Imagine, lector, a un ladrón de gallinas, que se dedique a romper alambrados, cortar alarmas, y eventualmente cortarle el pescuezo a algún gallo gritón. Imagine, ya que estamos, que nuestro hombre cometa un robo de gallinas por mes durante cinco años, en distintos gallineros de surtidos barrios, totalizando la bonita suma de sesenta robos. De acuerdo a un proyecto de ley que tiene media sanción de Diputados y que está analizando el Senado, si tiene la mala fortuna de ser apresado y juzgado, debe corresponderle una pena entre un mes y 50 años de prisión. ¿Le parece mucho el máximo, superior al que le cabría al violento primo de nuestro ladrón, que “apenas” mató a un vecino de consorcio y puede ir “nada más” que 25 años a la cárcel? Es que así se legisla en el Congreso autóctono, tan sensible a la voz de la calle.
El proyecto de ley en cuestión no refleja un gran esfuerzo. Tiene un solo artículo que insume algo menos de siete renglones. Reforma el artículo 55 del Código Penal y establece que la pena máxima por haber incurrido en varios “delitos independientes” es “la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos”. En nuestro ejemplo-fábula, la máxima por robo son seis años, suma que multiplicada por 60 delitos daría una condena máxima de 360 años. Pero la norma, piadosa, fija 50 años como tope de la condena por sumatoria de penas. La ley habilitaría a los jueces una discrecionalidad extrema, que puede conducir a extremos dislocados.
Es sabido que Diputados, buscando descomprimir la presión social personalizada en Juan Carlos Blumberg, sancionó una serie de leyes cuyo mínimo común denominador era agravar las penas, en algunos casos a niveles risibles, sin el menor rigor. Este proyecto es un botón de muestra.
Algunos senadores se han mostrado más puntillosos que la mayoría de los diputados. El radical Jorge Agúndez viene pregonando que el proyecto debe ser mejorado. Propone que la suma aritmética sólo proceda cuando se trate de delitos graves, lo que aliviaría al chorro de gallinas de sanciones mayores a las de un homicida. Blumberg relató en declaraciones televisivas que Agúndez le explicó su posición y dejó constancia de no compartir los pruritos del senador puntano. “Por eso se empieza”, definió el padre de Axel, justificando su recurrente pedido de acumulación de penas, que Diputados atendió como un delivery. Agúndez, empero, ya conversó con Miguel Pichetto, titular del bloque de senadores del PJ, y todo indica que el proyecto será mejorado y por ende devuelto a Diputados. Quizá, la mayoría pejotista de la Cámara baja tenga entonces una oportunidad para reflexionar sobre el arte de legislar.
El ejemplo sería preocupante por sí solo. Pero lo es aún más pues revela una tendencia de la política oficial, a partir del Plan de Justicia y Seguridad. Sacudido por la Cruzada Axel, el gobierno propuso una embestida supuestamente enderezada contra lo que suele llamar “crimen organizado”. Esto es, contra el delito en bandas que cometen crímenes complejos y que de ordinario tienen cierta sofisticación, redes políticas o policiales y capacidad logística.
Los crímenes que cometen esas redes son más graves. Se tratade los que atraviesan distintas jurisdicciones políticas y los que generan mayor repercusión en la sociedad: secuestros, tráfico de drogas, desarmaderos, redes de prostitución. Se suponía que los ladrones de gallinas no debían llevársela de arriba pero que no eran el principal objetivo. Pero, por razones que habrá que determinar (que en ningún caso excluyen la ligereza) el abordaje legal tiene a ensañarse, por designio o por omisión, con los perejiles. Y a perder densidad respecto del delito más sofisticado.
Otro ejemplo preocupante es la Agencia Federal prometida por el ministro de Justicia Gustavo Beliz, ese sucedáneo autóctono del FBI que en teoría se direccionaba hacia el “crimen organizado”. La idea más racional y coherente en ese rumbo fue propugnada hace tiempo por Marcelo Saín. Es formar un cuerpo de elite, capaz de “saltar” jurisdicciones y concentrado en delitos graves. “Dos mil tipos que practiquen tiro, hagan gimnasia todos los días y tengan talleres con psicólogos para capacitarse en el manejo de los secuestros. Que ganen tres lucas por mes, pero que sean de primera”, se entusiasmaba un ministro del actual gobierno, que no es Beliz. Más allá de los detalles, aun de los estipendios, el concepto lógico es combatir el delito “de primera” con una fuerza de primera. Si se permite una chanza, dos mil Harrison Ford, en vez de los adiposos compradores de pizzas que aprietan travestis como modo de vida.
Pero hoy día el proyecto de Agencia, profesional, capacitada y nueva, languidece en alguna oficina gubernamental. Poco se habla del tema y lo que se habla es contradictorio y de temer. En sus (escasos) diálogos con legisladores nacionales Beliz ya no describió de una fuerza especial y flamante. Ahora mentó un cuerpo que aglutinaría y coordinaría a uniformados de distintas procedencias: gendarmes, prefectos, policías varios. O sea, algo bien distinto a un grupo calificado y especializado. Agrega el riesgo de una tropa feudalizada, ya que dada la idiosincrasia de las fuerzas de seguridad es dable pensar que los uniformados que se plieguen a la nueva agencia serán verticales con sus “jefes naturales”, es decir con los de sus fuerzas de origen. Para redondear, aunque se insiste en que todo se habla con sordina, se mencionaba como eventual conductor del engendro a una alta autoridad de la Federal con preocupante currIculum. Más aún: esa alta autoridad pasó a disponibilidad en la última purga. Su conducción política sería el secretario de Seguridad Interior, Norberto Quantín. El Centro de Estudios Legales y Sociales emitió un documento, que publicó este diario, criticando la creación de una cuarta fuerza de seguridad federal, que se sumaría a Gendarmería, Policía Federal y Prefectura. Que se sepa, la iniciativa tiene fuertes rechazos dentro del mismo Ejecutivo, allende las oficinas del Ministerio de Justicia, y el hecho es que hasta ahora el presidente Néstor Kirchner prefirió sanear la Federal e intentar verticalizarla antes que crear un nuevo monstruo.
Legislar y gobernar es difícil. Hacerlo oyendo el ulular de la “gente”, una tarea ardua. Ninguna de esas tribulaciones autoriza a caer en el autoritarismo o a desviarse del espíritu de lo que se prometió en público. Proyectos paridos con urgencia o irreflexión, como los que vienen de comentarse, tienen la curiosa característica de meter miedo sin ser delitos.