El caserón gris de siete pisos, de frente descuidado, no tiene siquiera el número al lado de la puerta. Pero es el 639 de la calle Solís, casi Chile. Allí funcionan un comedor comunitario y un merendero, y viven 65 familias de argentinos, peruanos, uruguayos y bolivianos que podrían ser desalojadas en breve porque el edificio pertenece a la Anses. Unos treinta jefes varones de esas familias fueron denunciados por ese organismo estatal, están acusados del delito de usurpación y empezarán a desfilar por los Tribunales Federales de Retiro para ser interrogados en declaración indagatoria por el juez Jorge Urso. Sus abogadas insistieron en destacar un antecedente opuesto en el que otro magistrado habilitó el desalojo pero con la condición de que antes se diera una respuesta concreta para satisfacer la necesidad de vivienda de los ocupantes, entendida como un derecho constitucional.
“Cuando asumió el Presidente dijo que no iba a quedar ninguna casa tomada en pie porque todos tenemos derecho a la vivienda. A nadie le gusta vivir acá, pero aunque no quieren casas tomadas no nos dan nada a cambio”, reflexiona Sandra mientras le da el pecho a su hija Celeste.
Adentro, en una esquina del hall hay una canilla abierta que parece abastecer a varios pisos. Unos ciento cincuenta chicos que viven en el edificio y en el barrio ya tomaron la leche en el merendero Fe y Alegría, y ahora juegan por las escaleras. Algunos piden más, y el cucharón vuelve a sumergirse en la olla con mate cocido. “El merendero recibe apoyo en alimentos por parte del Gobierno de la Ciudad”, cuentan las madres que lo atienden. El comedor se sostiene por una red solidaria del Polo Obrero. En otro tiempo allí funcionaron oficinas de la Administración Nacional del Seguro Social (Anses), que depende del Estado nacional, pero desde el explosivo verano de 2002 es una de las varias casas tomadas del barrio de Montserrat. La Anses presentó la denuncia inicial, a la que luego quisieron sumarse algunos vecinos como querellantes.
“La gente propuso pagar un alquiler o que les den créditos pero nada fue escuchado por los directivos de Anses”, explicaron a Página/12 las abogadas Nora Petrillo y Claudia Ferrero, de la Asociación de Profesionales en Lucha en el Polo Obrero. Según ellas, la apertura de un proceso penal contra los ocupantes es una forma de “tratar de sacarse de encima a los pobres, criminalizar la pobreza, discriminar a los extranjeros y expulsarlos a la ilegalidad”. Ferrero precisó que la existencia de una causa abierta no les permite tramitar los documentos de identidad. La letrada comentó que éste no es el único caso, que hay una “seguidilla” y dio como ejemplo otro desalojo a punto de producirse en Virrey Ceballos al 1800, por una causa civil. “Es una política de exclusión”, agregó Petrillo. Además, les sorprende que el juzgado haya convocado sólo a hombres, a pesar de que realizó un censo que evidencia que muchas mujeres son jefas de familia.
Antes de las citaciones a indagatoria fueron enviados sendos oficios al Instituto de la Vivienda y a la Secretaría de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad, y a la Anses. Pero la causa siguió avanzando sin que aparezca ninguna solución para los acusados, que la semana pasada se movilizaron frente a la Jefatura del Gobierno porteño. Tras instalarse en la planta baja recibieron la promesa de que Promoción Social aportaría asistencia legal para intervenir en el caso. “Vamos a seguir movilizándonos para que el gobierno porteño interceda, porque en la ciudad hay terrenos ociosos que no deberían ser destinados a la especulación inmobiliaria, nosotros ya conformamos acá tres cooperativas de vivienda pero no podemos acceder a un techo”, interviene otra mamá (que no quiere dar su nombre porque teme que la despidan de su trabajo). Las abogadas se lamentaron, además, de las “trabas burocráticas” para llegar a escriturar que tienen otras 15 cooperativas.
Los ocupantes del edificio de la calle Perón al 2000 tuvieron un problema similar con la Justicia, pero recibieron un enfoque diferente. Lajueza federal María Servini de Cubría resolvió que el desalojo sólo podía producirse cuando las autoridades hubieran cumplido con lo que establecen los tratados internacionales incorporados a la Constitución, que resguardan el derecho a una vivienda digna.
Los chicos quieren más, y mientras hacen cola para recibir otra taza caliente piden que les saquen una foto. Sandra mira la escena repetida porque hace un año que vive ahí. Tiene cinco hijos y su marido vende flores en la avenida 9 de Julio. Cuenta que la convivencia es buena porque todo se decide en reuniones de asamblea, donde participan los delegados de cada piso. Y mientras abre la puerta de calle, acomoda a Celeste que se quedó dormida en sus brazos.