“La protesta social es un derecho de quienes son excluidos. Existe el derecho a resistir la opresión y la protesta social es parte de él. No lo decimos citando a ningún revolucionario, sino a Aristóteles y a Santo Tomás de Aquino, base del sistema occidental y cristiano. Santo Tomás incluso habló de que, ante la tiranía, existe el derecho a matar al tirano. Vayamos a lo que pasó en Salta: una provincia rica, la segunda productora de hidrocarburos, que sin embargo tiene al 62 por ciento de la población por debajo de la línea de pobreza. En la zona de mayores recursos, Mosconi, la privatización de YPF provocó de la noche a la mañana una desocupación del 82 por ciento. La ciudad no tiene agua potable, ni tendido de gas ni cloacas. Volvieron enfermedades que habían sido erradicadas. Los desocupados agotaron las acciones legales a su alcance para pedir trabajo. Por eso decimos que cuando cortan una ruta no existe delito, sino reclamo.” Mara Puntano, abogada de 600 presos salteños, abrió así el encuentro “La protesta social no es delito” realizado en la Universidad Madres de Plaza de Mayo.
El panel fue parte de la semana contra la criminalización del conflicto social que terminará mañana con un acto en las escalinatas del Palacio de Tribunales. Las actividades fueron convocadas por la organización Alerta Salta ante la evidencia de que, para buena parte de la sociedad, el tema de la judicialización es aún poco visible.
Todo el mundo conoce los cortes de ruta pero, en cambio, los juicios iniciados a raíz de ellos casi no tienen difusión. Lo mismo pasa con el trabajo de las organizaciones piqueteras, que han abierto centros de salud, comedores y emprendimientos productivos. Pudieron armar estos recursos para la sobrevivencia con medios conseguidos a través de protestas y los sostienen mediante ellas. Pero cuando salen a la ruta, sus cortes suelen ser mostrados como acciones despojadas de sentido, dijeron los panelistas. El planteo del encuentro fue que no se trate como delincuentes a quienes reclaman por sus derechos.
Integraron la mesa Pepino Fernández y Juan Carlos “Hippie” Fernández, de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, la profesora Marina Schifrin y la socióloga Maristella Svampa. Pepino Fernández y Schifrin son dos casos testigo de la judicialización de la protesta: el primero tiene 76 causas en su contra, mientras que Schiffrin está acusada en el primer caso por corte de ruta que llega a la Corte Suprema. De lo que resuelva el tribunal, dependerá la suerte de las tres mil personas con procesos abiertos por cortar rutas.
No sin un dejo de humor, Pepino dijo que no hay figura del Código por la que no hayan tratado de acusarlo. Por reclamar la reestatización del petróleo, un juez le abrió una causa por sedición: el magistrado consideró que había cometido el delito de arrogarse la representación del pueblo. Y cuando después de una protesta le dijo a un periodista que no confiaba en los políticos y que había que generar acciones de violencia para ser escuchado, le abrieron juicio por incitación a la violencia. La Unión de Trabajadores Desocupados, agregó, tiene cinco militantes asesinados sin que haya avanzado ninguna investigación al respecto. Entre ellos está Aníbal Verón, cuyo nombre llevan varias organizaciones piqueteras del conurbano, a quien mataron “por reclamar nueve meses de sueldo”.
Maristella Svampa aportó una mirada general del proceso. Planteó que si bien el corte de ruta por el que fue condenada Schifrin se realizó en el ‘97 y los juicios contra Pepino se fueron acumulando a lo largo de los años, ambos casos muestran la continuidad de una política. “Existe una coherencia, un sistema para la represión del conflicto social. Cada vez que se corta la ruta escuchamos la misma polémica sobre la existencia de dos derechos que colisionan, el de peticionar a las autoridades y el de circular libremente. Y resulta que en todos los casos el Poder Judicial le otorga mayor jerarquía a la libre circulación, olvidando que el primer deber de los jueces es proteger a las minorías despojadas de derecho.”
Para Svampa, existe una “campaña de estigmatización de las organizaciones piqueteras que ha desdibujado el hecho de que los cortes se hacen en reclamo de derechos que el Estado tiene la obligación de garantizar”. Y vinculó a su vez el discurso antipiquetero “que circula en los medios masivos y que alimenta el Gobierno” con el endurecimiento de la Justicia frente a la protesta. “Yo no olvido que un ministro declaró ‘no vamos a reprimir, les vamos a responder con el Código Penal en la mano’. Y esa fue precisamente la respuesta de la Cámara de Casación.”
Durante la semana, los panelistas hicieron presentaciones en cuatro facultades de la UBA acompañados por integrantes de la Coordinadora contra la Represión Policial, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Comité de Acción Jurídica de la CTA, la Mesa de Escrache Popular y figuras del ámbito académico. El acto con el que mañana cerrarán sus actividades, frente al Palacio de Tribunales, está convocado para las once. Luego habrá una marcha a la Secretaría de Derechos Humanos.