“Es muy difícil pensar que no haya algo raro detrás de esto”, afirmó ayer el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en referencia al asesinato del militante piquetero de la Federación Tierra y Vivienda Martín “El Oso” Cisneros, ocurrido el viernes en el barrio de La Boca. La conclusión del Gobierno es que no puede ser casual que el crimen haya ocurrido el mismo día del aniversario de las muertes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, cuando los piqueteros mantenían cortado el Puente Pueyrredón y que la víctima, El Oso Cisneros, pertenecía a la agrupación más cercana a la Casa Rosada. “No se pueden dejar de atender estas circunstancias”, sostuvo el jefe de Gabinete. A los tres elementos detallados, el Gobierno agregaba un cuarto: la relación de Juan Carlos Duarte, el acusado por el asesinato de Cisneros, con la comisaría 24ª, un dato que venían investigando desde meses atrás.
Según explicaban en Gobierno, la división Asuntos Internos de la Policía Federal seguía de cerca las irregularidades que involucraban a las autoridades de la comisaría 24ª, encabezadas por el ahora relevado comisario Cayetano Greco. “Por eso fue tan sencillo desplazarlo cuando saltó el hecho”, explicaban. Su puesto es ocupado ahora por el subcomisario que el Gobierno había puesto allí apenas la semana pasada.
La 24ª tenía tres denuncias que estaban siendo investigadas, una de ellas la relacionaba con Juan Carlos Duarte, conocido en La Boca como “el gordo Juan Carlos”, detenido desde el sábado por el crimen. Duarte tenía dos causas judiciales abiertas: una de 2001 por tráfico de drogas y otra de febrero de 2004 por el robo al comedor Los Pibes, que coordinaba el asesinado Cisneros. Aparentemente, el día del robo al comedor la comisaría 24ª cambió de lugar las paradas habituales de sus efectivos de manera de crear una especie de zona liberada para que Duarte actuara sin problemas.
El robo al comedor hizo que la relación entre Cisneros y Duarte –que vivían en la misma cuadra de la calle Olavarría– fuera de mal en peor. Luego del robo, Duarte se fue de La Boca y vivía entre la isla Maciel y una villa, donde también tuvo problemas por la venta de drogas. Hacía tres semanas había vuelto a La Boca. El líder de la FTV, Luis D’Elía, contó que 40 días atrás denunciaron que Duarte amenazó a Cisneros pero que las autoridades de la comisaría 24ª no hicieron nada al respecto.
Al Gobierno también le resultó llamativo que el expediente por el robo al comedor, a cargo del fiscal Juan Manuel Sansone, no registrara ningún avance. La versión de los funcionarios era que la causa había ido a archivo pese a que existían elementos para procesar a los culpables.
Respecto de la investigación del homicidio, la policía detuvo ayer al supuesto cómplice de Duarte, Luis, un menor de 17 años, que se había escondido en la casa de sus tíos en Bella Vista. Tanto Duarte como Luis declararán hoy ante el juez federal Norberto Oyarbide, por el momento a cargo de la investigación.
Mano extraña
En el Gobierno no llegaban a suscribir la teoría del crimen “político” lanzada por D’Elía pero, al sumar los elementos, hablaban de, al menos, la presencia de una mano extraña que hacía descreer del mero hecho policial. Para más, el asesinato ocurrió en momentos en que en la Rosada perciben una nueva ofensiva de algunos sectores para generar una sensación de descontrol en las calles a raíz de las protestas sociales. El asesinato y la toma de la comisaría por parte de los seguidores de D’Elía les vino bárbaro para sus planes.
En Gobierno aseguraban contar con encuestas recientes que reflejan que la gente no desea que se reprima a los piqueteros pero la sensación que flota es la contraria. Por eso, un funcionario hablaba de la teoría de los “consensos invisibles”, en boga dentro de cierta inteligencia norteamericana. Siguiendo esa teoría, el funcionario kirchnerista explicaba que sectores contrarios a los cambios que impulsa el Gobierno llegan a un consenso sobre un tema sin necesidad de ponerse de acuerdo entre ellos, pero a sabiendas de que ese tema los llevará a chocar contra la Rosada. Hoy ese tema son los piqueteros en la calle.
De ahí entonces que piensen que –ya sea de forma voluntaria o involuntaria– podía haber sectores políticos o económicos opositores detrás del asesinato de Cisneros. Y que, montados en el crimen, renueven fuerzas para avanzar sobre las políticas de la Rosada.
En tal sentido, un funcionario del Gobierno sostenía que detrás de los reclamos porque actúe la Justicia en el caso de las protestas piqueteras lo que hay es un pedido de represión. “Porque la Justicia está actuando, hay muchas más causas abiertas por los piquetes. Lo que no se animan a decir es que reprimamos una protesta en la que hay mujeres y chicos”, resaltó el funcionario.
“Nuestra estrategia está dando resultados: hoy los piquetes son mucho menos que antes. Si hasta Castells está desconcertado, en los reportajes admite que muchas veces no sabe si tiene que cortar porque la gente lo rechaza”, añadía el hombre presidencial.
El presidente Néstor Kirchner continuó ayer monitoreando desde China el desarrollo de la situación. Cerca del Presidente, ya no es secreto, continúan enojados por las declaraciones del viernes del ministro de Defensa, José Pampuro, cuando sostuvo que Argentina se estaba convirtiendo en un país violento. “Se volvió loco”, respondía ayer un hombre de la Rosada. Con todo, cerca del Presidente no ponían en duda la continuidad del funcionario. “Ya se disculpó con el Presidente y salió a aclarar lo que pudo”, agregaban.
Lo del ministro de Economía, Roberto Lavagna, en cambio, no lo consideraban tan grave. Lavagna le dijo al diario inglés The Financial Times que había que aplicar la ley para los hechos de violencia. “Es lo mismo que venimos diciendo nosotros”, sostenía el funcionario.