Un grupo de diputados de la oposición se propone avanzar sobre las responsabilidades de los ex funcionarios políticos en la masacre de Avellaneda, un aspecto hasta ahora ignorado por las investigaciones judiciales. En tal sentido, ayer reclamaron al Poder Ejecutivo documentación que certifique las instrucciones, reuniones e investigaciones realizadas antes y después del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, ocurrido el 26 de junio de 2002. Por otra parte, un repaso por el archivo del Congreso permite comprobar que no prosperó ninguno de los pedidos de informes e interpelación a ministros realizados desde aquella represión.
Variadas iniciativas presentadas por los legisladores Alicia Castro, Francisco Gutiérrez, Nilda Garré e Irma Parentella, entre otros, fueron sistemáticamente ignoradas en el propio Congreso, donde la mayoría duhaldista impidió cualquier tipo de revisión sobre lo ocurrido durante la masacre de Avellaneda. Incluso quedó en un cajón el pedido del diputado José Vitar para la creación de una comisión especial investigadora de aquellos hechos, que precipitaron las elecciones. El nuevo pedido de los diputados fue presentado ayer en una conferencia de prensa que contó con la presencia de Alberto Santillán, padre de Darío, y representantes del MTD y de la Coordinadora Aníbal Verón. Santillán cuestionó la marcha de la investigación y dijo sentirse “usado” por el Gobierno que, según recordó, se había comprometido a crear una comisión investigadora (ver reportaje).
Los diputados solicitan al Ejecutivo el contenido del acta de las reuniones de gabinete del 17 y 18 de junio de 2002, que contó con la presencia del entonces presidente Eduardo Duhalde, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, y la ministra de Trabajo, Graciela Camaño, entre otros. El proyecto pide al Ejecutivo que informe sobre las instrucciones impartidas y que precise si, dentro de las fuerzas de seguridad y policiales intervinientes, se efectuaron sumarios administrativos para investigar los hechos.
Además, los legisladores solicitaron la apertura de la totalidad de los archivos de la SIDE referidos a los hechos ocurridos el 26 de junio de 2002 y el detalle de las llamadas efectuadas el día del hecho y los dos posteriores por el comisario Alberto Fanchiotti, procesado por la masacre. El proyecto fue firmado por los diputados del ARI Eduardo Macaluse, Marta Maffei y María Fabiana Ríos, del socialismo Héctor Polino, Jorge Rivas y Ariel Basteiro, de Autodeterminación y Libertad, Luis Zamora, del Frente Grande Margarita Jarque, de Emancipación y Libertad Claudio Lozano y de Izquierda Unida, Patricia Walsh, entre otros.