“Las muertes deben ser esclarecidas y debe llegarse a la verdad por el bien de la República.” No fueron los fiscales quienes realizaron esta afirmación. Tampoco la jueza que investiga la brutal represión desatada en la Plaza de Mayo el pasado 20 de diciembre. La categórica frase forma parte del escrito que presentó ayer Fernando de la Rúa ante la magistrada que, tras idas y vueltas, decidió indagarlo ayer no por la represión, sino debido a la detención ilegal de 29 de las 200 personas arrestadas ese día alrededor de la Plaza. Como si nada hubiese tenido que ver con los episodios, el ex presidente reconoció que se enteró de las muertes por los medios, pero no explicó por qué –cuando tomó contacto con las noticias– no exigió parar la represión y averiguar exhaustivamente qué es lo que estaba ocurriendo. Exigencia que bien podría haber sido tan categórica como la fatua declaración presentada ayer y que abre esta crónica. La jueza María Servini de Cubría se ajustó al expediente e impidió a los fiscales preguntar sobre los homicidios de aquella oscura jornada. De la Rúa salió por la puerta de atrás de los Tribunales y, desde ayer, descansa nuevamente en su campo de Pilar.
La sorpresiva aparición del ex presidente ayer a la tarde en Tribunales tuvo como anticipo la presencia de sus defensores en el juzgado de Servini de Cubría por la mañana. Según explicó Virgilio Loiácono, la intención era acelerar la citación a indagatoria cuya fecha estaba pendiente, porque De la Rúa está “preparado y ansioso por declarar”. La magistrada entendió el mensaje. No había nada más que esperar y lo convocó para las 15 en su despacho del Palacio de Tribunales, donde en realidad atiende sólo los asuntos electorales. Los letrados no esperaban una decisión “tan apresurada” pero enseguida avisaron a su cliente y confirmaron su presencia para la hora señalada. La inmediatez de la citación y el lugar elegido generó sospechas. Y el sainete continuó.
El fiscal federal Luis Comparatore se quejó por escrito argumentando que “la trascendencia del imputado y del caso” requieren que la notificación de la audiencia sea efectuada con antelación suficiente para que la fiscalía tenga preparado su cuestionario. También mencionó que no se estaba respetando el orden lógico de indagar de abajo hacia arriba en cuanto a las responsabilidades de los ex funcionarios imputados. De hecho, el ex ministro del Interior Ramón Mestre está imputado pero aún no fue convocado a declarar, mientras que el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos están procesados y detenidos.
Servini le respondió que la presencia del fiscal en la indagatoria no era indispensable y ratificó la medida. Pero cuando Comparatore, junto al fiscal Patricio Evers y el secretario Sebastián Basso llegaron a la sede de Talcahuano el despacho de la jueza estaba desierto. “La suspendí”, respondió Servini algo ofuscada ante los cronistas acreditados que la consultaron sobre la audiencia. Sin embargo, a esa hora De la Rúa ya viajaba hacia los tribunales de Retiro mientras un movilero de televisión afirmaba que estaba llegando en helicóptero. Cuando el automóvil azul con vidrios polarizados arribó, los policías que custodian el edificio de Comodoro Py 2002 sólo atinaron a abrir el acceso por el que pasan todos los días los presos del juicio oral por el ataque contra la AMIA. De la Rúa ingresó por allí y desde el subsuelo fue conducido al tercer piso, cuyo acceso fue vedado por completo para preservarlo de cualquier incursión de la prensa. Cuando le pidieron los documentos sacó una gastada libreta de enrolamiento.
En su escrito (ver aparte), que abunda en argumentos constitucionales pero esquiva la cuestión penal, De la Rúa mencionó a los cinco muertos con su nombre y apellido, y reiteró que la información policial que obtuvo Mathov aquella tarde indicaba que no había fallecidos. Sin embargo, Santosdeclaró ante Servini que cinco minutos después de esa conversación se volvió a comunicar con los ex funcionarios para rectificarse porque el comisario Raúl Andreozzi le había confirmado que sí hubo homicidios. De hecho, en las pantallas de la sala de situación de la Policía Federal tienen las señales de los canales de noticias, de aire y cable. Y ayer De la Rúa admitió que lo sabía por los medios.
“No nos dejaron preguntar por las muertes y la indagatoria sirvió para cuestiones formales y nada más”, se quejaron los fiscales. Según contó a este diario uno de ellos, cada vez que querían avanzar sobre qué pasó el 20 de diciembre los defensores protestaban y la jueza les rechazaba la pregunta. “En definitiva, De la Rúa venía preparado y otra sería la historia si hubiéramos podido interrogarlo sobre otros temas”, se quejó el fiscal Evers ante este diario. La fiscalía pidió una ampliación de la indagatoria para poder abordar la cuestión pendiente, pero más allá de lo que decida la jueza es clave qué posición adoptará al respecto la Cámara Federal. La Sala I de ese tribunal tiene que decidir sobre las apelaciones presentadas al procesamiento de Mathov y Santos, dado que Servini omitió acusarlos por los asesinatos. “En algún momento la jueza deberá decidir si lo procesa o lo sobresee por las muertes, más allá de lo que decida con respecto a la detenciones ilegales que ahora le imputó”, razonó uno de los investigadores. Para esto último Servini tiene diez días de plazo.
“Por favor, doctor, un poco más despacio”, pidió el escribiente que tipeaba la declaración. “Pero si yo hablo despacio”, replicó el ex presidente –saco azul, pantalón gris y zapatos marrones acordonados–
a quien los testigos de la audiencia vieron “sólido y tranquilo”. Esas fuentes describieron que fue “muy meticuloso” al analizar las pruebas en su contra que le exhibieron y al pedir rectificar algunos párrafos del acta de su declaración. A las 18 cuando culminó el agitado trámite, Loiácono, Almeyra y Zenón Ceballos se alejaron caminando hacia Retiro, satisfechos con la labor cumplida. “Es significativo que la jueza lo haya dejado libre”, comentó optimista su abogado defensor Miguel Almeyra ante Página/12.
De la Rúa abandonó Tribunales con una sonrisa en los labios y volvió libre a su quinta de Pilar, pensando quizá que lo peor ya había pasado y que no volvería a pisar un juzgado. Al menos, no por la masacre de Plaza de Mayo.