“No estoy de acuerdo con la postura fascista de este Congreso. Estamos sentando las bases de un Estado que formalmente será de derecho, pero que resolverá con el Código Penal la incapacidad para resolver la inclusión social”, dijo la bonaerense Diana Conti cuando argumentó en contra de la nueva reforma del Código Penal realizada ayer por el Senado. En esta ocasión, la Cámara alta introdujo un nuevo criterio para la suma de penas cambiando la redacción del artículo 55. También estableció que el máximo de esa sumatoria no podrá exceder los treinta y siete años y medio de prisión. De esta manera modificó lo aprobado por Diputados, que había definido que el máximo sería de cincuenta años. La iniciativa aprobada contó con los dos tercios de los votos, lo que obliga a la Cámara baja también a alcanzar dos tercios para insistir con su voto anterior.
Cincuenta y tres senadores votaron por el sí. Entre los cinco que votaron por el no estuvieron la porteña Vilma Ibarra, Diana Conti y Rubén Giustiniani. Dentro de la bancada oficialista se abstuvo la mendocina María Cristina Perceval y el salteño Marcelo López Arias, quien a la hora de votar estuvo ausente. “Me excede el tema”, se le escuchó decir a la santacruceña Cristina Fernández de Kirchner cuando eligió retirarse del debate.
El proyecto aprobado fue originalmente redactado por el bonaerense Jorge Casanova y la riquista Mirta Pérez. Los dos en consonancia con los reclamos de Juan Carlos Blumberg. La redacción final se discutió hasta último momento. A tal punto que los legisladores no tuvieron copia del mismo sino hasta la hora de votar. Entre los que se pronunciaron por el no también se enrolaron los tucumanos Ricardo Bussi y Delia Pinchetti. Claro que ellos lo hicieron por motivos diferentes a los de Conti, Ibarra y Giustiniani. Los dos senadores de Fuerza Republicana estaban de acuerdo con los diputados en que el máximo de las acumulaciones tendría que ser de cincuenta años. Todo el debate transcurrió con la fiscalizadora presencia del cruzado Blumberg, que siguió el debate desde el primer piso.
El martes, en la Comisión de Asuntos Penales, los juristas Héctor Magariños, Lucila Larrandart, José Mandalunis, Marcos Sal, Marcelo Buido y Cristina Camaño prácticamente les rogaron a los senadores no modificar el artículo 55. Definieron que este punto era un núcleo de los aspectos doctrinarios del Código Penal. También dijeron que establecer los máximos suele ser una atribución de los magistrados.
Al defender la iniciativa y el tope de 37 años y medio como máximo, el rionegrino Miguel Angel Pichetto dijo que estaba en concordancia con las definiciones de la Cámara de Casación Penal. Repasó algunos casos emblemáticos y recordó el del Clan Puccio. Al hablar de Alejandro Puccio, dijo que luego de trece años de prisión ahora sale a trabajar. “Si hasta estudió y se recibió de abogado. Bueno, en este país se recibe cualquiera.” La mayoría de los presentes se miraron sorprendidos.
“Bienvenida la educación en las cárceles”, retrucó Ibarra. La senadora porteña comenzó diciendo que “las penas no tienen que ser más duras o más blandas, sino justas”. La legisladora se mostró molesta porque a esta iniciativa el oficialismo la presenta como un agravamiento de penas, cuando en realidad puede significar un descenso de los máximos. La legisladora también resaltó que muchas de las normas y criterios están en discusión con la Constitución y algunos tratados internacionales incorporados a ella. “De qué estamos hablando, señor Presidente. Si vamos a hablar de derecho de represalia, si vamos a considerar que hay personas que no pueden adaptarse a la sociedad y que se las quiera apartar de la sociedad entonces discutamos la Constitución”, concluyó Ibarra.
El salteño Marcelo López Arias pidió permiso para abstenerse, pero a la hora de votar eligió no estar en el recinto. Alertó sobre las constantes modificaciones que se le están realizando al Código Penal y dijo que se alteró su lógica interna. El dato no es menor y muestra que el proyecto votado fue muy revulsivo para el oficialismo. Tanto fue así que la ausencia de Cristina Kirchner en el debate tuvo como principal fin no enfrentarse con la posición oficial de su bancada. Claro que también rehuyó definirse. Con el peso que su opinión tiene tanto en el Senado como en la opinión pública.
Fue la bonaerense Conti la primera voz que pidió una definición pública del presidente Néstor Kirchner. “Tiene la capacidad de vetar el desastre que estamos votando”, dijo la frepasista. “Vamos a lograr que cuando los jueces no tengan lugar donde poner a los presos que estamos encarcelando con estas leyes nos los traigan al Senado”, acotó. Esto le pasó al ministro bonaerense Juan Pablo Cafiero. Un juez, mediante orden escrita, le remitió a su despacho a cuatro personas esposadas para las que no encontró lugar en las cárceles bonaerenses.
“En este Senado hemos sido respetuosos con el señor Blumberg, no sé si con su esposa, ya que no sé cómo piensa ella. No la vi nunca en los medios”, sostuvo la bonaerense frente a la pétrea mirada del padre del joven Axel. A casi dos meses de la cruzada Blumberg, algunos legisladores se animaron a criticar por primera vez al hombre tan mimado por los medios de comunicación. Sin embargo, a la hora de votar no cambiaron el rumbo y eligieron seguir jugando a un juego conocido. Como si más penas, más dureza, más castigo fuera la milagrosa llave que puede solucionar la inseguridad.