Finalmente, luego de tres meses de marchas y contramarchas, el Gobierno reglamentó el programa para jefes y jefas de familia, que otorgará un salario de 150 pesos a los desocupados con hijos en edad escolar. La iniciativa implica que por primera vez habrá un criterio de distribución universal para asignar los planes de empleo, con lo cual los programas dejarán de ser, si la letra de la ley se cumple, una dádiva repartida por los punteros para convertirse en un derecho del que no tiene trabajo. El plan abarcará a un millón doscientos mil beneficiarios. El número de desocupados en todo el país supera hoy las tres millones doscientas mil personas.
El programa será anunciado oficialmente esta noche por el presidente Eduardo Duhalde. Si el dato central del plan social es su extensión, una novedad de peso es que el programa podrá utilizarse para ayudar a empresas en problemas a pagar los sueldos, un mecanismo que hasta ahora había sido rechazado por el riesgo de bajar el piso de los salarios a 150 pesos.
Esta nueva función prevé la firma de un acuerdo entre la patronal y el sindicato, homologado por el Ministerio de Trabajo, por medio del cual las empresas se comprometerán a completar la diferencia entre el subsidio y el salario básico de convenio, más cargas sociales. El acuerdo obligará a su vez a los empresarios a no efectuar despidos.
Para los desocupados, la inscripción para acceder a un plan estará abierta hasta el 15 de mayo en los consejos consultivos creados en cada municipio. Para anotarse deben llevar su DNI, la partida de nacimiento o el documento de sus hijos menores, el certificado de escolaridad y el de vacunas. No se necesita ni intermediarios ni gestores para hacer el trámite, que se firmará como una declaración jurada.
Hasta ahora ya se distribuyeron 460 mil planes de este programa. La apuesta oficial es triplicar rápidamente –de aquí a junio– el número de beneficiarios. El nuevo paquete se financiará con retenciones a las exportaciones agrícolas y petroleras.
En el Ministerio de Trabajo ya está lista la campaña publicitaria con afiches para la vía pública y avisos para televisión, radio y diarios. “Será una campaña estrictamente informativa”, prometieron ayer en el área, donde están diseñando los últimos detalles de un servicio telefónico 0-800 con 50 líneas que funcionará las 24 horas. La campaña informativa hará eje en que el subsidio no es un regalo sino un derecho. Todos los impresos llevarán una faja azul con la frase “no acepte intermediarios ni gestores”.
El titular de Trabajo, Alfredo Atanasof, mostró este material –por separado– a los piqueteros, la CGT oficial de Rodolfo Daer y la CTA de Víctor De Gennaro, en una ronda cuyo principal objetivo fue conseguir respaldo político. Tanto Daer como D’Elía y Alderete, a quienes se ofreció integrar el organismo nacional que administrará los planes, apoyaron la iniciativa (ver aparte). De Gennaro, con una postura más crítica, consideró que “no es universal, ni cambia el mercado de trabajo” y anticipó que la CTA va a esperar “a conocer el decreto antes de responder la invitación”.
El perfil que finalmente se dio al Plan Jefes y Jefas de Hogar recorta relativamente el poder el de las organizaciones de desocupados, que en los últimos tres años llegaron a manejar el 9 por ciento de los planes de empleo, mientras el resto se distribuía a través de los circuitos tradicionales de los partidos políticos. Con el nuevo criterio de distribución, parte de las prácticas clientelísticas perderán sentido. Si bien el criterio de asignación del plan es universal, su cobertura todavía está lejos de serlo: el conjunto de desocupados jefes de hogar con chicos en la escuela es apenas el 30 por ciento del universo de jefes de hogar ubicados por debajo de la línea de pobreza.