Estaba acostumbrado a enfrentarse con poderosos, y seguirá en la misma línea. El juez de instrucción Mariano Bergés presentó ayer su renuncia ante el Ministerio de Justicia, pero su alejamiento se hará efectivo a partir del 1° de julio. Página/12 pudo saber que fue contratado por la Superintendencia de Aseguradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) para llevar adelante juicios contra cinco de esas empresas previsionales. “Se puede hacer una actividad noble desde una entidad estatal”, explicó a este diario uno de sus más estrechos colaboradores. “Se va por una necesidad de cambio, al menos temporal”, agregó.
Nacido hace 42 años en una familia de clase media, educado en el colegio San Román de Belgrano, hincha de Boca, ex jugador de handball y ex arquero, Bergés saltó a las páginas de los diarios con el resonante caso de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, que le costó un pedido de juicio político. A lo largo de su carrera volvió a llamar la atención cuando procesó a Fernando de la Rúa y a Luis Barrionuevo, encarceló a Giselle Rímolo y Silvio Soldán e investigó a Domingo Cavallo y a varios prominentes banqueros, a quienes les prohibió salir del país, por la fuga de capitales previa al “corralito”. Llegó a indagar a Eduardo Escassany durante once horas. Y tampoco se privó de suspender el fútbol en el último torneo Apertura por hechos de violencia registrados en la Bombonera.
Precisamente ayer acudió al superclásico Boca-River por las semifinales de la Copa Libertadores que se jugó en ese estadio, para monitorear el operativo de seguridad. Por los hechos de violencia entre hinchas registrados en la Bombonera el 31 de agosto de 2003, cuando Boca recibió a Chacarita, Bergés encarceló al dirigente de ese club Armando Capriotti, a varios miembros de “la Doce” y de la barra funebrera y procesó a Barrionuevo, titular del club de San Martín.
El 16 de mayo pasado, tras el último superclásico que se jugó en Boca, Bergés ordenó el arresto del secretario general del club xeneize, Luis Buzio, a quien mantuvo preso por varias horas por presuntas irregularidades en la venta de entradas. Días antes durante una cena, Bergés había confiado a un grupo de jueces que iba a renunciar. “Hace 25 años que estoy en la Justicia, diez que soy juez. Diez años más a este ritmo no los aguanto. Y no entiendo mi trabajo de otra manera. Entonces creo que llegó el momento de cambiar”, expresó el magistrado según recogió la publicación Juiciosorales.com. “Hay un desgaste, puso mucho empeño, golpeó muchos intereses económicos y de otro tipo y sintió poco acompañamiento”, expresó ante Página/12 el colaborador que estuvo al lado de Bergés todos estos años. Aunque negó que el juez se sienta cansado de que sus superiores de la Cámara del Crimen le revoquen sucesivos fallos, admitió que esos camaristas y algunos jueces “van por otro camino”.
El funcionario consultado aseguró que Bergés no habló con nadie del Gobierno, que tiene buena relación con el secretario de Seguridad Norberto Quantín y que la oferta provino de una persona conocida suya que trabaja en la Superintendencia. El magistrado no pertenecerá a la planta sino que desarrollará una “actividad técnica” como abogado contratado para llevar adelante cinco juicios contra AFJPs. “Es un contrato ad hoc externo con un honorario mensual casi similar al sueldo de juez”, explicó la fuente. Las autoridades del organismo lo convocaron ante la comprobación de una reiteración de fraudes por parte de las aseguradoras.
Bergés se ufanó de tratar por igual “a un preso común que a un ministro”. Aunque piensa que puede llegar a volver a Tribunales, quizá como camarista, ahora sólo podía renunciar para realizar la actividad que le ofrecieron. “Seguirá con la lucha contra los delitos económicos, que le apasiona, pero ahora como querellante”, comentó su colaborador.
El juez dice que se va tranquilo porque no tiene “nada pendiente” en el juzgado. Cuando lo acusan de demagogo, Bergés se defiende argumentando que aplica “la ley sumada al sentido común”. Investigó por presuntos hechos de corrupción a los ex intendentes porteños Carlos Grosso y Jorge Domínguez, procesó al ex presidente Fernando de la Rúa por la supuesta contratación de “ñoquis” en el ex Concejo Deliberante. En 1996 quiso allanar la SIDE, pero sus empleados fueron echados por los hombres del ex secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy, el mismo funcionario que había propuesto su nombramiento. Ese mismo año, cuando procesó a Domínguez, el entonces presidente Carlos Menem le aconsejó a su ex intendente que “no haga caso del fallo”. Dos años después, el ex procurador Nicolás Becerra pidió su enjuiciamiento por su actuación en una causa en la que investigaba al ex juez federal Carlos Liporaci. Se enfrentó una vez más con colegas por el caso del “robo del siglo”, en el que estuvo involucrado el ex juez Pablo Bruno. Fue calificado de “loco”, “duro” y “obsesivo”. Sinsabores varios que ahora quedaron atrás.