María Julia Alsogaray tendrá este viernes una agenda convulsionada. Podría romper el silencio en la causa por enriquecimiento ilícito y es posible que el tribunal oral que la juzga anuncie su veredicto en esa misma audiencia. Terminará, así, un proceso contra la ex funcionaria, pero el mismo día podría recibir la noticia de que comienza otro: el juez Rodolfo Canicoba Corral planea firmar la elevación a juicio del expediente que la llevó a la cárcel. Es por el pago de sobreprecios y la contratación de sus amigos en la remodelación de la Secretaría de Recursos Naturales.
La etapa de debate en el juicio oral por enriquecimiento ilícito quedó cerrada ayer al mediodía después de la réplica que formuló el fiscal Oscar Amirante a varios puntos del alegato de Pamela Bisserier, la defensora oficial de Alsogaray. Fue una audiencia de media hora, en la que el presidente del Tribunal Oral 4, Horacio Vaccare, anunció que el viernes a las 12 la ex interventora de ENTel tendrá la oportunidad de decir, si quiere, sus “últimas palabras” y ejercer una suerte de defensa personal como paso previo antes de conocer la sentencia.
Es factible que María Julia hable, algo que no hizo en más de un mes de juicio, según comentan a su alrededor. Y lo haría más aún teniendo en cuenta que su letrada ayer no hizo en su nombre ninguna clase de contestación ni acotaciones. Se verá.
Amirante refutó un pedido de Bisserier para que se anule un análisis patrimonial que hizo Eduardo Laurence, un integrante del Cuerpo de Peritos de la Corte, que fue utilizado contra Alsogaray por el juez federal de instrucción Juan José Galeano. La defensora pública había objetado toda su intervención porque, sostuvo, no es perito. El fiscal rebatió: “Nunca dije que hizo una pericia, siempre lo califiqué como un informe contable”. Agregó que también hubo una pericia oficial y otra de parte que fueron tomadas como prueba y –según allegados a la causa– sembraron dudas sobre la existencia de un contrato con Astilleros Alianza que María Julia presentó para justificar un ingreso de medio millón de dólares.
Otro tema que retomó la fiscalía fue la discusión sobre la ley secreta 18.302 (derogada en 2001) con la que la ex funcionaria justificó el cobro de 622 mil pesos de gastos reservados como sobresueldos. Al planteo de Bisserier de inconstitucionalidad de esa norma, Amirante contestó que el carácter secreto no la invalida. Si bien no fue publicada, señaló que es aplicable a quienes ocuparon cargos públicos “y más a una persona que fue funcionaria durante veinte años”. Más a vuelo de pájaro, rechazó el reclamo de inconstitucionalidad de la figura de enriquecimiento ilícito que impulsa la defensa de María Julia (por tratarse de un delito en el que el imputado debe demostrar su inocencia y no la Justicia).
Sobre todas estas cuestiones, será el tribunal oral quien tendrá la última palabra. En teoría, revelará su decisión el mismo viernes, aunque según lo que ocurra ese día cabe la opción de que difiera su anuncio para la semana siguiente. Si los jueces Vaccare, Leopoldo Bruglia y María Cristina San Martino siguen el criterio de la fiscalía, podrían condenar a Alsogaray a cuatro años de prisión (efectiva), ordenar el decomiso de 1.300.000 dólares de sus bienes para que indemnice al Estado e inhabilitarla para ocupar cargos públicos. Si la absuelven o le dan una pena menor en suspenso, igual seguirá detenida por la causa de las irregularidades en la refacción del edificio de Medio Ambiente.
Fue el juez Canicoba Corral quien procesó hace nueve meses a la ingeniera y ordenó que fuera presa por el pago de sobreprecios millonarios y contrataciones directas con favoritismo evidente cuando era secretaria de Recursos Naturales. La Cámara Federal confirmó en diciembre la prisión preventiva, dada la gran cantidad de procesos que tramitan en su contra. El magistrado, según pudo saber Página/12, prepara una resolución que firmaría hacia el final de la semana en la que dispondrá la elevación a juicio oral de este expediente. Esto obligará a María Julia a sentarse nuevamente en el banquillo, esta vez por el delito de administración fraudulenta, que prevé hasta seis años de prisión.
A esa figura, de todos modos, podrían sumarse otras imputaciones como peculado, que tiene una pena máxima de diez años. Canicoba conduce, por otro lado, derivaciones de esta investigación que apuntan a establecer si, además, la ex secretaria lideró una asociación ilícita en la función pública. Su destino parece más cercano a las rejas que a su petit hotel.