Por M. G.

La Gendarmería, al menos en los últimos años, fue construyendo un sistema completo de persecución a quien inicie una denuncia por fuerza de su estructura. La contradicción es que no sólo en el caso de Pablo Silveyra la propia Gendarmería es la que impide que las denuncias prosperen. Página/12 tuvo acceso a un dictamen del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo por el caso que le presentaron dos suboficiales, Alejandro Cerquetti y José Rojas.
Ambos cuestionaron la actuación de un oficial en Misiones.
Según el Inadi, el jefe de la Agrupación IV en la zona, el comandante mayor Ramón Londra, “tenía conocimiento verbal, escrito y por ende formal (artículos 191, 192 y 193 del Código de Justicia Militar) de los presuntos delitos cometidos por un oficial jefe a su cargo, pero nunca actuó como marca y obliga la reglamentación de Justicia Militar para Gendarmería Nacional (art. 187 Código de Justicia Militar) y sumado a esto la obligación de todo funcionario público de denunciar correspondientemente todo acto de corrupción, máxime si en éstos estuvieran involucrados miembros de una fuerza como la Gendarmería Nacional, de carácter público”. Londra ascendió a comandante general por influencia del actual número uno, Eduardo González. Actualmente es el interventor en la policía de Santiago del Estero dentro de la intervención de Pablo Lanusse.
Como Silveyra, Cerquetti y Rojas también recurrieron a la Justicia federal. En el texto del Inadi se indica que lo hicieron porque no tuvieron otra opción, puesto que el denunciado, el comandante Francisco González, fue promovido a jefe del centro de Inteligencia de Rosario. “Es dable aclarar que la jurisdicción de Rosario es superior a la de Misiones”, dice el dictamen del Inadi.
En un instrumento de análisis que podría servir también al ministro de Justicia, Gustavo Beliz, para reparar el castigo que dieron a Silveyra la Gendarmería y la cúpula de Seguridad Interior, donde mandan los fiscales con licencia José María Campagnoli e Ignacio Rodríguez Varela y el teniente coronel carapintada Armando Zarabozo, el Inadi analizó las calificaciones de Cerquetti durante su carrera y las comparó con las que obtuvo después de su denuncia. Entre 1982 y 1998-1999 llegó a un promedio de 79,41 puntos. Los conceptos fueron de “bueno” a “excelente”, el promedio de faltas por enfermedad de 2,61 días por año y un promedio de arrestos de 2,44 días anuales por sanciones “leves y rutinarias”.
El mismo denunciado, Francisco González, lo elogió como “suboficial superior de excelentes condiciones generales, que se destaca por su contracción al trabajo y ha rendido satisfactoriamente en el presente período”. Luego de la denuncia, la calificación puesta por González a Cerquetti fue de 60,77 puntos. Un baja notable que coincidió con las críticas del sargento a su jefe. También aumentaron los arrestos: Cerquetti mereció 60 días por parte de Londra, contra 44 acumulados en 18 años de servicio.
Londra, además, según el Inadi, notificaba de las sanciones a Cerquetti cuando éste estaba internado y enfermo. La actitud de Londra estaría tipificada en el Código de Justicia Militar como una falta en el ejercicio del mando.
Rojas tenía una foja aún mejor que la de Cerquetti, con 81 de promedio en 23 años, y sólo 38 días totales de arresto. Pasó de “me merece muy buen concepto” por parte de Francisco González a “falta de confiabilidad” después de la denuncia.
La conclusión del Inadi es que “el conflicto se inicia con la denuncia verbal efectuada a la misma persona presuntamente involucrada, o sea el comandante Francisco Ramón González”. Luego “dicha denuncia también es hecha al jefe de la Agrupación IV, comandante mayor Oscar Londra, de manera verbal y escrita. Por último también se realiza la denuncia a otro superior jefe, más concretamente el subdirector comandante mayor José Luis Roviaro”.
Dice el Inadi que “para entender el presente conflicto es necesario marcar que la cuestión de fondo fue, es y será siempre la denuncia incoada contra e comandante González y no al revés, como pretende acreditar la Gendarmería Nacional”. Y agrega: “Es evidente que las consecuencias sufridas por Cerquetti y Rojas luego de denunciar a su jefe fueron la persecución, primero, la degradación después y por último el pase a retiro”.
En un párrafo doctrinario, el Inadi recomienda adoptar el Código de Justicia Militar “a los tiempos que corren, máxime si dichos códigos están hechos para garantizar, tal pudiera ser el presente caso, impunidad a superiores jerárquicos”.
También dice el texto que “la Gendarmería se olvidó, o no quiso actuar, o mejor dicho actuó inmediatamente contra los denunciantes, pero no así contra el denunciado, el comandante Francisco González, a quien no le fuera iniciado un sumario, un recurso, siquiera una información, ni antes ni después”.