Los estatales bonaerenses comenzarán hoy un paro de 72 horas en reclamo de un aumento salarial. Con la medida entrarán en la tercera semana de un conflicto que tiene a mal traer el funcionamiento de la administración pública y los hospitales provinciales. Los gremios piden una recomposición equivalente a los 150 pesos otorgados por el gobierno nacional. Si bien mañana se reunirán con el gobernador Felipe Solá para escuchar una oferta, no es seguro que el acuerdo esté cercano.
El ministro de Economía provincial, Gerardo Otero, dijo ayer que la provincia “no está en condiciones” de otorgar la recomposición reclamada por los gremios. Su posición estuvo en sintonía con los argumentos de Solá, quien sostiene que no puede otorgar aumentos hasta que el gobierno nacional le pague una deuda que estima en 450 millones de pesos. De todas formas el ministro trabaja en estas horas en el diseño de un paquete para el sector. La propuesta apuntaría a mejorar ítems como la antigüedad, viáticos y asignaciones familiares. Allí hay terreno para aumentos: mientras los bonaerenses cobran 9 pesos por hijo, en la Nación el beneficio es de 40 pesos. También podría haber alguna suba vinculada estrictamente con los salarios, pero no del monto reclamado.
Para elaborar la oferta, Economía utilizó un informe del Instituto de Previsión Social sobre la situación de los estatales. El documento registra grandes disparidades en los ingresos del sector público: mientras en el Tribunal de Cuentas el promedio salarial asciende a 5.728 pesos, la media de los trabajadores de la salud está en 741, y la de Desarrollo Humano en 490 pesos. La continuidad del paro de estatales fue decidida el viernes en un plenario de la CGT oficial del que participaron 21 gremios públicos bonaerenses. El secretario general de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Carlos Quintana, ratificó que la medida de fuerza se mantendrá aunque exista una instancia de diálogo con Solá.
Según Quintana, el paro afectará la atención en las oficinas públicas, los hospitales y el funcionamiento de las escuelas, donde no abrirán los comedores ni se efectuarán los servicios de limpieza. No habrá atención al público en Previsión Social, el Registro de las Personas ni en la obra social IOMA. Tampoco se imprimirá el Boletín Oficial ni abrirán los casinos. Por su parte, los docentes del Frente Gremial Docente –la Federación de Educadores Bonaerenses más el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (CTA)– darán a conocer mañana su plan de lucha. La situación en los municipios no es mucho más fácil que en la administración provincial. Los intendentes vienen advirtiendo a la provincia que hay presión de los municipales y que cualquier mejora que otorgue la gobernación debería extenderse a los 134 distritos bonaerenses.