La Cámara Federal de Mendoza dictó un fallo en el que ordena al Juzgado Federal Nº 1 reabrir una serie de causas que investigan el destino de ciudadanos desaparecidos durante la última dictadura militar en la provincia y que apuntan a identificar y juzgar a los culpables de las desapariciones. Al hacerlo, el tribunal apela a la “legislación vigente”, es decir, a la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, sancionada por el Congreso Nacional en marzo pasado por impulso del presidente Néstor Kirchner. En el fallo, el tribunal sostuvo que las leyes de impunidad “constituían un obstáculo de índole procesal”. A continuación agrega que la declaración de nulidad de ambas normas cambió por completo la situación. “Nos encontramos ante un marco normativo diferente de aquel que rigió durante la sustanciación de las causas. Por ello, y en atención a la nueva normativa no sólo de carácter sustancial sino de naturaleza procesal que rige en la actualidad”, se ordena al juzgado de primera instancia reabrir las causas. Como fundamento, la Cámara de Mendoza cita el criterio empleado por la Cámara Nacional Criminal y Correccional en la causa contra el represor Guillermo Suárez Mason. Se apela a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.