“Ahora tenemos que dedicarnos a vender bonos”: comentan que comentó Roberto Lavagna ante oídos de su confianza. Es una forma de decir, claro, porque faltan una serie de recaudos y engorros bursátiles para que esa venta comience a ser posible. Pero lo que el ministro de Economía quiso significar es que la Argentina pasó de pantalla, tras presentar su oferta de pago a los acreedores privados. Ese cambio de rango implica, a los ojos del Gobierno, haber demostrado “al mundo” su voluntad negocial, a los argentinos su firmeza, a los acreedores cuánta plata hay.

- “Lo importante es el proceso, no cuántos acreedores acepten la oferta ya. Y el proceso se encaminó mejor”: dicen que le dijo un portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI) a un negociador argentino. Los organismos internacionales, cuentan quienes conocen su pensamiento, han mejorado algo su concepto sobre los funcionarios argentinos. “Hasta ahora Guillermo Nielsen nos recriminaba que ya llevaba hechas 40, 50, 60 reuniones, pero no se hacía cargo de para qué servían esas reuniones. Lo del martes fue otra cosa...”, reconocen desde Washington a negociadores con asiento en Buenos Aires. Claro que desde Washington piensan que la oferta no es definitiva y ya no temen (ya no le creen) tanto al take it or leave it que recitaron (tras cambiar la propuesta de Dubai) Lavagna y Néstor Kirchner.

- “La gente nos sigue apoyando”: tal como se comentó el domingo pasado en esta misma columna, las encuestas que consulta el Gobierno indicaban que la mayoría de los argentinos confiaba en la forma de negociar del Gobierno, a punto tal de admitir que podía apartarse de su compromiso de no modificar ni un poquito la propuesta de Dubai. Según funcionarios de primer nivel, ese aval previo se mantuvo luego de blanqueado el viraje, a estar a los sondeos realizados en las últimas horas.

- “Los del Fondo y los del G-7 registraron el apoyo empresario que recibió Kirchner y la falta de réplicas políticas a la presentación de Lavagna”: la afirmación es vertida en Economía y en la Rosada. “Es notable cómo el Presidente cambió y sumó apoyos a su nueva posición”, musita un embajador de un empinado país del Norte ante este diario.

- ¿De qué sirven el apoyo de los empresarios locales y de “la gente” de cara a la colocación de los bonos? se interroga este diario, en voz alta, frente a un importante allegado a Lavagna. El hombre no duda. “Sirve en dos sentidos. El primero es que del otro lado del mostrador se ve una sociedad cohesionada tras el Presidente, lo que nos otorga más fuerza. El segundo, no nos engañemos, es que una porción importante de los bonos defolteados están en manos de argentinos, que integran uno de esos dos colectivos (empresarios o ‘gente’). Quien fuera, ve que acá las cosas son estables y que va siendo hora de aceptar sus pérdidas y empezar a moverse mirando el futuro.”

- “Nicola Stock prodiga bravuconadas, pero ya ni habla de embargar el Tango 01. Y el viernes, representantes de su propio comité de acreedores se reunieron con Nielsen”. En Economía miran sin terror a su principal detractor entre los bonistas. Creen que su frente interno estará dividido por la cuña más severa, la de los intereses concretos.
El universo de los acreedores marea por su vastedad. Hay fondos buitres, que compraron bonos argentinos por la mitad de su actual, derruido, valor. Otros son bancos que no pueden hacer cuentas de almacenero acerca de cuánto pagaron y cuánto cobrarán sino responder a reglas de manejo financiero, previsiones etc. Están también las AFJP, que representan algo así como un quinto de los bonos defolteados. El Gobierno, tras un traspié expositivo de Lavagna el martes, colocó esos bonos en línea con los depósitos pesificados: los tasó en origen a $ 1,40, los actualizó con la soportable levedad del CER, con más intereses. En Economía se confía que las AFJP serán las primeras aceptantes. Y que, como ya se dijo, algunos inversores argentinos de variado pelaje también harán número.
Para gente menos compatriota, la oferta ha incluido variados incentivos. Por ejemplo, una mejora en los pagos si media una aceptación que supere el 70 por ciento de los acreedores. También se espera que los Bancos que integran el Comité respectivo transpiren sus primorosas camisetas en pos de una comisión que se determina sobre una cifra sideral. Para facilitar el portento hay, además, un bonus: la comisión a los bancos colocadores será mayor si la venta de los nuevos títulos supera el 66,66 por ciento. Haciendo una ensalada con esos datos, esperando complejas sinergias entre surtidos interesados, en el Gobierno se habla de moderado optimismo. Optimismo que se vuelve algo más que moderado, cuando de ponderar el crecimiento para el año 2004 se trata.

