La Oficina Anticorrupción presentó una denuncia penal que involucra a la Gendarmería Nacional por la concesión irregular de un polígono de tiro junto al edificio de la fuerza de seguridad, a cuadras de Puerto Madero. La noticia había sido una primicia de Página/12 y ya derivó en la clausura del polígono en enero último.
Según la denuncia de la OA, que firma Daniel Morín, la Justicia debería imputar a los comandantes Néstor della Bianca, David Desiderio Vargas, Jorge Omar Flipini, Luis Carlos Marín, Eduardo Américo Fieni y Miguel Angel Natarelli.
Los seis habrían cometido los delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con los deberes de funcionario público.
De acuerdo al texto, al que tuvo acceso exclusivo este diario, en la concesión del polígono a una empresa privada “el aumento del monto del canon de tres mil a diez mil pesos es un simple disfraz, porque en realidad el canon en sí desaparece como tal al quedar equiparado con la inversión”. La conclusión de la OA es que “la única ventaja la obtiene, entonces, la empresa concesionaria, para la que todo significará ganancia”.
Para la oficina, no existe “un mero incumplimiento contractual” sino “un deliberado proceder tendiente a afectar los bienes confiados a la administración”.
En cuanto a las negociaciones incompatibles con los deberes de funcionario público, la OA dice que son funcionarios públicos los gendarmes y que hubo dolo porque los responsables conocían los elementos objetivos. “Del relato de los hechos surge que el beneficio perseguido por los funcionarios, o algunos de ellos, involucrados en el trámite de la concesión sería para un tercero: le regalaron a Polígono El Centinela SA la explotación del predio por el término de 10 años”.
En la descripción de los hechos, la OA describe el mecanismo ya expuesto en Página/12.
Primero se llamó a licitación pública, que fue declarada desierta.
Luego la Gendarmería invitó a varias empresas a participar del llamado, previa reducción del canon. La licitación también se declaró desierta.
En un tercer paso dos firmas, el Grupo San Miguel y Coracero hicieron saber su interés en terminar la construcción del polígono, el interés en obtener su explotación por 10 años y la intención de formar un grupo común. Sugirieron, también, un contrato en forma directa.
Natarelli aceptó la recomendación y fue bendecida por Della Bianca. Por el Grupo San Miguel firmó el contrato Cecilia Bruno. Por Coracero, Juan Carlos Luena.
Intervinieron distintas áreas, por ejemplo la de Logística, que hizo observaciones superficiales.
En los pasos, solo el comandante de intendencia Ricardo Fernández deslizó alguna objeción, cuando dijo que “con la información detallada en la propuesta no es factible realizar un análisis económico para determinar la conveniencia de la misma para el Estado nacional”.
Pese a esa crítica, la Comisión Administrativa de Gendarmería, el corazón de los negocios de la fuerza, resolvió celebrar el convenio por diez años con una opción por otros diez años, y un canon mensual de diez mil pesos que se imputaría “a la amortización del capital invertido hasta su agotamiento”.
La OA recabó datos a la Inspección General de Justicia sobre Polígono El Centinela SA. “Los responsables serían el doctor Juan Carlos Luena (presidente), Alicia Lantaron (vicepresidente) y Margarita Elisa Rodríguez (director suplente) y el capital social de doce mil pesos que podría aumentarse al quíntuplo por asamblea ordinaria mediante emisión de acciones nominativas”. Más tarde se desvinculó de la sociedad del Grupo San Miguel SA y entró en su lugar Luis Fernando Ortega Bianchi, sin que la Gendarmería investigara su solvencia.
Entretanto, según dice la OA confirmando de ese modo una información de Página/12, el contrato no respetó el objeto del segundo llamado a licitación y convirtió el polígono en un shopping con concesión de otros servicios.
“Es aquí donde se percibe la manipulación normativa que realizaron el comandante general Miguel Horacio Natarelli, desde su posición de director de Finanzas y luego como presidente de la Comisión Administrativa, junto con los otros vocales y por el entonces director nacional Della Bianca, cuando resolvieron la contratación directa”, sostiene la denuncia penal de la OA.
Así, además de no pagar el canon la empresa concesionaria “obtendría ganancias originadas de la explotación del predio”, con lo cual se incrementaría el capital privado y perdería recursos el patrimonio del Estado nacional. Lo único que ganaría la Gendarmería sería el uso del predio dos veces por semana, de 6 a 12.
La OA está convencida de que “desde un principio existió un accionar abusivo de parte de quienes tenían el poder de administración dentro de la Gendarmería nacional”, para beneficiar a un grupo económico privado, “sin descartar algún tipo de complicidad”.