Preso Emir Yoma, salió Víctor Alderete. Liberados Erman González, Carlos Menem y Martín Balza, le llegó la hora a Domingo Cavallo. Quizá Menem tenga que volver a alguna paradisíaca prisión y para ese entonces Enrique Mathov y Rubén Santos podrían quedar libres por decisión de la Cámara Federal. Esto que los propios funcionarios de tribunales describen como una calesita a la que se sube o se baja, según el Gobierno o los políticos que dominen la sortija, es expresión de algo más. Es, dicen también, “el arte de los jueces de reciclarse a sí mismos”.
“María Servini de Cubría es la candidata para la Corte de Lilita Carrió.” Así dice uno de los chimentos más repetidos en los últimos días en el edificio de los tribunales de Retiro donde están los jueces federales, que son los encargados de investigar a los funcionarios. Consultada para esta nota Servini evadió: “Estoy muy ocupada, ¿por qué no me llamás más tarde?”. Y después ya no contestó.
Servini, o “la Chuchi” como le dicen, es a los ojos de sus colegas una maestra cuando de aggiornamento se trata. Quedó bañada en críticas después de haberle perdonado la vida a Amira Yoma en la causa de los narcodólares y fue la jueza burú budú budía ridiculizada por Tato Bores. Ahora, sin embargo, tiene el respaldo de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, por su trabajo en los expedientes de apropiación de menores durante la dictadura, y las reverencias de la diputada del ARI Elisa Carrió, denunciante de la causa sobre fuga de capitales, lavado y subversión económica en la que Su Señoría procesó y dejó preso al banquero menemista Carlos Rohm, vicepresidente del Banco General de Negocios. Servini, nombrada jueza federal por Menem en 1990, es la única jueza con competencia electoral en Capital, un puesto que brinda contactos políticos.
Con la misma habilidad con que buscó despegarse del menemismo, apareció el 20 de diciembre en Plaza de Mayo lista para frenar la masacre que precedió a la caída del gobierno de Fernando de la Rúa. Y fue por más: detuvo a Santos, ex jefe de policía, y a Mathov, ex secretario de Seguridad, por abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad. A De la Rúa lo invitó a la indagatoria un rato antes de interrogarlo y las preguntas sólo abarcaron aquello de lo que el ex presidente se podía defender tranquilo.
Un piso abajo del despacho de la jueza, un fiscal federal se enoja y hace extensiva su crítica a otros jueces: “Le siguen mintiendo a la gente. Hace más de diez años Servini tiene abierta, para cuando le venga bien, la causa de los guardapolvos de Eduardo Bauzá”. Otro fiscal agrega, quizá con un toque conspirativo: “En la misma decisión de meter presos a Santos y Mathov está la garantía de impunidad. Santos seguramente va a salir de la cárcel declarado inimputable gracias a una pericia psiquiátrica y Mathov por estar preso por delitos excarcelables”. Ambos casos están apelados en la Sala I de la Cámara Federal, donde evalúan que “tal como están formuladas las detenciones habría que excarcelarlos, lo que se está analizando ahora es si no son responsables de homicidio”.
Esposados
Julio Speroni es el juez penal económico que dispuso la prisión de Cavallo acusándolo de contrabando agravado de armas a Ecuador y Croacia, a pesar de que le había dictado falta de mérito en septiembre. Fue nombrado en 1989, pero nunca antes había tenido causas de tal envergadura hasta que el año pasado acumuló, por orden de la Cámara, todos los expedientes sobre la venta ilegal de armas. Le gusta tomar té, le agradan los deportes y suele cultivar el bajo perfil. Cada tanto, igual, dio algún golpe de efecto: procesó a Daniel Passarella por la importación irregular de un yate y a Gabriel Batistuta por evadir impuestos. Cuando ya se sabía que laCorte Suprema iba a liberar a Menem, él le dictó falta de mérito. Ahora analiza la posibilidad de volver a encarcelarlo. Nadie sabe muy bien qué quiere Speroni, a quien se le conocen pocos lazos políticos. El bronce, a esta altura de su carrera, parecería que un poco le tienta.
¿Qué tienen en común Speroni y Servini de Cubría más allá de acorralar funcionarios? Además de una larga carrera en tribunales, tienen un pésimo temperamento. Tanto que Speroni instaló hace tiempo en su despacho un cartel con la leyenda: “Nunca pierdo el buen humor”. Los dos .-nacidos en 1936– eran además candidatos a la jubilación compulsiva que trató de implementar el gobierno de Eduardo Duhalde para sanear la Corte Suprema y que afectaría también a otros 90 jueces inferiores. La preocupación de Servini por este tema provocó hasta milagros: reanudó el diálogo con la camarista menemista Luisa Riva Aramayo, también posible damnificada por un retiro forzado, con quien llevaba largo tiempo sin hablarse.
