“Cuando un muchacho presuntamente complicado con la subversión es arrancado de su casa por un grupo armado y luego acribillado a balazos en un zanjón, la conclusión es simple y sencilla para quienes piensan como la Conadep: el asesino material ha sido uniformado y los autores ideológicos han sido quienes organizaron ese método para combatir a la subversión. Si esta es la conclusión que se pretende imponer a los argentinos pensamos que se nos considera muy ingenuos. Hoy vemos muchachos que dan sus primeros pasos en la guerrilla, comenzando a escribir en las paredes consignas terroristas. El día de mañana morirán abatidos por las fuerzas de seguridad. ¿Estos solos serán los asesinos? ¿Los maestros que envenenan sus cerebros, ninguna responsabilidad comparten?” Esta es una de las críticas que hizo en 1985 la asociación civil Fores (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia) al trabajo de la Comisión encargada de investigar las desapariciones durante la última dictadura militar (Conadep). Fores es una de las agrupaciones que firmó el mes pasado un convenio con la Corte Suprema con el objeto de mejorar “la eficiencia y transparencia del servicio de Justicia”.
El acuerdo entre la Corte y varias ONG fue suscripto a principios de mayo por el presidente del tribunal, Enrique Petracchi, y Ramón Brenna, en representación de Arenjus (Argentina-Justicia). La ejecución del mismo está a cargo de una junta presidida por Petracchi e integrada por Ricardo Gil Lavedra –ex ministro de Justicia y ex camarista que juzgó a los Comandantes– por Arenjus y Miguel Angel Pichetto por el Consejo de la Magistratura. A su vez se creó una comisión coordinadora conformada, entre otros, por Enrique del Carril, en representación de Fores.
“Fores se creó, como sus propios fundadores reconocen, para colaborar con la Justicia de la dictadura en 1976 y defendió a aquellos jueces durante la transición democrática, cuando la Conadep señaló la complicidad judicial con las prácticas del terrorismo de Estado. Hasta justificó en sus documentos los allanamientos a organismos de derechos humanos como el CELS, por presentar masivamente recursos de hábeas corpus. Pese a estos antecedentes, fue la organización de consulta de casi todos los ministros de Justicia de los últimos gobiernos democráticos, con quienes compartió sus fracasos en la gestión pública con un alto costo presupuestario e institucional”, aseguró Víctor Abramovich, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La lectura del libro de Fores Definitivamente Nunca Más (La otra cara del informe de la CONADEP) confirma esa posición de la organización sobre la Justicia de la dictadura, pero además, deja entrever la postura de los autores respecto al terrorismo de Estado en general. Si bien Del Carril y Horacio Lynch repiten varias veces que su objetivo no es justificar el método con el que se “combatió a la subversión”, sus argumentos se dirigen a atenuar la responsabilidad de los militares.
“La tesis de una metodología del terror fríamente planeada por los altos mandos de las Fuerzas Armadas se debilita seriamente con estas reflexiones. La represión directa y apartada de las formas ilegales es también responsabilidad de la subversión por lo que no puede dejar de ser mencionada al referirse a las víctimas que el sistema causó entre terroristas e inocentes”, afirman Del Carril y Lynch en Definitivamente Nunca Más. Para ellos, la principal causa de que los militares se apartaran de la legalidad fue que aquella se había destruido en 1973, al dictarse la ley de amnistía para los presos políticos y disolverse la Cámara Federal en lo Penal, creada durante la dictadura de alejandro Agustín Lanusse como única instancia para juzgar a las personas acusadas de “subversivas”. Pero eran los “subversivos” –continúan– quienes propiciaron esas medidas. Las víctimas se convierten así en sus propios victimarios. Entre quienes deberían compartir responsabilidades con las Fuerzas Armadas, Fores cita también a Juan Domingo Perón, los “maestros que envenenan los cerebros” de los jóvenes y el sacerdote Carlos Mugica, de quien dicen, fue “muerto por los mismos subversivos”. Mugica fue asesinado por la Triple A en 1974.
En 1977, la agrupación organizó en Mar del Plata una conferencia sobre la reforma judicial que contó con el auspicio del gobierno de la provincia de Buenos Aires que encabezaba el general Ibérico Saint Jean. El año siguiente fue apoyada por el “gobierno nacional”. Como el dictador Jorge Rafael Videla no pudo asistir, fue en su representación el ministro de Interior, Albano Harguindeguy. “Allí quedó sellado el compromiso de las Fuerzas Armadas de respetar la independencia del Poder Judicial”, asegura Fores al referirse al año 1978.
Recientemente Fores rechazó las postulaciones de Esteban Righi para ocupar el cargo de procurador general y de Carmen Argibay para integrar la Corte Suprema. Sobre Raúl Eugenio Zaffaroni opinó que “su designación acentuará el desprestigio de la Justicia y debilitará aun más las instituciones”. Ahora es una de las organizaciones elegidas por la Corte para propiciar “el mejoramiento de la eficiencia y de la transparencia del servicio de Justicia y del acceso del ciudadano a éste”.