La Argentina está en el grupo de países con más altos niveles de corrupción política. Es frecuente que los empresarios realicen pagos para influir en las decisiones del gobierno y que efectúen “donaciones ilegales” a quienes están en el poder. Así lo aseguró Transparencia Internacional –junto a su delegación local, Poder Ciudadano– en el Informe Global de la Corrupción (IGC) 2004.
El trabajo fue presentado en sociedad ayer, en la Feria del Libro, con un panel integrado por el ex vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez, el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido, el titular de Poder Ciudadano, Mario Rejtman Farah, el de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, y el periodista Daniel Santoro.
Con su foco puesto en la corrupción política y su impacto social, el informe detalló los fondos supuestamente malversados por dirigentes políticos en las últimas dos décadas. Al ranking lo encabeza Mohamed Suharto, presidente de Indonesia de 1967 a 1998, de quien se calcula que robó de 15 mil a 35 mil millones de dólares en una nación donde el Producto Bruto Interno per cápita ronda los 700 dólares. También figuran en el listado el ex mandatario peruano Alberto Fujimori y el nicaragüense Arnoldo Alemán, pero no hay ningún argentino.
Como concepto general, el IGC plantea que pese a que los escándalos por corrupción de los últimos años se han originado en el financiamiento ilegal de partidos y candidatos, la mayoría de los gobiernos no ha tomado medidas para enfrentar el problema.
Los datos sobre la Argentina la ubican en el puesto 92 del Indice de Percepción de la Corrupción (el 1 es para el Estado menos corrupto, Finlandia, y el último lugar con el número 133 para Bangladesh). Esto quiere decir que, a criterio de Transparencia Internacional, nuestro país está de la mitad para abajo de la tabla.
El fixture fue elaborado por la consultora Gallup Internacional y refleja las impresiones de empresarios, académicos y analistas de riesgo, a quienes se pidió que calificaran con puntajes de 10 (altamente honesto) a 0 (altamente corrupto). En esa escala, la Argentina obtuvo apenas 2,5 puntos.
Las leyes locales sobre la financiación de los partidos políticos son las más completas de la región, reconoce el texto. Sin embargo, entre la teoría y la implementación real hay todavía mucha distancia. “Hay numerosos modos en que los partidos y candidatos pueden evitar identificar a sus contribuyentes y los montos aportados”, se señala, para agregar que en un modo posible de hacerlo es “camuflar las fuentes a través de colectas masivas”.
La compra de votos es una realidad del presente. “El 6 por ciento de quienes respondieron a un estudio en la Argentina señalaron que habían recibido algo de un candidato o partido en las elecciones legislativas. Este porcentaje se elevaba al 17 por ciento entre los encuestados de bajos ingresos (...) Los estudios brindan clara evidencia de que no sólo la clase social, sino también el partido –el Partido Justicialista en este caso– está vinculado con la compra de votos”, sostuvo Transparencia Internacional.
La entidad sostuvo que el presidente Néstor Kirchner avanzó en el respeto a la independencia judicial, al someter la designación de los nuevos integrantes de la Corte Suprema al debate público. Sin embargo, advirtió que “no ha roto por completo con las prácticas anteriores de nombramientos”. El trabajo puso como ejemplo “la nominación de Alessandra Minnicelli en el puesto de auditora de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Al estar casada con Julio De Vido, ministro de Planificación Federal, Inversiones Públicas y Servicios –ministerio que la Sigen debe monitorear–, había un claro conflicto de intereses. A pesar de las denuncias, la nominación de Minnicelli fue confirmada en junio del 2003”, concluye el informe.