Servilleta y cacerola
“Los jueces, sobre todo los federales, están más allá del bien y del mal”, se arrebata un camarista federal. Pero se frena y dice que también es cierto que hoy cargan con el temor de que el cacerolazo contra la Corte se traslade a sus tribunales, o a sus casas. De modo que no están de más los intentos por alejarse de la imagen de la servilleta de Carlos Corach. En eso el ex juez Adolfo Bagnasco fue un pionero a imitar por otros: cuando se fue, había metido preso a Alderete por asociación ilícita en el PAMI y a varios ex jefes militares por el robo de bebés durante la dictadura, entre otras hazañas siempre bienvenidas por la platea. “Una causa de derechos humanos y/o agarrar a algún ex funcionario caído en desgracia son la clave para limpiarse”, aseguran otro camarista y un fiscal.
“Dale Rodi, ¿cuándo la vas a meter presa a María Julia (Alsogaray)?” Cada vez que se junta con amigos, el juez Rodolfo Canicoba Corral escucha el mismo planteo. Todo el mundo sabe que tiene una causa en que la Oficina Anticorrupción acusó a la ex funcionaria de asociación ilícita .-el mismo delito por el que estuvo preso Menem– mostrando varias maniobras de sus tiempos de secretaria de Recursos Naturales. Canicoba, un ex asesor de Elías Jassan en la Secretaría de Justicia, viene dando vueltas con el expediente de la ingeniera. Sabe, en realidad, que cuenta con una posibilidad que no tuvo su par el juez Juan José Galeano, que la procesó por enriquecimiento ilícito, que es excarcelable.
Galeano, aun con aquella decisión memorable, no pudo borrar las críticas por su manejo de la causa del atentado a la AMIA que hoy cristalizan en el juicio oral donde el armador de autos Carlos Telleldín -.uno de los principales acusados-. contaría en pocos días que el magistrado le pagó para acusar a una banda de policías. Canicoba todavía no encontró la fórmula para evitar contradecir el fallo con que la Corte abrió las puertas para salir de la cárcel a Yoma y Menem por el delito en cuestión. Por ahora se conforma con haber llevado con éxito la causa del Plan Cóndor, donde ordenó la detención, entre otros, de los represores Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y el dictador Augusto Pinochet.
El poder de los flashes
El juez Claudio Bonadío también apareció muchas veces en los diarios en los últimos diez días de marzo: procesó al ex ministro Roque Fernández y a Pedro Pou por la caída del Banco Feigin que se produjo hace ya siete años; activó una causa contra al empresario Franco Macri sobre una maniobra de 1997; investiga a la ex directora del Banco Ciudad Mónica Almada, acusada de saltar el corralito, y sigue la huella de posibles irregularidades en la asignación de recursos de amparo sobre las restricciones bancarias. Contra su voluntad, Bonadío tuvo más espacio mediático cuando baleó a dosjóvenes que intentaron atacarlo en septiembre último. A los pocos días, declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia debida y Punto final.
La situación de Domingo Cavallo comenzó a levantar temperatura el 21 de marzo, cuando el juez Jorge “Pati” Ballestero lo llamó a indagatoria por la operación del megacanje y lo procesó por haber instado a los bancos a no cumplir con las órdenes judiciales de abrir el corralito. Ballestero es un hombre medido, desconfiado y bastante miedoso. La causa de la leche adulterada y la de la mafia del oro lo lanzaron años atrás a la fama. En la primera, sobreseyó al ex secretario presidencial Miguel Angel Vico, en la segunda nunca quedó claro por qué no indagó a Domingo Cavallo, quien había firmado los decretos que facilitaron el negociado. Según una versión confirmada por dos allegados a Ballestero, a poco de asumir el titular de la Side Carlos Soria le pidió que metiera preso a Cavallo en la causa del megacanje (ver páginas dos y tres). Ballestero lo citó a declarar, pero el trabajo de ponerle las esposas –está a la vista– lo hizo otro.
En cuanto a Jorge Urso, quien gozó del padrinazgo del ex ministro de Seguridad y actual diputado Miguel Toma (PJ), parece que decidió guardarse un poco después de la epopeya -.precedida por algunas sugerencias de la Cámara– de llevar a Menem, Yoma y sus secuaces a la cárcel y de que tiempo después se quedara con el expediente el juez Speroni. Para cuando decida volver al ruedo tiene, por ejemplo, una causa en que está involucrado Ernesto Marcer, el ex procurador del Tesoro del gobierno de De la Rúa. Por lo pronto prefiere quedarse con el recuerdo de los aplausos que una vez un grupo de gente le dedicó en el supermercado.