Felipe Solá encontró la fórmula para ganarse los odios –o más bien los comentarios socarrones– de los principales voceros del Gobierno. Empujado por el paro de docentes y empleados de la provincia, el gobernador se quejó por la “poca comprensión” del Ejecutivo. Primero por radio y luego en un acto en la localidad de Tapalqué, Solá pidió que la Nación “cumpla con lo presupuestado” y pague “lo que debe”. También reclamó “lo que está asentado por la Ley de Coparticipación” y se preguntó si él no estaría “sancionado” por haberse opuesto a esa norma. La respuesta de la Rosada llegó a través del ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien le recomendó que buscara “otras formas” de plantear sus quejas, y del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que prefirió la ironía.
“Kirchner sabe que tiene mi respaldo político y público a las medidas que impulsa para la reconstrucción nacional pero también sabe que como gobernador tengo el deber de defender a los bonaerenses”, aseguró Solá en una recorrida por Tapalqué, una localidad del interior bonaerense. También dijo que la provincia está “discriminada” en el reparto de la coparticipación. Y subrayó que los “excedentes fiscales” deberían repartirse en forma equitativa para que Buenos Aires pudiera hacer “anuncios similares” a los de la Nación: se refería al aumento salarial para los estatales que el Gobierno concedió hace un mes.
Solá había usado los mismos argumentos a la mañana, en una radio. Allí había dicho que necesitaba “más diálogo” con el Gobierno y se había quejado porque el Ejecutivo le debía dinero a la provincia. “No me refiero sólo a la Ley de Coparticipación Federal futura, sino también a las acreencias que tengo: la Nación nos debe plata y no hemos conseguido hasta ahora que nos la dé”, se quejó. Se refería a una suma de 470 millones que el Gobierno debía girar a Buenos Aires en concepto de transferencia de institutos terciarios y para cubrir el déficit del sistema previsional.
El tono de las declaraciones de Solá generó reacciones en el Gobierno: mientras Aníbal Fernández le pedía que buscara “otras formas” de protestar, el jefe de Gabinete ironizaba diciendo que el gobernador “debe tener problemas en sus líneas telefónicas”. En esa reacción mucho tenían que ver los dichos de Solá a la revista Debate, donde dijo que no se sentía “incorporado al proyecto de Kirchner”. En dicho reportaje le preguntaron por qué pensaba que el Presidente había usado la expresión “Felipe es Felipe” en una reciente entrevista de Página/12. “Supongo que porque no está conforme con actitudes mías”, respondió el gobernador.
Pero además de lamentarse por la “poca comprensión” del Ejecutivo, en la gobernación se quejaban por el impacto que tuvo el aumento que la Nación otorgó a los empleados públicos. Es que no se trata sólo de los vaivenes de una relación –el lunes Kirchner canceló una visita a Florencio Varela en la que iba a encontrarse con Solá– sino también de problemas que están afectando la gestión. De hecho, ayer se cumplió el tercer día del paro de los estatales y docentes de la provincia (ver aparte). “Hoy pararon al estado provincial, no hubo escuelas, no hubo hospitales con guardias”, admitían anoche cerca de Solá.
En La Plata dicen que la bronca no deriva de la coparticipación: saben que el Gobierno quiere esperar hasta acordar con los acreedores externos para luego discutir con las provincias cómo se reparte lo que quede de superávit. “No tenemos mala leche, pero el problema es que no hay diálogo político. Hay incertidumbre. En todos los temas respondimos bien: se nos pidió ir a fondo en seguridad y en el Servicio Penitenciario y lo hicimos. Pero ahora tenemos tres días parado el estado provincial y no nos llaman, ni tampoco nos dicen nada”, protestaban. Y para ilustrar los problemas mencionaban una cifra: si Solá quisiera otorgar un aumento como el de la Nación el costo sería de unos 700 millones de pesos.