Dos fiscales federales pidieron que la policía informe “cuáles son las órdenes generales que se adoptaron en los últimos meses para prevenir y controlar el orden público” por las protestas piqueteras. Impulsada por Luis Comparatore y Patricio Evers, la iniciativa suma presión a los pedidos de mano dura: solicita además que la Justicia reúna “toda la legislación vigente que obligue a los funcionarios del Ejecutivo a tomar medidas preventivas de control del orden público”.
Comparatore y Evers formularon este pedido al juez federal Jorge Urso, en el marco de una causa iniciada días atrás por el abogado Adolfo Casabal Elía, quien acusó al Poder Ejecutivo y a los magistrados de actuar con “negligencia” frente a las manifestaciones.
El denunciante es un abogado conocido en el ámbito judicial por haber sido el defensor del represor Miguel Etchecolatz, ex director de investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura y mano derecha de Ramón Camps. Casabal Elía lo representó en el proceso en el que Etchecolatz fue condenado por robo de bebés.
En su presentación inicial, el abogado reprochó a las autoridades nacionales, a la policía y a los jueces “tolerar” las movilizaciones de grupos “encapuchados y armados con palos”. Ayer, los fiscales señalaron que esa denuncia debería ampliarse a los funcionarios de la ciudad de Buenos Aires “que tienen similares deberes en el ámbito local”.
La fiscalía reclamó un pedido de informes a la Presidencia de la Nación que consigne “cuáles son los grupos denominados ‘piqueteros’ que habitualmente realizan actividades” en el área metropolitana, “detallando su denominación, si se encuentran organizados mediante un estatuto, cuáles son sus responsables y si reciben algún tipo de subsidio social por parte del gobierno nacional”. Pretenden también conocer las actuaciones iniciadas por la policía por hechos protagonizados por desocupados en los últimos ocho meses, desde que el comisario general Eduardo Prados asumió como jefe de la Federal.
La iniciativa de Comparatore y Evers se enmarca en el proceso de judicialización del conflicto social. Ante la postura del Gobierno de no reprimir los reclamos de quienes están sin trabajo, en los últimos meses han aumentado las presiones por vía de los tribunales para forzar a que el Estado dé una respuesta violenta. El gesto de Comparatore y Evers tiene un antecedente en la provincia de Buenos Aires, donde dos fiscales pidieron a la gobernación que ordene a la policía impedir los cortes de ruta y fotografiar a los manifestantes que tapen sus caras. Aquella instrucción no encontró eco en la provincia, que se ha mantenido en línea con el gobierno nacional en el sentido de que el camino no es reprimir sino generar trabajo.
Como producto de la judicialización del conflicto social en el país hay más de 3 mil personas con causas abiertas por cortar rutas o participar de otras formas de protesta piquetera. El tema es todavía poco debatido en el interior del Poder Judicial, a pesar de que ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por el movimiento social y los organismos de derechos humanos. También por asociaciones internacionales: ayer la FIDH (la Federación Internacional de Derechos Humanos que, con sede en Francia, nuclea a 154 organizaciones de todo el mundo) reiteró la necesidad de “descriminalizar la protesta social en la Argentina”.
La FIDH recordó que próximamente la Corte Suprema deberá pronunciarse sobre si la participación de la docente Marina Schifrin en un corte de ruta en defensa de la educación fue delito. “Debe señalarse que el fallo tendrá lugar en un contexto de escalada de la violencia contra la protesta, como lo demuestra el asesinato del piquetero Martín Cisneros”, señaló. La Federación también solicitó al Gobierno la sanción de una ley de desprocesamiento de los participantes en la protesta social.