En paralelo a la reunión de gabinete, el propio Eduardo Duhalde ordenó estudiar qué puede hacer el Gobierno ante una maniobra pícara de los exportadores que podría costarle al Estado entre 200 y 400 millones de dólares por elusión de impuestos.
Tras leer la investigación sobre comercio de granos publicada el domingo en tapa por Página/12, el Presidente convocó ayer al mediodía a una reunión donde participaron entre otros el ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli, y el secretario de Agricultura, Miguel Paulón. Tenía que estar también el jefe de la Aduana, Mario Das Neves, pero aún no había regresado de Chubut por el fin de semana largo. La cuestión también figuró en la discusión sobre la política agraria que encabezó ayer mismo Duhalde durante tres horas y media, y debería formar parte de un informe completo que deberá presentarle mañana a la noche el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov.
El artículo de este diario informaba que una disposición legal de la dictadura permite que si los exportadores agrícolas anuncian de antemano cuál será su venta, después nada podrá modificar esa operación. Basta con una declaración jurada.
Cuando el ahogo fiscal hizo que el Gobierno barajase la chance de imponer retenciones agropecuarias (impuestos del 10 o el 20 por ciento sobre las exportaciones), los operadores se apuraron. Sabían que si entregaban las declaraciones juradas a tiempo, luego quedarían exceptuados de pagar una suma fabulosa.
Una reconstrucción de Página/12 a través de cifras que aún no son oficiales permitió establecer que las exportaciones declaradas podrían oscilar en los dos mil millones de dólares. Si ese fuera el caso y se imponen retenciones del 10 por ciento, los exportadores se salvarían de pagar impuestos por nada menos que 200 millones. Si las retenciones alcanzan el 20 por ciento, la cifra sería aún más imponente: 400 millones. La ganancia normal de los operadores representa el 1 por ciento del volumen que mueven. Los dos mil millones les dejarían, así, una ganancia de 20 millones. Esa cifra es la que sirve como indicador de qué negocio formidable son 200 o 400 millones de dólares, es decir entre 600 y 1200 millones de pesos por cambiar los dólares a una tasa redonda de 3 pesos por unidad.
Duhalde ordenó ayer dos tareas concretas a sus colaboradores:
* La primera, establecer el monto exacto de las declaraciones de venta.
* La segunda, investigar la mejor forma jurídica de anular esas declaraciones hacia atrás.
Para el primer punto es imprescindible la intervención de Das Neves. Según la reglamentación en vigencia, las declaraciones de venta se pueden presentar en cualquier aduana del país, y no solo en la de Buenos Aires. No puede haber un cálculo de la magnitud exacta de la picardía –o del intento de defraudación, cualquiera podría sospechar– sin un arqueo prolijo de todas las declaraciones presentadas en cada aduana de la Argentina.
Para el segundo punto, el Presidente no tiene más que consultar a sus juristas sobre una pista que ya dio en un reportaje del último domingo el ex presidente de la Junta Nacional de Granos bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, Alberto Ferrari Etcheberry.
Ferrari, que también es abogado, recomendó anular las declaraciones. Su recomendación contabilizó un punto a favor: el miércoles último, el Gobierno suspendió el régimen de presentaciones, amparado en la sospecha de que se estaba produciendo un aluvión. O sea que ya pensaba que el mecanismo se estaba utilizando para eludir impuestos. Sin embargo no dispuso nada sobre la documentación ya presentada, y ése fue el tema que subrayó el experto.
Para Ferrari Etcheberry, la mejor solución es anular todas las declaraciones posteriores al corralito, que fue establecido el 3 dediciembre último. “Si se pesificaron las deudas en dólares, ¿cómo no podrá hacerse esto, que es mucho menos complicado?”, se preguntó el abogado. Ante el argumento de que habría una avalancha de juicios por daños y perjuicios, lo negó: “Para eso los exportadores deberán probar acabadamente que no se trata de ventas supuestas y demostrar el perjuicio concreto que se les causó, porque en nuestro Derecho no hay nulidades puramente formales”.
Es evidente que protestarán los posibles afectados, como Cargill, Nidera, Aceitera General Deheza, Dreyfus y Bunge Ceval (un grupo de bancos que tomó a Bunge Brasil como operador para sus negocios). Pero hay pocas oportunidades de desmontar una injusticia de un modo tan sencillo. Hacerlo es puro rédito. No hacerlo es pérdida y, además, la posibilidad de que en lugar de la Aduana deba intervenir la Justicia federal por la inacción del Estado ante la perspectiva de una defraudación.