- “El Presi está eufórico. Explicó que incluir el pago de intereses por encima de Dubai era ‘una carta que nos guardábamos’” refiere una espada parlamentaria oficialista, que dialogó con Kirchner, contento porque la concesión que modificó Dubai no fue rechazada por la opinión pública.

- “Primero hablaban de veranito. Después amenazaban con embargos. Después exigían que aumentáramos el superávit. Luego, consideraban ineludible que apreciáramos el peso. Por último predecían que, si bajaba el precio de la soja, se nos venía abajo el crecimiento. Se están quedando sin tener qué decir.” Lavagna, dialogando con su equipo, mira a sus contradictores y los decreta en problemas.
La sensación térmica en la Rosada y Economía era al terminar la semana, dentro de lo posible, confortable. No es sencillo, a pocas horas de la presentación de Lavagna compartir su punto o refutarlo. Por lo pronto, los propios especialistas (incluidos bancos de primer nivel y negociadores del Norte) explican que faltan precisiones y datos centrales. Por añadidura, o para empezar, porque la magnitud de la deuda argentina y la de su oferta de pago son tan grandes y están situados en un marco de enorme novedad, que no siempre se computa en los análisis. Una quita sideral, la mayor de la historia mundial, un compromiso de pagos que trasciende generaciones. Por no hablar de profecías y promesas soberanas con proyección a 30 años, de improbable certeza. Tire el lector el calendario 30 años atrás y pregúntese cuánto se sabía de lo que ocurriría hoy y haga su composición de lugar. No se ponga nervioso, aunque nadie lo diga en voz alta para noaguar fiestas, lo que estos acuerdos procuran es enderezar las cosas por cinco años o diez años, como máximo. Después Tata Dios dirá.
Sí es posible redondear un primer análisis de lo que la negociación del Gobierno, ahora que precisó su oferta, sea que ésta sea definitiva o que el tironeo determine un nuevo ajuste a favor de los acreedores. La Argentina, por primera vez en décadas, negoció sin pánico y sin aceptar las recetas de la contraparte. Y su propuesta actual, gravosa en cuanto a lo que se paga, tampoco se ciñe a las mandas de los organismos internacionales. Además, el Gobierno, a diferencia de sus precursores, evitó tomar nuevos créditos en estos años y se ufana de que no necesitará reingresar al mercado mundial de capitales hasta el 2014. Desde luego esa afirmación es controversial, hay quien opina que será imprescindible acudir al crédito externo mucho antes. Pero lo cierto es que el Gobierno propone como virtuoso el camino de no seguir endeudándose y se expone a ser criticado, hasta sospechado, desde ese punto de vista.
Resultó todo un dato la carencia de discurso opositor a partir del martes. Hubo, sí, previsibles declaraciones periodísticas, afirmaciones veloces a vuelo de pájaro. Pero ninguno de los dirigentes políticos opositores propuso un planteo complejo, elaborado, a la altura del tema en cuestión. Ni qué hablar de un documento, un taller de debate o un seminario interdisciplinario que fijara posición u aportara data respecto de un tema denso, de vastas implicancias. La crisis institucional se hace gráfica de variados modos, uno de ellos es la falta de presencia de quiénes deberían postularse como alternativa.
Sigan coparticipando
La revisión del segundo tramo de las metas comprometidas con el FMI es inminente y un solo nubarrón parece amenazar su aprobación. Se trata del moroso trámite de las leyes de Coparticipación y de Responsabilidad Fiscal, en especial de esta última. Los negociadores argentinos venían convenciendo al Fondo de que era mejor posponer el tratamiento de la coparticipación y pensaban que tenían un waiver dispensándolos de honrar tal promesa.
