La Embajada de Estados Unidos en Paraguay canceló la visa a cuatro jueces, cinco fiscales y cinco jefes policiales a los que aparentemente consideró vinculados al narcotráfico, el contrabando o el lavado de dinero. Más que un impedimento para entrar al país del Norte, la decisión de Washington significa de hecho una acusación contra los funcionarios y para muchos se trata de una violación de la soberanía porque un poder externo declara culpables –fuera de los estrados judiciales– a jueces, fiscales, policías y tal vez políticos de otro país. El mayor temor en el gobierno argentino es que Estados Unidos le haga lo mismo. El vocero de la embajada norteamericana en Asunción, Mark Davidson, no descartó esa movida: “El presidente George Bush y el encargado de América latina del Departamento de Estado, Otto Reich, ya adelantaron que nuestro país combatirá la corrupción en todos los países. Revocando visas estamos mandando ese mensaje”.
El caso provocó verdadera conmoción en Paraguay. La Corte Suprema ordenó que se investigue a los cuatro jueces con visa cancelada –tres de Ciudad del Este, la ciudad a la que se considera centro del contrabando, y uno de Luque–, el Ministerio del Interior puso en disponibilidad a los cinco jefes policiales y el Ministerio Público todavía no tomó resolución respecto de los cinco fiscales, uno de Asunción, uno de Pedro Juan Caballero y tres de Ciudad del Este. El gobierno reaccionó con palabras duras: “No podemos aceptar que Estados Unidos determine quiénes son y quiénes no son corruptos, sin que exista demostración fehaciente, porque se trata de magistrados, fiscales y oficiales de policía que tienen derecho a defensa”, sostuvo el secretario general de la Presidencia, Jaime Bestard. El funcionario dijo en concreto que “Paraguay está molesto”.
En diálogo con Página/12, el vocero Davidson aclaró que “nosotros no elaboramos listas negras. Acá en Paraguay se está diciendo que hay una lista negra, pero eso no es cierto”.
–Sin embargo, citaron a funcionarios para un trámite de cancelación de las visas –insistió este diario.
–Sí, es cierto. Es un trámite personal y confidencial. Las personas citadas vienen y nos dan su punto de vista.
–¿Este trámite se hará en otros países? ¿En la Argentina, por ejemplo?
–Mire, Estados Unidos determina quién viola las leyes norteamericanas y desde ese punto de vista está en su derecho de decidir quién entra y quién no entra a nuestro país. La lucha contra la corrupción en distintas naciones en desarrollo fue adelantada por el presidente Bush antes de su viaje a Monterrey. La corrupción significa una defraudación a los pueblos. El encargado de América latina del Departamento de Estado, Otto Reich, también viene sosteniendo lo mismo, de manera que el proceso está abierto.
Desde hace una semana, también en Buenos Aires crece la preocupación por una eventual movida similar que afectara a jueces, fiscales y jefes policiales, pero igualmente a funcionarios del gobierno. En la Casa Rosada no faltan quienes se tranquilizan: “Estados Unidos viene insistiendo con el descontrol que existe en la Triple Frontera, especialmente en Paraguay y sobre todo en Ciudad del Este. Se ve que tomaron una medida drástica que apunta a condenar casos concretos de procedimientos en los que quedaron en libertad narcotraficantes, contrabandistas o lavadores de dinero. No podemos descartar que haya una lista negra también para la Argentina, pero por ahora no tenemos ninguna señal”, dijo a este diario un encumbrado hombre del Gobierno.
La jugada norteamericana es polémica. Quienes no la ven con malos ojos argumentan que Estados Unidos puede permitirle o prohibirle a cualquiera que entre en su territorio, sin violación de la soberanía. Y que en un mundo globalizado ellos consideran que narcotraficantes, contrabandistas olavadores de dinero violan su ley y responden, aunque el acusado viva en otro país.
Por su parte, quienes se oponen a esta nueva política de Washington sostienen que Estados Unidos realiza, de hecho, una acusación. No lo hace en la Justicia, sino de acuerdo a su criterio y sin exhibir pruebas. Se arroga así el derecho a emitir una especie de certificado de buena conducta sobre ciudadanos que no son los propios. Esto es parte del proceso de dominación: se ha llegado al punto en el que dicen qué leyes hay que abolir –por ejemplo, la de subversión económica– y también quién debe ser acusado o excluido de la función judicial o pública. De la misma manera que por razones geopolíticas sostiene a decenas de regímenes corruptos, utiliza este nuevo mecanismo para socavar o “apretar” a otros.
Todo indica que la polémica recién empieza y más allá de los debates teóricos, el temor es si existirá o no una lista argentina. Los duhaldistas nunca tuvieron buena relación con Washington, la SIDE mantuvo una durísima confrontación con la CIA por faltantes de dinero y filtraciones de información, hay gobernadores sospechados de vinculaciones con el narcotráfico, un secretario de Estado es considerado archienemigo de los norteamericanos en el terreno de las patentes y hay numerosos jueces federales cuestionados por procedimientos sospechosamente fracasados en casos de contrabando, narcotráfico o lavado de dinero. A propósito, una de los casos que se desarrolló en forma extraña justamente tiene que ver con una empresa norteamericana: IBM.