El Gobierno anunció la puesta en marcha de una investigación para detectar posibles abusos en el mercado de gas licuado de petróleo (GLP). Un día antes, el presidente de la Nación pidió a las empresas productoras una rebaja del precio del combustible envasado. Roberto Lavagna precisó que en un plazo de 60 días se investigará “toda la cadena” de producción y comercialización, desde la refinación hasta su venta al usuario. El ministro de Economía acusó a las empresas productoras de haber “incumplido” el año pasado un acuerdo para estabilizar el precio del gas envasado, después de la devaluación, perjudicando a los sectores más empobrecidos. En el paquete de medidas que componen el Plan Energético Nacional se dispuso un incremento de 15 puntos en las retenciones a las exportaciones de ese combustible. Por si ello no bastara para inducir una baja en el precio de la garrafa de gas, varios funcionarios del Ejecutivo desplegaron ayer una serie de advertencias referidas a los probables abusos en un mercado fuertemente monopolizado.
Lavagna recordó las multas impuestas a YPF SA por operaciones realizadas entre 1993 y 1997 (antes de su compra por Repsol). En aquel momento, se sancionó a la empresa por imponer precios en el mercado interno superiores a los que obtenía en sus exportaciones. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia consideró entonces que la firma estaba incurriendo en “abuso de posición dominante” y la multó, en el año 1999, en más de 100 millones de pesos. “Creemos que la decisión de aumentar las retenciones más (el recuerdo de) las multas impuestas entre 1993 y 1997 y la profundización de los controles para el mercado del GLP permitirán ir normalizando a un sector que toca a unos cuatro millones y medio de argentinos, cuya situación es la menos favorecida”, subrayó Lavagna. Es una forma de recordarles que, al subir las retenciones a las exportaciones de gas licuado, el precio interno del producto debería bajar en parecida proporción, ya que disminuye el precio neto obtenido en las ventas al exterior (técnicamente denominado “paridad de exportación”).
Según estimó ayer el propio titular del Palacio de Hacienda, el resultado fiscal que obtendría el Gobierno por la aplicación del aumento de las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos y derivados rondaría los 225 millones de dólares al año. De dicha cifra, la mitad correspondería a petróleo crudo. Esos valores serían destinados a financiar las obras de infraestructura que integran el Plan Energético.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, aseguró por su parte que el Gobierno “tomará medidas” para que no se produzcan subas en los precios del gas envasado en garrafas e incluso bajen respecto de sus valores actuales. “El Estado argentino tomará las medidas que sean necesarias –además de las retenciones– para que el GLP baje y ello se traduzca en una garrafa mas barata”, puntualizó. La Subsecretaría de Defensa de la Competencia también fue convocada a tomar cartas en el asunto. Patricia Vaca Narvaja, su titular, indicó que dicha área será la responsable de la investigación sobre la actual composición del mercado, su nivel de concentración y el grado de integración vertical, con el objeto de dilucidar el mecanismo de formación de precios.
De acuerdo con datos que maneja Economía, Repsol YPF ostenta una participación del 55 por ciento en la producción de gas licuado –en refinerías de su propiedad o asociada, en Mega y Refinor–, mientras que Transportadora Gas del Sur –operada por Petrobras– tiene el 11 por ciento, a partir de la planta de separación de gases de General Cerri (vecina a Bahía Blanca). La etapa de fraccionamiento también está controlada por Repsol, aunque con una participación similar a la de Totalgaz (alrededor del 22,5 por ciento cada una).
Según sostuvo ayer Vaca Narvaja, los segmentos de la producción y refinación son los que tienen mayor incidencia en la formación de precios –el resto corresponde a la distribución y comercialización– y es a los que les correspondería hacer un sacrificio para bajar los precios. La funcionaria recordó el acuerdo privado entre los productores, a instancias del Gobierno, para evitar una escalada en los precios, que tuvo corta duración. Antes de finalizada su vigencia, volvieron los ajustes paulatinos. Lavagna, ayer, al aludir a aquel acuerdo, señaló que Economía no excluye la posibilidad de un nuevo acuerdo, pero advirtió que esta vez “será indispensable que no se quede en el papel, sino que llegue a la gente”.
Vaca Narvaja advirtió que si el abastecimiento de gas envasado pasara a ser considerado un servicio público, entrarían a tallar ciertas regulaciones sobre la fijación de precios. Indicó que si prosperara alguno de los proyectos sobre el mercado de gas licuado que se encuentran en el Congreso a la espera de tratamiento, el producto quedaría bajo régimen de regulación. Ante los principales directivos petroleros del país, Néstor Kirchner había dicho el martes en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno: “Espero que haya comprensión y se tenga un precio adecuado para el GLP; nosotros dimos un paso, ahora espero que ustedes den otro: no me hagan dar a mí el siguiente”. Ayer empezó a quedar configurado de qué se trataría ese eventual segundo paso.