Reformular el esquema de coparticipación es una tarea endiablada. El actual régimen exacerba un principio válido, inspirado en la solidaridad propia de un Estado-Nación (mejorar la proporción para las provincias pobres) a extremos enojosos y seguramente injustos para las provincias “grandes”. Esa curiosa asimetría se acentuó cuando cesó el Fondo de Reparación histórica (a) Fondo del Conurbano requerido (y re-querido) en su momento por Eduardo Duhalde. El Fondo del Conurbano –una caja formidable de flujo casi diario, muy opaca al control– indujo a los gobiernos de la provincia de Buenos Aires a ceder demasiado en la torta de la coparticipación. “Duhalde fue gobernador 8 años, dos años vicepresidente, un año y pico presidente. Felipe Solá fue funcionario nacional casi todo el tiempo desde 1989 y luego vicegobernador. Nunca hicieron bardo. ¡Y ahora van por todo!”, se enardece un morador conspicuo de la Rosada, confidente del Presidente y seguro portavoz de sus tirrias.
En La Rosada trinan contra Solá “que nos pelea por los diarios”. Lavagna pondera que “abrir el juego” a los gobernadores para concebir una nueva ley le costaría al fisco nacional un punto o un punto y medio del PBI. Como la caja es una sola y hay comprometido un superávit ya cíclopeo, con el apoyo de Kirchner fue persuadiendo al FMI de que este año, más vale, de eso no se habla. Pero los del Fondo sí daban por hecho que avanzaría la Ley de Responsabilidad Fiscal para poner en caja a los barones provinciales. Solá le ha enredado el esquema al Gobierno poniendo en jaque también dicha norma.
En el Gobierno mascullan que, como todos los demás gobernadores, Solá patalea consolidado por una inusual abundancia. Los fondos remesados a las provincias, como es lógico en un momento de recuperación, son superiores a los de años anteriores. Los conflictos con los docentes, por ejemplo (que hace años eran pan de cada día en las provincias) vienen desapareciendo de las agendas de los gobernadores. “Lavagna le advirtió a Felipe –dice un funcionario con oficinas contiguas a la del ministro– que no se equivocara. Que la plata que recibe ahora depende del desempeño general del gobierno nacional. Que si él sigue metiendo ruido pueden volver las vacas flacas.” Y Lavagna es, seguramente, el funcionario nacional que más habla con Solá.
Lo que el Gobierno analiza, pero no comunica al gobernador, es facilitarle fondos mediante algún mecanismo que no obligue a tocar la coparticipación. “Que venga, que hable, y vemos qué haremos con los ‘fondos K’”, sugiere un alto funcionario nacional, aludiendo a las nutridas partidas cuya asignación ha sido derivada al jefe de Gabinete por la, dudosamente republicana, Ley de Presupuesto.
Más allá de los enconos personales, que juegan en esto un papel superior al que deberían, el Gobierno pierde de vista que los reclamos de Solá no derivan sólo de caprichos ni de personalismos. El aumento a los estatales concedido a nivel nacional no soló atizó reclamos simétricos en Buenos Aires. También en otras provincias, cuyos mandatarios rezongan contra el poder central, sí que en forma menos estentórea que Solá.
Dicho sea al pasar, el modo de negociar de la Rosada ha puesto en marcha otro nivel de conflicto: la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), las huestes del menemista Andrés Rodríguez, relegadas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), ha comenzado un plan de lucha que despuntó con una fuerte movilización en la Avenida 9 de Julio.
Los conflictos larvados o latentes son varios. Enfrascado en su mala relación con Solá, el Gobierno acaso descuida que su estilo de decisiones y su tendencia unilateral a excluir diálogos e interlocutores le abre demasiados frentes. En el corto plazo deberá ver cómo zurce para que, al menos, la Ley de Responsabilidad fiscal avance hacia algún sitio. Los estrategas de Economía aseguran tener una carta en la manga: están convencidos de que, en este tema, Solá no cuenta con el apoyo de Duhalde, quien sí “juega” con él en la batalla por la coparticipación.
¿Quién dijo complot?
