Dos de los abogados defensores del ex presidente Fernando de la Rúa, Miguel Almeyra y Virgilio Loiácono, consideraron que el descargo de su cliente ante la jueza Servini de Cubría resultó “suficiente” como para seguir en libertad. Al término de la declaración de De la Rúa, los letrados coincidieron en que se enteró de las muertes en una charla telefónica con el entonces secretario de Seguridad Enrique Mathov “a última hora”. Loiácono explicó que “tampoco la jueza tenía conocimiento” de las muertes “más que a través de los medios, que no suelen ser fidedignos”. Y agregó que es “sumamente improbable que se lo vuelva a citar” para preguntarle por los homicidios, tal como pretenden los fiscales. Loiácono explicó a Página/12 que a las 17 del 20 de diciembre De la Rúa firmó un decreto por el cual puso a disposición del Poder Ejecutivo nacional a 29 personas que estaban alterando el orden público y que fueron arrestadas en el marco del estado de sitio que regía desde el día anterior. “Allí hizo uso de sus facultades de Presidente y eso es indiscutible”, apuntó el abogado. Sin embargo, admitió que la imputación contra De la Rúa es haber hecho un uso abusivo de esa facultad. Cuando este diario le preguntó si la fundamentación de las detenciones figuró en el decreto el letrado respondió que “no hace falta poner eso”. Justamente los fiscales apuntan a ese aspecto, y de hecho todos los detenidos de aquellos días recuperaron su libertad porque el juez de instrucción que estaba de turno consideró que el decreto presidencial no estaba debidamente fundamentado.