Mar 09.04.2002

EL PAíS

Bergés falló y dejó más tranquilos a los banqueros

El juez dictó la “falta de mérito” de diez banqueros investigados por maniobras fraudulentas. De este modo, no cerró la causa sino que consideró que hasta ahora no hay pruebas para procesarlos.

El juez de Instrucción, Mariano Bergés, dictó la falta de mérito de diez banqueros investigados por administración fraudulenta. Esta decisión, que dará un respiro a los financistas, no implica la paralización del expediente. El magistrado considera que deben ser indagados el ex presidente del Banco Central, Roque Maccarone, y el preso ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, y por lo tanto giró el expediente al fuero federal. El escrito contiene fuertes críticas a los mecanismos de control del Banco Central e incluso fue enviado al Congreso con el objetivo de que se modifiquen las leyes que regulan el ejercicio de esa institución y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Bergés se desprendió del expediente porque considera que deben ser investigados los delitos que cometieron ex funcionarios públicos como Cavallo y Maccarone –y posiblemente Fernando de la Rúa– y esto es competencia de sus colegas del fuero federal. Lo mismo ocurre con las figuras de subversión económica y lavado de dinero, por el que tendrían que responder políticos y banqueros si el juez que se haga cargo de la causa continúa con esa línea. La parte de la investigación que se refiere a la evasión fiscal –que según la hipótesis del juzgado habría sido alentada por los bancos a través de transferencias al exterior hasta el 30 de noviembre del año pasado– pasará al fuero penal económico.
Además de señalar la responsabilidad de los funcionarios, Bergés también puso en duda los descargos de los empresarios. Destacó que, aunque rechazaron haber impulsado el corralito, “no se verificó la existencia de una sola nota de entidades del sistema financiero cuestionando la implementación del ‘cerrojo bancario’”. Y que no hay constancias de acciones de los bancos “impugnando la decisión o simplemente aclarando o manifestando disconformidad de algún modo. El respeto por los clientes, preconizado hasta el hartazgo por los bancos, fue bruscamente dejado de lado. Las entidades del sistema aceptaron de buen grado el decreto”, que estableció las restricciones.
“Si bien los banqueros indagados negaron haber mantenido conversaciones sobre la temática, no se explica la razón de la concurrencia del principal directivo del ScotiaBank a la Argentina para ‘charlar protocolarmente’ con el ministro de Economía y el presidente del Banco Central a mediados de noviembre del 2001. No ha de descartarse –claro– un puntual y tan breve viaje turístico”, especuló el juez con ironía. Sobre el Banco Central, Bergés afirmó que sus estructuras “no soportan la evaluación y el control del sistema financiero y cambiario argentino a lo que está obligado”.
El juez también hizo alusión al pedido del FMI para deshacerse de la molesta figura de subversión económica. “No puede menos que hacerse una señalización a la grotesca escena de banqueros implorando del presidente de la República, de autoridades secundarias y de medios de comunicación, la derogación de la norma”, escribió.
La falta de mérito beneficia a los banqueros Alan McDonald (ScotiaBank), José Cristofani (Río), Eduardo Escasany y Antonio Garcés (Galicia), José Dagnino Pastore y Carlos González Taboada (Sudameris), Peter Baumann y Timothy Gibbs (Citibank), Manuel Sacerdote y Víctor Zerbino (Boston).
Esta medida podría ser provisoria –como lo fue para Cavallo en la causa por el contrabando de armas–, pero eso dependerá del nuevo magistrado. Lo mismo ocurrirá con las declaraciones indagatorias de la española Ana Botín, presidente del Banco Río, y del canadiense William Suton, del Scotia, que fueron suspendidas por Bergés.
En esta causa, originada por la denuncia de un profesor de gimnasia jubilado a quien le habían quedado 15 mil dólares acorralados en el Sudameris, se intentaba establecer si en los días previos a la instalación del corralito había dinero en los bancos y si no lo había, a qué se debía la iliquidez. A lo largo de la investigación, el magistrado realizó allanamientos a los principales bancos de la City y prohibió la salida del país de veinte gerentes y presidentes de entidades financieras, medida que luego fue revocada por la Cámara del Crimen.

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