Esta vez nadie habló de ir tras los desocupados organizados “con el Código Penal en la mano”, pero el pedido que sobrevuela va en esa dirección. Desde el Gobierno y sectores empresarios proclaman que la Justicia actúe de oficio frente a las protestas, que en los últimos días incluyeron la ocupación de edificios. Varios juristas consultados por Página/12 amplían la polémica. Algunos directamente adjudican delitos a los piqueteros, pero en una tribuna aparte dicen que eso es sólo criminalizar la protesta social sin buscar soluciones y responsabilizan al Estado. Otros especialistas plantean que si de algo se tienen que ocupar los jueces, es de hacer cumplir los derechos que las manifestaciones reclaman. Sostienen que el derecho al trabajo o a la alimentación, entre otros, deben considerarse prioritarios.
El primero en pedir la acción de la Justicia fue el ministro del Interior, Aníbal Fernández. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, insistió ayer: “Cuando se transgreden las normas, la Justicia indefectiblemente debe actuar”. El titular de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Horacio Cornide, pidió “que la Justicia actúe de manera muy rápida para evitar que ocho, diez, quince o veinte personas violen la propiedad privada o el derecho a transitar”.
En los últimos años, la mayoría de las decisiones del Poder Judicial sobre las protestas de los desocupados tuvieron un patrón común: privilegiar el derecho a la libre circulación sobre el de peticionar a las autoridades y sobre los derechos que forman la base del reclamo social. Hay cerca de 4000 procesados sociales, según contabilizan varias organizaciones. Un caso testigo que está en la Corte Suprema a la espera de resolución es el de la docente Marina Schifrin, condenada por cortar la ruta en Río Negro en defensa de la educación pública. Ahora, la diversificación de los métodos de protesta, incluyendo ocupaciones de locales de McDonald’s, en el Hotel Sheraton y en Repsol, amplió el debate.
El constitucionalista Daniel Sabsay cuestionó la ocupación de edificios públicos o empresas privadas. “Son delitos de acción pública”, dijo. “La forma de protestar y peticionar a las autoridades tiene un límite, si no bajo pretexto de estos derechos amparados en la Constitución podríamos hacer cualquier cosa”, advirtió el asesor en la intervención santiagueña. “La comprensión debe terminar donde se producen actos enfrentados con la legalidad”, sostuvo, y llamó a que actúen jueces como “parte del Estado”.
“Las manifestaciones en espacios públicos o privados de acceso público son siempre conflictivas en una sociedad con altos niveles de pobreza. Pero la salida no es criminalizar esos conflictos, la solución debe ser política”, analiza Gustavo Palmieri, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Desde que ganó relieve el aspecto político de la protesta algunos jueces empezaron a decir que cortar una ruta es delito. Es una construcción de un delito que muestra una muy baja tolerancia y una concepción restringida de la libertad de expresión.” Palmieri añade que “cualquier ejercicio de un derecho implica la posibilidad potencial de limitar derechos de otro, hay que evaluar la relevancia de cada uno”. “Un derecho grave, como los sueldos adeudados, debe ser prioritario”, dice. Claudio Pandolfi, de la Coordinadora Contra la Represión Policial (Correpi) señala que “la criminalidad está del lado del Estado, no en quienes le reclaman que garantice sus derechos”. “El propio Gobierno dice que el reclamo es justo, pero cuestiona su expresión sin ofrecer salidas”, dice. “Aquí no se cumplen ni la Constitución ni la Convención Interamericana: el derecho a la salud, la alimentación, la protección de la niñez, al trabajo, al salario digno, a la seguridad social”, precisa. “Se pide que el Poder Judicial actúe para reprimir pero no frente a un salario de 200 pesos, que a nadie le puede parecer suficiente”, observa.
Otro experto en derecho constitucional, Alberto García Lema, dice que “previo a la acción de la Justicia, debe quedar claro si lasreivindicaciones piqueteras son legítimas o si están preparando una actitud insurreccional, una escalada que fuerce la represión. Quien debe hacer ese diagnóstico es el Gobierno. La Justicia necesitará su respaldo”, explica. “Pareciera haber en algunos casos extorsiones y daños a la propiedad. Pero hay que manejarse con prudencia. También está en juego el derecho de petición y la defensa de los sectores postergados.”
“No debería ser un problema que la Justicia intervenga, si cuidara a quienes tiene que cuidar, a los más débiles, garantizando la satisfacción de sus derechos constitucionales agraviados. La protesta de quienes asumen las mayores ofensas jurídicas, merece la máxima protección judicial”, advierte el constitucionalista Roberto Gargarella. “Los que piden intervención judicial saben que su criterio central ha sido desplazar el derecho a la protesta por el de libre tránsito o el de propiedad privada. A muchos jueces los mueve la ignorancia y el prejuicio de clase. Hay una tendencia –dice el jurista– a mirar la Constitución desde el derecho penal y la coerción estatal, no desde la libertad de todos.”