Esta saga de procesamientos y detenciones, de matices por momentos surrealistas, donde quienes gobernaban hasta no hace mucho aparecen entre los barrotes de alguna prisión vip con máquinas para chatear o cancha de golf, produce sensaciones contradictorias. No por lo de las comodidades –al cabo es prisión– sino porque cuesta entender cómo llegaron hasta ahí después de tantos años y en muchos casos por la resolución de algún juez a quien habían ayudado a llegar al despacho que hoy ocupa. ¿Es la ambición de autolimpieza de los magistrados lo que los motiva? ¿Cómo es que está Cavallo preso si por lo mismo Menem tiene falta de mérito? O al revés. ¿Cómo es que Menem está en libertad? ¿Es el miedo al escrache que sufren los jueces? ¿O hay extorsiones de por medio?
Quizá lo más alarmante del asunto es la fantasía de que en esto consiste la Justicia. A lo que en el edificio de Comodoro Py se sumó una reflexión referida a “la posibilidad de que cualquiera vaya en cana por cualquier cosa”, definió uno de los camaristas consultados. “¿No es que hay que garantizar seguridad jurídica?”, ironizó.
“En realidad la Justicia se hace cuando un caso se debate en el juicio oral y público”, coinciden dos importantes funcionarios tribunalicios. Las estadísticas, sin embargo, no están del lado de esa hipótesis. Primero porque cada investigación tarda años en llegar a la etapa oral, segundo porque no son las que afectan a funcionarios las que llegan primero. Tomando al azar la estadística del año 2001 de un juzgado federal surge que de los 800 expedientes que había divididos en 16 rubros, sólo 6 fueron elevados a juicio oral. Pero ninguno de ellos era sobre delitos contra la administración pública –que son los que afectan a funcionarios– a pesar de que de ese rubro había más de 100 expedientes.