Casi al cierre del plazo previsto, la candidatura de Carlos Bettini como futuro embajador en España tuvo una nueva impugnación. Fue presentada por la diputada del ARI, Marcela Rodríguez. Luego de señalar que la designación de embajadores políticos por parte del Ejecutivo es de carácter excepcional y que la ley contempla que en esos casos los nominados deben poseer “condiciones relevantes”, la legisladora reclamó que se investigue si Bettini cumple con esos requisitos y que eventualmente se suspenda el tratamiento de su pliego hasta que esto pueda determinarse fehacientemente. También preguntó si mientras Bettini fue funcionario público la empresa Profesional Service Provider, de la que formaba parte junto con el canciller Rafael Bielsa, realizó convenios con el Estado nacional. Por lo pronto, Bielsa comprometió su presencia en la audiencia en la que se discutirá el pliego de Bettini.
“Estoy reclamando al Senado que se evalúe si alguien que puede haber tenido conflictos de intereses y funcionó como lobbista de capitales españoles puede ser considerado idóneo para defender como embajador argentino los intereses nacionales”, dijo Rodríguez a Página/12.
En su impugnación, la legisladora destacó que cuando el Ejecutivo “remitió el pliego de Bettini las condiciones relevantes que debe poseer el candidato propuesto no estaban suficientemente fundadas, por lo que se debe rechazar el pliego bajo el riesgo de incurrir en el delito de propuesta o nombramiento ilegal previsto en el artículo 253 del Código Penal”. En ese punto, el código sanciona a quien proponga a un candidato que no cuenta con los requisitos necesarios.
La diputada porteña acompañó su impugnación junto con la presentación del escrito que le presentó a la Oficina Anticorrupción para que determine “si no hay un conflicto de intereses y un posible delito penal”. En este punto la legisladora del ARI recordó al presidente de la Comisión de Acuerdos, el riojano Jorge Yoma, que “cuando el Senado analizó los pliegos de personas propuestas para integrar el directorio del Banco Central, la OA ya había analizado su situación y había emitido recomendaciones para que se abstuvieran de intervenir en determinadas situaciones vinculadas a sus actividades laborales”. Esto fue así en los casos de los pliegos de Alfonso Prat Gay, Hugo Bruzone, Felipe Murolo y Alejandro Henke, entre otros. Por ello Rodríguez reclamó que si las conclusiones de la OA se demoran sería prudente que el Senado eventualmente suspenda el tratamiento del pliego de Bettini.
El canciller Bielsa había repetido anteayer que Bettini fue sobreseído de todas las causas judiciales en las que se lo investigó. La diputada Rodríguez recordó que, entre sus antecedentes laborales, Bettini se desempeñó en el Ministerio de Justicia de la Nación –como asesor de los ex ministros Jorge Maiorano, Rodolfo Barra y Elías Jassan, al igual que Bielsa–, para luego cumplir funciones como jefe de Gabinete del procurador Nicolás Becerra. En este punto, Rodríguez sostuvo ante la OA que cuando Patricia Bullrich denunció el interés que Bettini habría mostrado por el estado del trámite licitatorio de tres cárceles, “Becerra omitió investigar seriamente si había vínculos entre su jefe de asesores y el gobierno español o empresas como Dycassa, sin siquiera abrir su declaración jurada patrimonal”.