Por Alberto Müller *

Se ha instalado en la Argentina la noticia de que estamos enfrentando una crisis energética. Esto ya forma parte de la agenda diaria de temas, y ha sido retomado, por ejemplo, por voceros del exterior, entre ellos los de los organismos internacionales de crédito. El Gobierno es acusado de inacción, básicamente por no haber avanzado en la necesaria revisión tarifaria para el sector, tras la devaluación del año 2002. Y nos encontramos ahora con el curioso panorama de que un país excedentario en energía firma convenios de importación de gas y fuel-oil.
Dado que el término genérico “crisis energética” recuerda tiempos pasados de cortes de electricidad y baja presión de gas en el invierno, creemos importante caracterizar cuál es la situación actual, en términos de oferta y demanda; así, encuadrar esta “crisis” en el período actual y en su proyección al lapso invernal próximo.
Situación actual: la “crisis”
El análisis de la situación de ambos sectores se centrará en las fases de producción-generación y transporte, por cuanto el desempeño de la actividad de distribución depende de cada operador en particular.
El parque de generación eléctrica se encuentra en realidad algo sobredimensionado, al haber una capacidad instalada de 22.000 MW, frente a una demanda pico del orden de 14.000 MW. No existen, en consecuencia, restricciones en este punto, aun cuando la oferta se encuentra siempre expuesta a algún tipo de restricción, en caso de reducirse la cantidad de agua de los embalses (la capacidad instalada de generación hidroeléctrica representa el 40% del total).
Existen, en cambio, limitaciones en la capacidad de transporte, que pueden ser más o menos sensibles, según cómo se configure la oferta; en particular, la prevalencia de oferta hidráulica exige mayor capacidad de la red, en función de la localización de las áreas generadoras y las consumidoras.
Si bien hacia fines del año pasado se formularon previsiones por momentos apocalípticas acerca de una eventual sobredemanda en el verano que haría colapsar el sistema, ello no ocurrió, a pesar de las elevadas temperaturas registradas. El sistema mostró de todas formas cierta fragilidad, como quedó evidenciado por el corte de la línea de Transener, ocurrido el año pasado; una reducción de oferta del orden de 15 por ciento ocasionó el corte del servicio al 40 por ciento de los usuarios.
En definitiva, no hay por ahora crisis energética en lo que atañe a la generación y transporte eléctricos; ello no será óbice para algunos comentarios acerca de las perspectivas del sector, que se formularán más adelante. Puede sí producirse un problema de abastecimiento, en caso de que escasee el gas para el invierno; pero este problema es más de tarifa que de suministro físico, por cuanto todas las centrales termoeléctricas pueden funcionar mediante combustibles alternativos (gas oil o fuel oil, según el caso), más caros. De hecho, ha sido habitual cierta disminución en la participación del gas como combustible durante los meses de invierno. Esto podría producir inconvenientes importantes –de naturaleza exclusivamente tarifaria– en caso de que haya insuficiente caudal en las centrales hídricas.
Vayamos entonces al caso del gas. La producción para el mercado interno se ha incrementado en un 41% desde el año 1993. Las exportaciones, por su lado, también han aumentado, representando en 2003 el 22% de la producción total; de ellas, poco más de la mitad se realiza empleando la red de ductos públicos de transporte. Existirían reservas de gas por 13 años, habiéndose producido un descenso, con relación a mediados de los ’90, cuando se computaban 22 años; ello responde básicamente a las reducidas tareas de prospección.
Pero actualmente las capacidades de suministro no se encuentran comprometidas. La “crisis” que se desató en marzo de este año responde en principio a un incremento en el consumo de gas, particularmente en los sectores industriales (25%), de generación eléctrica (43%) y de GNC para automóviles (25%); la generación eléctrica en particular explica el 55% de la variación de la demanda, debido a la disminución del nivel de agua en las centrales hídricas. Ya el incremento de consumo que presenta el sector industrial es un tanto sorprendente, habida cuenta de que la actividad industrial creció en torno de 13%.
