Por Camilo Ratti
Desde Córdoba

Los abogados querellantes, el Fiscal General y el Defensor Público Oficial expusieron ayer sus alegatos ante la Cámara Federal de Córdoba, en los cuales solicitan se declare constitucional la ley 25.779, sancionada el año pasado por el Congreso Nacional, que declara “insanablemente nulas las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y el Indulto”, que desprocesaron y dejaron en libertad a Luciano Benjamín Menéndez y a otros militares en la causa que investiga la muerte en 1976 de 30 presos políticos alojados en la cárcel de San Martín y el D2 de Inteligencia de la Policía provincial, a quienes se les aplicó “la ley de fugas” para eliminarlos. Además, apelaron la resolución de la jueza Garzón de Lascano del 21 de marzo pasado, que sostuvo “carencia de pruebas suficientes” para procesar a los responsables de estos crímenes.
“De todas las causas que se tramitan en los juzgados federales de Córdoba, ésta debe ser la que más pruebas testimoniales y documentales ofrece”, señaló a Página/12 Rubén Arroyo, uno de los abogados querellantes, quien aclaró: “Nosotros solicitamos se declare constitucional la ley 25.779, pero aplicada a esta causa de la Penitenciaría”.
Con otro planteo, María Elba Martínez, la otra defensora de las víctimas, sostuvo que “al interponer la inconstitucionalidad de las dos leyes mencionadas y el indulto, nos referimos a todos los hechos que se investigan en el tribunal sin hacer exclusión de ninguno de ellos, siempre que sean productos del Terrorismo de Estado, y tampoco lo acotamos al personal militar sino a todos los responsables a tenor de los criterios de participación, es decir, médicos forenses, funcionarios administrativos y todo el poder judicial de aquel entonces, que no protegió a las personas asesinadas”.
Marcelo Arrieta, defensor público oficial subrogante ante la Cámara, coincidió con Martínez en la complicidad que tuvieron en esas muertes los jueces federales de aquella época y remarcó el nuevo contexto jurídicopolítico: “El reciente dictado de la ley 25.779 eliminó todos y cada uno de los obstáculos procesales internos para la persecución y represión de estos delitos. Por ello adelanto mi posición de requerir la instrucción penal de estos hechos, con la aclaración de que la prueba está casi toda diligenciada”. El fiscal general Alberto Lozada se pronunció en el mismo sentido. El Tribunal federal cordobés debe ahora estudiar y resolver.