El 29,3 por ciento de los hogares argentinos no posee provisión de gas natural. De este guarismo, el 85 por ciento consume gas envasado y el 15 restante combustibles sustitutos, como kerosene, leña, papel, etc. Si trasladamos estas cifras a cantidad de personas –ya no hogares–, se obtiene que el 36,1 por ciento de la población nacional carece de gas natural, del cual el 58,2 por ciento se encuentra bajo la línea de pobreza. Este es el sector de la sociedad más vulnerable y afectado por la inclemente suba de precios del principal combustible con que cuentan para combatir el frío y cocinar, verbigracia, el gas en garrafa, conocido técnicamente por GLP (gas licuado de petróleo). Ahora bien, la mayoría de los pobres –que consumen GLP– se encuentran en las provincias del norte de la patria. Estos crueles números desnudan la ineficacia que tendrán las 600 bocas de expendio de la “garrafa social” lanzada por el Gobierno para abaratar los costos de dicho artefacto, y la necesidad de universalizar el subsidio, quizás, a todas las garrafas, ya que ese es el combustible por antonomasia de los pobres. Además, la distribución geográfica de la pobreza destaca que es tarea de la administración nacional rediseñar la dirección de los esfuerzos, y apuntar hacia el norte.
Los datos ofrecidos hasta aquí surgen de un estudio realizado por la Consultora Equis, que conduce el sociólogo Artemio López, con guarismos provenientes del INDEC. Esta semana, el ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció el lanzamiento de una subvención de garrafas de GLP en 600 puntos de venta en todo el país. En esas bocas de expendio, el artículo, cuyo valor de mercado asciende a los 28 pesos por unidad de 10 kilos, se venderá a un valor de entre 18 y 19 pesos, según sea la provincia donde se encuentren.
Los 600 negocios que ofrecerán la garrafa subsidiada parecen una gota en el mar de 100 mil puntos de ventas que hay en el país, según datos de la cámara del sector. Más aún si se toma en cuenta la distribución geográfica del segmento social que más consume este combustible.
Según Equis, hay 13.461.000 personas que no cuentan con provisión de gas natural, de los cuales 10.373.568 son pobres, esto es, el 58,2 por ciento del valor consignado anteriormente. Traducido a cantidad de hogares, el 29,3 por ciento carece de gas natural. Pero no todos estos hogares se encuentran en la misma zona del país. La distribución es la siguiente: en la Región Cuyo (Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja) el 19, 4 por ciento de los hogares carece de gas natural. En el NEA (Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa), 99,7 por ciento de hogares no tiene gas natural. Esta es la región con mayor carencia –casi total– en el país.
En el NOA (Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy), quienes no tienen gas de red son el 41,2 por ciento de los hogares.En la Patagonia (La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego), apenas el 2,2 por ciento de los hogares carece de gas natural, siendo esta la región menos necesitada y mejor surtida. Y en la Región Centro (Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba), el 28,7 por ciento de los hogares no tiene gas de red. En Capital Federal y Conurbano la carencia de gas natural alcanza al 16,4 por ciento de los hogares.
Queda claro cómo se distribuyen las necesidades en la Argentina: el NEA es la zona más afectada por la falta de gas natural (813.000 hogares), siendo la Patagonia la menos. En el trabajo de Equis se señala que “tanto en su distribución espacial como social, la carencia de infraestructura básica que supone la ausencia de provisión de gas natural en el hogar es una problemática específica y muy intensa en las regiones y hogares más vulnerables del país”.
El estudio sostiene que los guarismos expuestos permiten “observar la magnitud de la carencia de obras de infraestructura que soporta el país, herencia de décadas de desinversión en obras de infraestructura” y que “los cortes socioeconómicos y espaciales muestran que son los distritos y segmentos más pobres de la población los de mayor carencia de provisión de gas natural en sus hogares con más del doble de privaciones que el promedio de la población general”.
Habida cuenta de que los sectores más vulnerables de la sociedad son los principales y mayores consumidores del GLP, el estudio de Equis propone que “la fijación pública del gas envasado ofrecido a las familias resulta estratégico como mecanismo antipobreza y, dada la extensión cuantitativa, la heterogeneidad geográfica de la población pobre que utiliza el recurso (1.759.000 personas, de las cuales el 45 por ciento reside en el norte del país) y las restricciones presupuestarias que supone cumplir los compromisos asumidos con los organismos de crédito internacionales, el único mecanismo de control de precio posible es subsidiar con parte de las ganancias empresarias el precio de todo el gas envasado, puesto que no hay posibilidad técnica para iniciar una distribución a escala numérica y geográfica como la que requiere la satisfacción de la carencia de gas natural realmente existente en el país”.
El trabajo de Equis propone crear un subsidio estatal a la totalidad de la producción y venta de garrafas del país y financiarlo con las retenciones a las empresas petroleras y gasíferas que obtienen altísimas ganancias con los excelentes precios de exportación de estas materias que extraen del subsuelo argentino.
Política universal
Consultado por este diario, López –titular de la consultora– consideró que la política del Estado en esta materia debe ser universal “primero porque afecta de una manera plena al universo de alta carencia, segundo porque es imposible tomar 2,5 millones de hogares a través de una red de puntos de venta (a 600 puntos de ventas estamos hablando de casi 4500 hogares por punto de venta)”.
Si tenemos en cuenta que el de las garrafas es un negocio marginal de las empresas petroleras y gasíferas, más debería el Estado accionar en el sector, piensa López, quien destaca que el precio del artefacto está sujeto a la ley de la oferta y la demanda y ésta acciona de una forma perversa en este caso por tratarse de que la mayor demanda está en los sectores de menores ingresos. “Se da la paradoja de que una garrafa cuesta menos en Libertador y Maure que en el segundo cordón de La Matanza”, señala con cierto tino el sociólogo.
Comparando los números del estudio de Equis, la iniciativa del Gobierno para intentar morigerar el precio de la unidad de GLP (en un invierno que se prenuncia crudo debido a la crisis energética que atraviesa el país) es a todas luces insuficiente. Raro sería que los empresarios del sector decidieran, a partir de los anuncios que realizó el ministro De Vido el jueves pasado, frenar el aumento en ciernes del 25 por ciento.
Sin embargo, el Gobierno aún tiene en su manga una carta que podría atenuar la amenaza: otorgar, por ley, el carácter de “servicio público” a la distribución del gas envasado. Para ello debería enviar un proyecto al Parlamento y tanto las comisiones del área cuanto los plenos de ambas cámaras deberían tratarlo antes de que el invierno se instale definitivamente. La tarea no es fácil y acá el tiempo juega en contra del Estado y de los pobres, que utilizan las garrafas para calentarse y cocinar.
Otra media sería, como propone Equis, subvencionar el precio de todas las garrafas y financiarlo con las retenciones de las empresas del sector.