El Gobierno, al terminar la semana, porfía en que jamás usó la palabra “complot”, que ésta fue instalada por sus adversarios, para victimizarse. Que lo que viene denunciando es la existencia de varias resistencias de sectores de intereses, ligados al esquema de poder de los ’90 quienes, asediados, se defienden con armas no siempre democráticas. La versión oficial, emprolijada tras una serie de devaneos, pone en un mismo saco hechos bastante misceláneos. El supuesto atentado a los trenes, la exacerbación mediática de una presunta crisis de seguridad urbana, algunos asaltos realmente existentes en plena Capital, la aparición de encuestas (presentadas por los consultores, que en su momento auguraron que López Murphy llegaría a la segunda vuelta electoral), las profecías agoreras de un conocido consultor a una entidad financiera de primer nivel sobre la viabilidad del Gobierno (“tiene un 50 por ciento de chances de terminar el mandato”, habría escrito según el relato oficial). Aceptando que todos esos indicios existan, cuesta asociarlos a un comando único.
El Gobierno, encabezado por el Presidente, terminó diciendo que no habló de conjura sino de resistencias corporativas.
En una sociedad compleja, un emisor calificado de información (un Gobierno lo es) tiene que entender, casi como presupuesto de su acción, que sus palabras están sujetas a un complejo proceso de recepción. Que su voz no es la única que ocupa el espacio. Que las personas del común la resignificarán siempre, filtrada por sus experiencias, sus ideas previas, los medios de comunicación que las transmitan, las discusiones públicas que se susciten, los prejuicios.
Si uno junta en un relato a policías malvados, consultores considerados empleados del establishment, militares y civiles de prosapia golpista, medios manipuladores, sindicalistas desacreditados, no hace falta que diga la palabra “complot” para inducir al receptor en creer en su existencia. Inferirla es la lógica consecuencia, máxime si el receptor es argentino, bien predispuesto a hipótesis conspirativas. El Gobierno se empaca en culpar a medios de prensa de haber instalado la palabreja. Aún cuando eso fuera exacto, si la palabra tuvo aceptación colectiva es porque encajaba con el discurso oficial.
El oficialismo se reclama en lucha contra representantes de intereses antipopulares y muy a menudo antidemocráticos. Algunos blasones tiene en ese sentido. Pero debe cuidarse de creer que su palabra es santa, que sus dichos no requieren precisiones ni corroboración. Y debe ser más precavido con sus modales confrontativos (que le han valido consensos vastos, en muchos casos bien ganados) porque viene incurriendo en una secuencia de tropiezos ligados a las libertades públicas y al pluralismo. Piénsese en la denuncia de Julio De Vido contra Elisa Carrió, en los cambios de programación cultural en Canal 7, en las cancheras declaraciones de Torcuato Di Tella, en el miniescándalo de estos días por el complot o como se llame. Esas acciones han tenido génesis diferentes, muchas fueron retractadas, pero una mente conspirativa podría ver en ellas un comando único, o una visión dominante con sesgos autoritarios o despectivos del pluralismo cultural o de la cultura a secas.
La pelea con lobbies realmente existe y concierne a algunos que el Presidente no ha mencionado personalmente aún, por caso los laboratorios farmacéuticos que armaron una campañita sugiriendo la existencia de una epidemia de gripe, que obligó al ministro de Salud, Ginés González García, a salirles al cruce. Los laboratorios también están tratando de impedir que Graciela Ocaña consiga un mejor acuerdo contractual en defensa de los afiliados al PAMI. Lobbies hay y son de temer.
El Gobierno hace bien en combatir su influencia y en hacérselo saber a los argentinos. Pero acaso –para sacarle algún jugo al tema del complot, digno ya de archivo– cabrían un par de observaciones. La primera es que el empaque oficial en nombrar embajador en España a Carlos Bettini, lobbista de intereses ajenos al interés nacional y foráneos, es, cuando menos, una contradicción con la cruzada que quiere encarnar.
La segunda es que, en una sociedad llagada por la violencia y el autoritarismo, hay que medir muy bien cómo se acusa, cómo se discute, qué se dice, desde el poder.