Por Irina Hauser y
Victoria Ginzberg

Hubo un tiempo en que jueces y fiscales gozaban de custodias policiales personales, con regios autos y choferes incluidos, siempre listos para servirlos. Aquel privilegio, que tuvo su época dorada con el menemismo, ya no sobrevive en plenitud, pero no está totalmente acabado. Las resistencias son enormes. Desde que el Gobierno decidió reasignar a los policías a funciones más útiles para cualquier ciudadano, se desató una lluvia de cartas con reclamos increíbles de magistrados de todos los fueros y colores. Alguno llegó a argumentar que requiere urgente un custodio porque vive al lado de la Embajada de Bulgaria, que alguna vez “tomó opinión en el conflicto de Irán”. Varios creen que es un beneficio inherente al cargo. Uno llegó a pedir un agente para resguardar el campo donde vive su hijo.
En una nota que el secretario de Seguridad, Norberto Quantín, le mandó en diciembre del año pasado al entonces presidente de la Corte Suprema, Carlos Fayt, decía: “Observamos que numerosos efectivos policiales, bajo la denominación de tarea de custodias, sólo cumplen tareas serviles en beneficio de algunos Señores Magistrados. Más allá aún, hemos comprobado que se han implantado custodias a familiares o en quintas, llevando a cabo tareas que poco tienen que ver con la seguridad”.
El planteo iba dirigido al máximo tribunal porque, según la norma vigente, ese órgano es el que decide las asignaciones de custodias personales previstas sólo para situaciones de “carácter excepcional”. Sin embargo, los jueces se acostumbraron a pedir directamente su guardaespalda a la policía. En el caso de los fiscales, la Secretaría de Seguridad se dirigió con la inquietud al ex procurador general Nicolás Becerra, responsable del tema en el Ministerio Público.
Al desembarcar en el Gobierno, Quantín contabilizó que había 480 efectivos destinados a custodias personales del Poder Judicial y otros 840 cuidaban despachos, edificios o alcaidías de magistrados. No debería ser necesario aclarar que los guardaespaldas oficiales están reservados a los funcionarios que fueron amenazados o que corren peligro por alguna investigación que hicieron o están realizando. Los posibles robos comunes, que puede sufrir cualquier persona, no alcanzan para justificar una custodia pagada por el Estado. Pero ante la posibilidad de verse privados del privilegio, jueces y fiscales comenzaron a hacer reclamos enumerando las razones más absurdas.
u Un fiscal –el mismo que alegó que vive “al lado de la Embajada de Bulgaria” y que “el embajador tomó posición en el conflicto de Irán”– agregó que diariamente sale de su domicilio “a las tres de la mañana acompañando” a su hija de 22 años que va “a su lugar de trabajo”. “Lo hago por la inseguridad reinante en la zona”, afirmó.
u “Estoy próximo a cumplir 70 años de edad, muchos de ellos dedicados a la Justicia Penal”, describió un juez que basó su reclamo en que vive en “un lugar de sumo peligro” y que a metros de su casa “fue muerto un cabo de la Policía Federal y se han producido múltiples delitos”. El policía al que se refiere murió en el asalto al restaurante Dolli. El magistrado vive en Figueroa Alcorta y Tagle.
u “Es evidente que existen elementos para mantener la custodia. Me domicilio en la provincia de Buenos Aires. Debo transitar diariamente cien kilómetros por caminos y rutas de alta inseguridad. En más de una oportunidad he tenido que tomar recaudos por seguimientos sospechosos”, dijo un fiscal de Casación.
u Similares argumentos fueron utilizados por una jueza de Cámara, quien apeló a “el hecho de ser una mujer viuda que se desplaza desde y hacia Pilar”, donde está “terminando su casa”. “Tanto el vehículo como los dos choferes que utilizo me son indispensables, porque me permiten sentirme segura y protegida.”
u Un fiscal solicitó “con carácter urgente” custodia para él y la secretaria de su juzgado. Argumentó que la mujer “vive en Morón y diariamente se traslada a Lomas para cumplir sus funciones”. Y agregó que “la peligrosidad que revisten los imputados y el hecho de que en una causa exista un prófugo torna necesaria la custodia”.
u Parte por escrito, parte en conversaciones informales, un juez penal económico rogó que no le sacaran el agente que cuidaba su campo de La Matanza “porque es una zona pobre”. Terminó admitiendo que es porque allí vive su hijo, “que es médico”, y tenía miedo que le pasara algo.
¿Cómo es la situación actual? Después de varios intercambios epistolares entre la Procuración y la Secretaría de Seguridad, quedan diez fiscales con custodias personales, con un máximo de dos policías para cada uno. Además, se eliminó la provisión de autos y por lo tanto de la nafta que utilizaban los mismos (hubo quien rechazó el vehículo porque el propio le gustaba más, pero reclamó vales para el combustible). Los que conservan los guardaespaldas lo hacen porque sufrieron amenazas serias, por el tenor de los delitos que investigan, como el atentado a la AMIA o porque la medida fue dispuesta por un juez. Aun así en muchas fiscalías siguen pataleando.
En cuanto a los jueces, la situación es más compleja y sigue indefinida. La Corte Suprema resolvió quedarse sólo a cargo de la administración de sus propios guardaespaldas (todos los ministros lo tienen, aunque algunos tienen más que otros). Lo que concierne a los magistrados del resto del Poder Judicial fue girado al Consejo de la Magistratura. Allí asumió la responsabilidad del tema la Comisión de Labor, que tiene jueces entre sus integrantes. Ese organismo pidió una prórroga de treinta días el 24 de abril. Cumplido ese plazo, solicitó otra postergación por igual tiempo, que también se le concedió. Pero cuando se dio cuenta de que el nuevo vencimiento sería en plena feria judicial, mandó una nueva carta pidiendo tiempo hasta el 30 de agosto para analizar el tema. Mientras tanto, acumulan cartas con todo tipo de quejas.