Es procedente notar que el consumo de febrero de 2004 fue 23% inferior al de agosto de 2003, no habiéndose producido el año pasado inconveniente alguno en la provisión de gas.
En otros términos, no hay justificación alguna para los cortes de gas que afectaron a la industria en marzo de este año. El episodio que desencadenó la “crisis” parece más responder a presiones por parte de los productores de gas para obtener incrementos de precios, aprovechando una coyuntura de demanda muy elevada: la generación hidroeléctrica se contrajo casi 40% durante 2003, y la demanda industrial se elevó a principios de 2004; según algunas versiones, en realidad fue un comportamiento precautorio, para anticiparse al incremento de tarifas inminente. No casualmente, la restricción de gas comenzó a operarse en la región NOA, en vísperas de la zafra azucarera, fuerte demandante de energía.
Y de hecho esto fue logrado: cuando las industrias se avinieron a renegociar sus contratos de suministro interrumpible, se reanudó el suministro. Los precios de suministro en firme también serán incrementados, en un cronograma gradual que culminará en el año 2006, y obligará a las industrias a abonar una tarifa que representa el 80% del valor en dólares existente antes de la devaluación.
Debe señalarse que estos hechos ocurrieron al poco tiempo de iniciado un proceso por el que la Secretaría de Energía debía acordar nuevos precios con los productores de gas (decreto 181/2004). La reacción –destemplada– del Gobierno, reduciendo las exportaciones de gas a Chile, es indicativa de los avatares de esta negociación. Se escucharon (y escuchan) voces que alegaban la oportunidad de dolarizar el precio del gas, cuando éste en rigor no constituye un “commodity” transable internacionalmente, por los elevados costos de transporte (cuando no existe ducto) y almacenamiento, como ya se mencionó.
Ahora bien, tras este primer “round”, se dio a publicidad un informe del Ente Regulador del Gas (ENARGAS), que alerta acerca de la necesidad de incrementar los cortes a consumidores de servicio interrumpible, dado el incremento de demanda esperado. En el horizonte más pesimista, indica que deberán realizarse también cortes en ciertos segmentos del servicio no interrumpible. Al respecto, es conveniente señalar que este informe se centra exclusivamente en la capacidad de transporte, asumiendo que existe producción suficiente para atender la demanda. En otros términos, no se trata de un problema que se agrega al anterior: si existen dificultades en el transporte, es porque hay producción suficiente; y si ésta no es suficiente, no habrá problemas de transporte sino de producción.
Se ha aducido también que la demora del Gobierno en conceder incrementos de tarifa (algo que en realidad intentó la administración anterior, pero que no prosperó por obra de la Justicia) termina ocasionando estos problemas. Este argumento no es sostenible, por las razones siguien-tes. En primer lugar, el fuerte incremento en la demanda de gas del primer trimestre de este año responde básicamente a los requerimientos de generación eléctrica, producto de la baja hidraulicidad, según se vio; y un incremento moderado de tarifas a principios del año pasado no habría cambiado sustancialmente el panorama, porque las tarifas no tienen efecto metereológico. Por otra parte, la incidencia directa e indirecta de los insumos importados en la ecuación de costos de producción de gas y petróleo es mínima (tal como surge de la Matriz Insumo-Producto de 1997); en consecuencia, la devaluación no ocasionó erosiones mayores en la ecuación de los productores (aunque desde ya puede afectar la prospección de recursos, por la eventual necesidad de equipos importados; pero ello no tiene que ver con los problemas que se tratan hoy día).
