Distintos organismos de derechos humanos solicitaron al juez Rodolfo Canicoba Corral que detenga al coronel Rubén Visuara, quien participó la semana pasada de la cena en el Regimiento de Patricios y fue denunciado el martes ante la Justicia por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Visuara está imputado en la causa en la que se investigan los crímenes cometidos durante la última dictadura militar en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército. Como jefe de la patota de la SIDE, es responsable de la desaparición de quienes estuvieron detenidos en Automotores Orletti y otros centros clandestinos.
Uno de los pedidos para que se concrete la detención de Visuara es del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que patrocina a las familias de los legisladores uruguayos asesinados en Buenos Aires Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Carolina Varsky, abogada de ese organismo, y su colega uruguaya Hebe Martínez se entrevistaron ayer con el juez, a quien le solicitaron que profundizara la investigación sobre los secuestros de Michelini y Gutiérrez Ruiz y reiteraron la solicitud de arresto contra Visuara, a quien habían denunciado, junto con el resto de los represores de la SIDE, al presentar en febrero la querella por el caso de los uruguayos.
Martínez le pidió al juez que citara al ex canciller uruguayo Juan Carlos Blanco y al ex presidente José María Bordeberry, quienes también están siendo investigados en su país por el asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz. Además, Blanco estuvo preso por la desaparición de la maestra Elena Quinteros y Bordeberry tiene abierta una causa en la que está imputado por haber realizado el golpe de Estado.
La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, entre otras agrupaciones, también denunciaron y pidieron el martes el arresto de Visuara, junto con el de otros siete represores. El coronel debe responder a la Justicia por al menos 60 casos de secuestros, entre ellos, el de Carla Rutila Artés y su madre. También está acusado por el asesinato de Marcelo Ariel Gelman, la desaparición de su mujer, María Claudia Iruretagoyena y la apropiación de la hija de ambos. Estas presentaciones se completaron con la denuncia hecha por la Cancillería en base a un viejo expediente militar en el que miembros de la SIDE dan detalles sobre la estructura del organismo en los años del terrorismo de Estado.
Entre los compañeros y subordinados de Visuara, dentro del grupo de tareas que operó durante la última dictadura en la SIDE, que también están acusados en esta causa, están el vicecomodoro Néstor Guillamondegui, antecesor de Visuara en la comandancia del Departamento de Operaciones Tácticas 1 y el general Rodolfo Cabanillas, que fue relevado de la comandancia del II Cuerpo de Ejército en 1999, después de que el poeta Juan Gelman denunciara que había participado de la apropiación de su nieta. Completan la lista los agentes de la SIDE Eduardo Alfredo Rufo, Miguel Angel Furci y César Alejandro Enciso, el suboficial del Ejército Orestes Vaello y el agente del Batallón 601 Andrés Francisco Valdés.
Canicoba Corral tomó nota de todas las presentaciones relacionadas con Visuara y Automotores Orletti. Sus colaboradores señalaron que el magistrado tiene pensado profundizar la investigación que llevaría al coronel a la cárcel, pero antes espera ordenar la detención de otros represores en cuyos casos se encuentra trabajando. Se trata de miembros del Ejército que ocuparon las jefaturas de áreas o zonas militares en las que se dividió el país durante la dictadura.