“Mi nieta de cuatro años quiere saber si ‘la policía mata’... y ¿qué le decimos, que está para cuidarnos o para matarnos?”, se preguntó Lila Mansilla, la madre de Yanina García, de 18 años, asesinada de un disparo en el corazón durante la masacre de diciembre de 2001 en Rosario. La mujer integra la delegación santafesina de familiares de las víctimas y ayer estuvo en Buenos Aires, junto a miembros de la Comisión No Gubernamental investigadora de las nueve muertes ocurridas en esa provincia, para entrevistarse con distintas autoridades legislativas y del Ejecutivo. En el Congreso, el contingente denunció que “estos hechos tuvieron la anuencia del poder político, del Poder Legislativo, por negarse a investigar cuando se les pidió una comisión oficial, y del Poder Judicial, que no fue a fondo para saber cuáles fueron los responsables políticos de las muertes”, tal como lo manifestó en conferencia de prensa Federico Garat. Se frustraron en la Casa Rosada porque no fueron atendidos por el secretario general de la Presidencia ni por el secretario de Derechos Humanos, como estaba previsto, sino por un asesor. Acompañaron a las Madres en su ronda de los jueves en Plaza de Mayo y volvieron al Senado para escrachar el ex gobernador Carlos Reutemann.
“Cuando nos dispara la policía, el que dispara es el gobierno”, dice el afiche que empapela las calles cercanas al Congreso, con una caricatura de Reutemann y sus ex ministros de Seguridad y de Gobierno manejando “policías como marionetas”. Y refleja la situación denunciada: la investigación judicial de la represión con la que se despidió del poder el gobierno de la Alianza, que dejó 39 muertos en todo el país y nueve en Santa Fe, fue insuficiente incluso para determinar las responsabilidades policiales. Hay denuncias por irregularidades judiciales y policiales y a los familiares y abogados les impiden el acceso a los expedientes, por ejemplo, para aportar pruebas. Además, no prosperó ninguna acusación contra funcionario político alguno, a diferencia de la causa que investigó las cinco muertes ocurridas en Capital, en la que aún está imputado el ex presidente Fernando de la Rúa. Como broche, sostienen que el Legislativo y el Ejecutivo provinciales actuaron como encubridores.
Esta comisión no gubernamental, integrada por familiares, abogados y militantes sociales, se reunió al mediodía con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y obtuvo la promesa de una visita a Santa Fe para el 6 de agosto y la citación del ahora senador Reutemann.
“No nos cabe ninguna duda, cada expediente confirma que esas balas partieron de la policía en situaciones en las que no había conflicto que lo justifique. Hay una cadena de mandos y hay órdenes que hasta el día de hoy no sabemos quién dio”, comenzó diciendo Garat en el Congreso. “La Justicia para lograr la impunidad dividió las investigaciones como casos aislados y no hubo un análisis integral sobre lo que pasó durante esos días”, expresó Antonio Tesolini. Y a continuación enumeró el estado de esos procesos: si bien quedó comprobado que siete de los nueve muertos recibieron el plomo policial, sólo hay dos detenidos. Uno es el autor material del asesinato de Claudio “Pocho” Lepratti y el otro es el oficial que disparó contra Graciela Acosta. Esa causa está paralizada. En el caso de la muerte de Walter Campos, el único imputado fue sobreseído y, como la Corte Suprema provincial avaló esa decisión, los abogados harán una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Hay una causa paralela que se armó a partir del intento de hacer aparecer el asesinato de Claudio “Pocho” Lepratti como un enfrentamiento. “¡No tiren que hay pibes comiendo!”, había gritado Lepratti el 19 de diciembre de 2001 subido a la terraza de la escuela Mariano Serrano de Rosario, donde era ayudante de cocina, antes que una bala le atravesara la tráquea.”Allá están buscando tapar todo, por eso venimos. El nuevo gobierno premió al comisario Juan José Maldonado que encubrió todos los asesinatos (como jefe de la división judiciales labró todas las actas de los hechos del 19 y el 20) y ahora fue ascendido a jefe de la Unidad Regional de Rosario”, se lamentó ante Página/12 Orlando Lepratti, padre de Pocho. “Luego de la muerte de mi hijo, me enteré de lo mucho que hacía por la gente de los barrios”, agregó.
“Siempre nos pareció fundamental investigar cómo se habían determinado las órdenes y los planes de operaciones, desde el gobernador hacia abajo, pero ninguno de los cuatro jueces indagó a nadie por esto”, expresó Carmen Maidagan, de la comisión. Por su parte, la diputada radical Alicia Tate recordó que el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, manifestó que “el observatorio de derechos humanos que planeaban armar en Santa Fe no se pudo concretar por impedimento de actuales legisladores de esta Cámara de Diputados”.