Esta argumentación es sustentada por la siguiente cita, acerca de la problemática que afecta el suministro de gas: “Si no es un problema de transporte ni de reservas, el hecho de que no haya gas suficiente es, por descarte, un problema de producción, o, mejor dicho, en la extracción del gas en boca de pozo. Y uno se pregunta: ¿por qué el productor de gas [...] no quiere venderlo? La respuesta es que el precio del gas está regulado y regalado en el mercado local [...]. Si el precio es el problema, debemos encontrar soluciones al precio, no a la cantidad”. Esta rotunda afirmación pertenece a Ricardo Falabella, presidente de Gasoducto Norandino Argentina (La Nación, 2 de mayo de 2004). A confesión de parte, relevo de prueba.
En cuanto a las perspectivas para el próximo invierno, no es mucho lo que podemos decir ahora. Si se mantiene el incremento anómalo de demanda de gas verificado a principio de este año –producto principalmente de la escasez de energía hidroeléctrica–, es posible que se verifiquen restricciones de disponibilidad, que en el extremo podrían comprometer la generación térmica, obligando al uso de combustibles líquidos, con la consiguiente repercusión sobre las tarifas eléctricas. Si en cambio vuelve el agua a los ríos, es posible avizorar que no debería haber dificultades relevantes; aunque esto dependerá de la capacidad de transporte (donde vimos que el Enargas anticipa algún posible problema) y, en última instancia, de la voluntad de los productores de gas de poner el fluido a disposición del mercado interno.
La “crisis”: saldo y futuro
¿Qué podemos concluir de este episodio? Ante todo, que el mercado de producción de gas se comporta en forma oligopólica, y los oferentes tienen capacidad de ejercer presión. Hay dos evidencias concurrentes: en primer lugar, la mencionada concentración del sector; y en segundo lugar, el hecho de que el Gobierno ha establecido oficialmente acuerdos de precios (así reza el decreto 181/04) con el sector. Y es dudosa la legitimidad de cualquier acuerdo de precios, con presencia o no del Gobierno, por cuanto suponen que no existen mercados en condiciones de competencia.
En segundo lugar, la sociedad parece encontrarse desguarnecida, frente a presiones de precios. Esto es el resultado de un marco regulatorio inapropiado para la actividad energética.
Las deficiencias no sólo hacen referencia al suministro de gas. Los marcos regulatorios del transporte de gas y electricidad se han mostrado ineficaces para movilizar recursos para inversión. De hecho, el estrangulamiento mayor de ambos sectores se localiza en realidad en el transporte. Proyectos como la construcción de la línea Comahue-Cuyo, que subsanaría la restricción de capacidad del vínculo Comahue-Buenos Aires, no encuentran viabilidad financiera, pese a encontrarse sobradamente justificados. Por último, la generación eléctrica por el momento no representa una restricción, por las razones señaladas anteriormente. Pero lo cierto es que un precio demasiado fluctuante de la energía, sin estabilidad en el mediano plazo, jamás permitirá viabilizar emprendimientos hidroeléctricos de gran porte, que la Argentina aún puede desarrollar (por ejemplo, las centrales de Corpus y Garabí).
En tercer lugar, cabe advertir que debe establecerse un control más estricto sobre los volúmenes acordados de exportación de gas (y de hidrocarburos en general), habida cuenta de que la Argentina, aun siendo excedentaria en energía, no dispone de reservas muy abultadas. De esta forma, evitaremos el absurdo de ser a la vez exportadores e importadores de energía.
Es hora de que comprendamos que los mercados, en lo que atañe al suministro de gas y electricidad, son en realidad inútiles: no existen diferenciaciones de producto relevantes (como en el caso de la indumentaria o la industria automotriz), la demanda es perfectamente conocida en cuanto a monto, tiempo y lugar, y existen evidentes economía de escala y barreras a la entrada. Esto es, sabemos todo lo que necesitamos para una gestión planificada del sector y es procedente que ella se realice centralizadamente.
Es hora de que comprendamos que la energía es un tema demasiado importante como para confiárselo a los mercados.

* Profesor titular. Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Integrante del Plan Fénix.