El juez federal de Salta, Miguel Medina, no tiene dudas de que la denominada Masacre de Palomitas, como se conoció el fusilamiento de doce presos políticos ocurrido en julio del ‘76, fue parte de una tarea planificada. Así surge de la lectura del fallo en el que el magistrado procesó a los militares retirados Carlos Mulhall (coronel), Miguel Raúl Gentil (teniente coronel) y Hugo Espeche (capitán). Consideró que ellos formaron parte de una asociación ilícita que realizó homicidios doblemente calificados, ya que fueron concretados con alevosía y premeditación. También resolvió embargar sus bienes.
De los 12 detenidos fusilados, once estaban alojados en la penitenciaría local. El restante era un ingeniero jujeño que se encontraba desaparecido. En el momento de los fusilamientos, Mulhall era el comandante de la guarnición militar Salta; Gentil, el interventor de la policía provincial, y Espeche fue el encargado material de retirar a los prisioneros y subirlos al convoy en el que finalmente encontrarían la muerte.
Para el juez Medina, Mulhall participó de la asociación ilícita en carácter de jefe. Por ello dictó un embargo sobre sus bienes de 600 mil pesos para cubrir los gastos y costas del proceso. En el caso de Gentil y de Espeche, el embargo fue de 500 mil pesos. Tanto Mulhall como Gentil actualmente cumplen el arresto en sus domicilios particulares. Espeche, en cambio, se encuentra detenido en la unidad militar de la capital salteña. Por cierto que en Salta ningún fiscal todavía planteó que “las unidades militares son para la defensa nacional y no para alojar detenidos”, como sí lo hizo el fiscal federal de Bahía Blanca, Hugo Cañón, en el caso de Alfredo Astiz.
Con el fallo de Medina, por primera vez, luego de 28 años, se comienza a ponerles nombre a los responsables, en una causa judicial. Cuando ocurrieron los hechos, el único juez federal actuante era Ricardo Lona, el camarista federal recientemente sometido a un jury de enjuiciamiento por el Consejo de la Magistratura. Lona comenzó con algunas actuaciones procesales luego de que a finales de la dictadura militar recibiera una denuncia formulada por un grupo de presos políticos. Su falta de investigación fue precisamente uno de los cargos que tuvo que enfrentar en el jury. Aunque fue absuelto por este cargo y en el único en que fue hallado culpable no se alcanzó la mayoría calificada prevista reglamentariamente, Lona terminó sus días en la Justicia luego de que el presidente Néstor Kirchner aceptara la renuncia que éste había presentado antes de que comenzara su enjuiciamiento.
En su exhaustivo y voluminoso fallo, Medina repasa las principales declaraciones y testimonios recogidos a lo largo de los años. De algunas de esas actuaciones queda al descubierto la enorme trama de complicidades que siguió a los fusilamientos. Así es que aparecen certificados médicos con nombres fraguados o con matriculas inexistentes, y también la participación de varios otros conocidos personajes del aparato represivo de la época. Lejos de hacer justicia, la prisión preventiva es un primer paso de los muchos que todavía faltan dar.