EL PAíS
Solá quiere un acuerdo consensuado y cambiar a los interlocutores
En la provincia ofrecen que la Nación audite los fondos. Aceptarían un aumento menor en la coparticipación. Alternativas.
› Por Martín Piqué
¿Néstor Kirchner leerá a Sun Tzu, el general chino del siglo V antes de Cristo que escribió El arte de la guerra? En La Plata ruegan que sí. Uno de los consejos de aquella obra era que cuando se encaraba una batalla había que dejarle al enemigo un espacio libre para la retirada. Porque si el adversario no tenía por dónde evadirse si el combate se le presentaba esquivo, no le quedaba otra que pelear hasta la muerte y tratar de escapar hacia adelante. Cerca de Felipe Solá creen que eso es lo que está pasando en la pelea por la coparticipación: “Cuando vos ponés a tu enemigo sin escapatoria, no le queda otra que fugar hacia adelante”, advertían. Por si no queda claro: en la provincia dicen que se conformarían con un “acuerdo sustentable” si el Gobierno les subiera un poco la coparticipación. Hasta aceptarían que la Nación auditara cómo se usan los fondos.
En la provincia tienen la certeza de que Kirchner no quiere negociar porque piensa que detrás de los reclamos está Eduardo Duhalde. De hecho, ayer Duhalde apoyó por primera vez en público los reclamos y le pidió al Presidente que recibiera a Solá porque “hace mucho tiempo” que “no dialoga” (ver página 5). Después de que Duhalde saliera a hablar, el propio Kirchner rompió el silencio –hasta ahora no había hecho declaraciones sobre la coparticipación– y dijo que los “gobernantes serios” no tienen que pelear por “algún botín político o económico”. En el entorno de Solá, la frase de Kirchner fue interpretada como una respuesta a Duhalde y, al mismo tiempo, una referencia al Fondo de Reparación Histórica del Conurbano.
Ese fondo benefició a la provincia durante las gobernaciones de Duhalde. Para compensar los ocho puntos de coparticipación que había perdido con Alejandro Armendáriz, la Nación giraba a Buenos Aires el 10 por ciento de la recaudación del impuesto a las ganancias, lo que sumaba unos 650 millones de pesos/dólares. Esas sumas se destinaban a hacer obra pública, aunque todavía existen sospechas sobre la transparencia de las inversiones (sobre todo centradas en el empresario Américo Gualtieri). En La Plata saben que ese antecedente influye en la resistencia del Gobierno a aumentar la coparticipación de la provincia. “Estamos dispuestos a escuchar cualquier propuesta. Por ejemplo, que las licitaciones las maneje el Gobierno, que los fondos sean supervisados por Cáritas y otras ONG. Y que la Nación audite el manejo de los fondos”, proponían cerca de Solá.
Con esas concesiones, la administración bonaerense espera acercar posiciones con el Presidente. “Esta es una oportunidad histórica de hacer un cambio institucional”, argumentaban en respuesta a la mención de “botín político o económico” que había hecho Kirchner. “Felipe no tiene reelección, ni línea política interna ni tampoco es el jefe político de la provincia”, agregaban. Con ese argumento querían dejar claro que en el caso de conseguir un aumento de la coparticipación no lo usarían para hacer política. Aunque el esfuerzo por acercar posiciones respondía también a los movimientos del Gobierno, que sigue convocando gobernadores a la Rosada en su esfuerzo por aislar a Buenos Aires. Con inquietud, desde La Plata proponían como interlocutores a los ministros de Economía, Roberto Lavagna, y Planificación Federal, Julio De Vido.
De cualquier forma, a pesar del intento de arrimar posiciones, la provincia mantiene su reclamo por la deuda de 460 millones de pesos de la Nación y también sostiene su exigencia de que le aumenten 8 puntos la coparticipación. Sobre la primera deuda, las diferencias parecen acercarse porque ayer el secretario de Hacienda, Carlos Mosse, confirmó que el Gobierno pagará 300 millones cuando firme con las provincias un convenio de traspaso de las cajas previsionales. Los otros 160 millones corresponden a una transferencia por servicios educativos cuya partida ya estaba asignada pero que, en el peor momento de la crisis post 2001, fue utilizada para financiar comedores escolares. En aquel momento la decisión la tomó la entonces ministra de Educación de la Nación Graciela Giannettasio. Sin embargo, en la Nación reconocen que la deuda existe.
Distinto es el caso de la coparticipación. En la provincia saben que esa es la pelea en serio: por eso están dispuestos a aceptar una suba de “sólo” 3 o 4 puntos cuando oficialmente están pidiendo 8 puntos.
Subnotas