad.
En una excelente columna publicada hace meses en Página/12, el sociólogo José Luis Coraggio explicó que la centralidad de la figura presidencial obliga que todas las políticas de Estado “pasen” por su persona. Lo que no enuncia Kirchner notiene fuerza ni pertinencia.
La formidable denuncia que hizo ayer Ocaña en este mismo medio, sólo produjo rebotes –en contra– provenientes de su partido, el ARI (ver recuadro aparte). Ninguna voz oficial la acompañó. Si esa tendencia se repite, el final de la contienda pinta anunciado y puede ser aciago para el Gobierno, para los jubilados, ni qué decir para la propia Ocaña. Un gesto notable, su nombramiento, podría naufragar en el fracaso, producto de un riesgo que amenaza a la gestión K: la falta de perseverancia cotidiana en las batallas que se pregonan. Y aún en las que se emprenden.